En una extensa segunda jornada de formalización, este jueves el fiscal Felipe Sepúlveda solicitó a la jueza del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Araya Hernández, decretar la prisión preventiva de Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital. El exejecutivo está imputado por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y lavado de activos.

La audiencia culminó con la exposición de la querellante y este viernes se espera que exponga la defensa del exejecutivo.

En su exposición, el fiscal presentó una serie de antecedentes que, según él, evidencian la voluntad de Coeymans de evadir la acción de la justicia. A su juicio, existen elementos suficientes para presumir el peligro de fuga del imputado.

El fiscal detalló que Coeymans fue detenido el 12 de abril en Pucallpa, y no en Lima, como se había indicado inicialmente. Asimismo, recordó que contrajo matrimonio en circunstancias particulares mientras se encontraba en prisión preventiva en Perú. La ceremonia, realizada dentro del penal de Pucallpa, tuvo como objetivo generar arraigo en el país vecino, y la contrayente fue su novia, Yoko Chong.

Francisco Coeymans comparece a la audiencia de manera telemática desde Capitán Yáber.

Además, Sepúlveda señaló que Coeymans no fue encontrado en el domicilio declarado en Barranco, Lima, según lo indicado en un documento presentado a la corte peruana. Durante su tiempo como prófugo, interpuso un recurso de hábeas corpus, que finalmente fue rechazado. Posteriormente, el 19 de julio, fue detenido en la vía pública de esa ciudad y no en el departamento señalado como su residencia.

Existe un real peligro de fuga, y para asegurar el éxito de la investigación se debe conceder la prisión preventiva, concluyó el fiscal al terminar su exposición, que se extendió desde las 17:00 horas del miércoles.

Por su parte, la querellante comenzó su intervención tras la presentación del fiscal Sepúlveda. Destacó los cuantiosos perjuicios provocados por el fraude orquestado por Coeymans, en conjunto con otros cuatro imputados: Ignacio Amenábar, exgerente comercial de Primus Capital; Marcelo Rivadeneira, técnico en cocina; y el abogado Antonio Guzmán.

La abogada Francisca Zamora, del estudio COVEL y representante de Primus Capital, expuso que, hasta la fecha, el perjuicio económico asciende a $25 mil millones, obligando a los socios de la compañía a aportar $100 mil millones para mantener la operación.

Zamora también presentó una serie de documentos y declaraciones que forman parte de la carpeta investigativa, incluidos correos electrónicos y testimonios. Además, destacó que, debido a la magnitud del fraude, su cliente contrató a KPMG, una de las principales firmas auditoras del mundo, para realizar una revisión exhaustiva de los estados financieros.

Por último, la jurista criticó los intentos de dilación de la defensa de Coeymans, encabezada inicialmente por el abogado Manuel Guerra, quien solicitó postergar la audiencia del 13 de mayo. Posteriormente, el abogado Mario Vargas renunció al patrocinio de la defensa, prolongando aún más el desarrollo del caso.

A la salida de la audiencia, el abogado Mario Vargas, socio de Lagos, Vargas & Silber y defensor de Francisco Coeymans, desestimó las acusaciones de la fiscalía sobre una supuesta acción constante para evadir la justicia.

“Creo que eso no es así. Tanto es así que la orden de detención dictada por el tribunal fue declarada ilegal por la Corte Suprema. A raíz de esa orden ilegal, el señor Coeymans fue detenido en Perú. Lo más grave es que, aun cuando Chile dejó sin efecto dicha orden, Perú no lo liberó. Lo mantuvieron ilegalmente privado de libertad durante 45 días”, explicó Vargas.

Cuando se le consultó sobre las acusaciones de la fiscalía, y la querellante respecto a un supuesto afán dilatorio por parte de la defensa, respondió: “Eso no es cierto. Consideramos que la detención era ilegal y presentamos los recursos correspondientes. Si uno analiza la historia de esta causa, se puede observar que la formalización de algunos imputados recién terminó en octubre de este año. Además, varias de las suspensiones de las audiencias de formalización fueron solicitadas por el propio Ministerio Público”, concluyó el abogado.