La Fiscalía Nacional Económica (FNE) afirmó que la licitación de software de ChileCompra respeta totalmente las normas de libre competencia. Esto tras participar en la audiencia pública convocada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para analizar la consulta presentada por Microsoft sobre si las bases de licitación pública del Convenio Marco para la adquisición de licencias de software de ofimática y sus servicios de instalación y migración, aprobadas mediante la Resolución N°29 de 20 de noviembre de 2020 de ChileCompra, se ajustan o no al DL 211.

Microsoft cuestionó que, a su juicio, las bases hayan omitido la descripción de productos y servicios licitados, hayan restringido el número de oferentes y hayan establecido precios mínimos y máximos, según un comunicado del organismo antimonopolio.

El Jefe de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, afirmó que el convenio marco analizado se ajusta plenamente al DL 211 y que las objeciones planteadas por Microsoft son absolutamente infundadas, ya que los cambios aplicados en las bases de licitación permitieron la participación de un mucho mayor número de oferentes que en licitaciones de software realizadas con anterioridad por ChileCompra, imprimiéndole al proceso una mayor competencia entre marcas y en precios.

“Las bases de la licitación del convenio marco no sólo no vulneran la libre competencia sino que permitieron la participación de diversos oferentes obteniéndose ahorros considerables para la adquisición de licencias de ofimática por parte de las instituciones del Estado a través de un proceso que intensificó la competencia por participar en el referido convenio”, aseguró Santelices.

El informe elaborado por la FNE estableció además que “los principales problemas detectados por Microsoft en su consulta en relación con el diseño de las bases, esto es, la estandarización de los requisitos técnicos establecidos en la Categoría N°1 de la licitación del convenio marco y la selección de un ganador por cada gama, son aspectos que a juicio de esta Fiscalía siguen las recomendaciones realizadas en su estudio de mercado de compras públicas y, contrariamente a lo señalado por la Consultante, generan más competencia para entrar al convenio, lo que se traduce en importantes ahorros de recursos públicos”.