Fiscalía pide prisión preventiva para los hermanos Jalaff y arresto nocturno para Manuel Bulnes y Felipe Porzio

En una cuarta jornada de formalización, la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió una serie de medidas cautelares para los 20 formalizados por el denominado caso Factop.

Para los directores de la administradora Andrea Larraín, Andrés Bulnes, Jaime Oliveira, José Correa y Sebastián Cereceda, pidió firma mensual y arraigo nacional, solicitudes sobre las cuales la defensa de los directivos no presentó oposición.

En el caso del exgerente de operaciones y socio fundador de Grupo Patio, Cristián Menichetti, la fiscalía solicitó arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo.

En tanto, para los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, Daniel Sauer, a quienes la Fiscalía Metropolitana Oriente acusa de lavado de activos, estafa, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, se pidió prisión preventiva.

Ya en la jornada anterior, Araya había comunicado que respecto de Ariel Sauer, quien se encuentra con arresto total y arraigo nacional, no habrá peticiones adicionales, mientras que para Daniel Sauer, “él tiene fijada esta audiencia también para revisar la previsión preventiva, así que estaría pendiente su revisión”

Respecto de Rodrigo Topelberg, quien se encuentra con arresto domiciliario total y arraigo nacional, de Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, y de Alberto Sauer, que tiene arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, no hay peticiones.

Lo mimos en el caso de Darío Cuadra, asesor de los Sauer, con arresto nocturno y arraigo, de Leonarda Villalobos que se encuentra con prisión preventiva, mientras que de Luis Flores, con arresto domiciliario total y arraigo nacional, no hay peticiones.

Desde la defensa de Álvaro Jalaff, liderada por abogado Hugo Rivera, respondieron que “el Ministerio Público está tratando de armar un rompecabezas con piezas que no calzan para instalar delitos que mi defendido jamás ha cometido. Hemos dicho desde el primer momento que Álvaro Jalaff no ha cometido ningún delito. Por el contrario, es una víctima que salió perjudicado en más $18 mil millones. Se ha causado un perjuicio a su imagen pública y a su patrimonio. Los fiscales han instrumentalizado declaraciones para tratar de juntar partes y piezas que no hacen sentido”.

El fiscal Juan Pablo Araya, fiscal adjunto de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, solicitó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el director de finanzas corporativas de Larraín Vial, Felipe Porzio, para el exgerente general de Larraín Vial Activos, Claudio Yáñez, y para el socio de la firma Manuel Bulnes.

A su juicio, la gestora, al momento poner en marcha el fondo Capital Estructurado I, no realizó “ninguna actividad para verificar el origen de los fondos de los créditos que estaban siendo incorporados en este fondo, sólo se pidió un certificado a ARTL para hiciera una especie de valorización bajo la Ley de Reemprendimiento e Insolvencia que no se cumplió, y por otro lado C&A hizo una valorización en base a antecedentes que no verificaron”, dijo el fiscal.

Además, detalló que “lo que estaba detrás de este fondo era el valor de Grupo Patio, que de acuerdo a las estimaciones que tenían valía UF19,3 millones, pero en abril de 2024 la participación de Antonio y Álvaro Jalaff, y Cristian Menichett se vendió en UF8 millones, sin que los ejecutivos de Larraín Vial hayan exigido que Inversiones San Antonio o Antonio Jalaff, firmaran alguna cláusula penal que impidiera esta acción, que fue en perjuicio del fondo”.

Para el fiscal, “lo que entendemos que ocurre, es que el directorio de Larraín Vial y su gerente general omiten su obligaciones de acuerdo a la Ley Única de Fondos y permiten que, tanto personas externas a la administradora, como los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, más Daniel Sauer y Luis Flores, realicen actividades de planificación y ejecución sobre todo en el ingreso de los aportantes de la serie B”.

Además, sostuvo que es la sociedad Antonio Jalaff la que se vio beneficiada con los montos transados por la serie B, independiente de que no recibe una suma de dinero, “pero elimina la deuda de San Antonio con estas empresas”, que se transformaron en cuotas del fondo.

Según Araya, “la constitución del fondo Capital Estructurado I deriva de la voluntad de dos personas: Álvaro Jalaff y Manuel Bulnes, quien a la fecha era el ejecutivo de mayor relevancia de Larraín Vial, él no ocupaba cargos producto de la sanción que le fue impuesta por la antigua SVS en el caso Cascadas, pero a la vez era socio de la matriz, era el ejecutivo de mayor rango y compartía directorio en una unidad donde estaba asociado Larraín Vial con grupo patio, y que tenían principalmente estos dos fondos que venían de Aurus”.

Así, detalló que “quien crea el fondo en la práctica, es Felipe Porzio, porque dentro de la estructura de Larraín Vial, donde el ideólogo de Larraín Vial, le entrega a la persona que era capaz y tenía los conocimientos y habilidades, la creación del vehículo, de la estructura que finalmente se va a ejecutar, y quien lleva a efectos esto es el gerente general de Larraín Vial Activos, pero por las instrucciones que vienen dadas por Felipe Porzio, quien además realiza las presentaciones a muchos acreedores, es decir comercializa la serie A de este fondo”.

Araya, además, sostuvo que Álvaro Jalaff recurre a STF porque el vehículo necesitaba de un inversionistas institucional, intermediaria con la que además tenía una relación directa, y apuntó a que “es más, de acuerdo con los antecedentes, él seria el propietario en las sombras o uno de los socios en las sombras de Daniel Sauer y Luis Flores”.

“Entendemos que hay un concierto de voluntades para desarrollar este instrumento financieros espurio, y que además algunos de ellos, desde su particular posición, van aportando los elementos para que se vaya cometiendo este delito”, concluyó Araya.

En la jornada, uno de los abogados de los 23 aportantes del fondo Capital Estructurado I, de Larraín Vial Activos, comunicó que retiraron la querella en contra de la gestora, la cual apuntaba a la firma como culpable de los daños sufridos por los aportantes de la serie B del vehículo.

A mediados de diciembre, Larraín Vial Activos anunció el acuerdo con los aportantes para indemnizarlos con cerca del 70% del valor de inversión inicial, lo que implicaría un desembolso cercano a los $ 3.500 millones.

En ese contexto, el abogado de Manuel Bulnes, Jorge Boldt, pidió que quedara constancia “del acuerdo y que sea ponderado al momento de dictar las medidas cautelares”.

Hasta el mediodía la jueza Cheryl Fernández no dictaba una fecha para revisar el acuerdo.