El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), liberó ayer las reclamaciones de cuatro de las partes involucradas en el denominado caso supermercados: Walmart Chile, Cencosud, Conadecus y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Estas buscan revertir o modificar el fallo dado a conocer el 28 de febrero, que condenó por prácticas colusorias a las dos empresas mencionadas más SMU en el mercado de carne de pollo fresco.

En su dictamen, el TDLC condenó a las compañías a pagar multas totales por US$12,4 millones (5.766 UTA a Cencosud, 4.743 UTA a Walmart y 3.438 UTA a SMU) . En el caso de la empresa de capitales estadounidenses, el tribunal accedió a reducir en 15% la sanción, dada la existencia previa de un programa de cumplimiento.

En el caso de SMU -empresa controlada por la familia Saieh, que a la vez es la mayor accionista de Copesa, que edita PULSO- empresa que también indicó que recurría al máximo tribunal para revertir el dictamen del TDLC, su reclamación plantea que la sentencia incurre en una omisión grave e inexcusable al suprimir del análisis la colusión de los productores de pollo ya reconocido y sancionado por la Corte Suprema y cómo sus efectos inciden y desacreditan la conducta sancionada.

"La Corte Suprema, por fallo de octubre de 2015, condenó categóricamente a los productores de pollos y califica a los supermercados como víctimas de un cartel que tuvieron por 20 años los productores de pollo", señala el texto.

"Presentamos este recurso con toda convicción porque, en simple y directamente, Walmart Chile ni ha conocido la conducta sancionada en la sentencia ni ha participado de ella", señaló el documento de la operadora controlada por el gigante estadounidense.

"Walmart Chile sí se dio a la tarea de acreditar cada una de sus excepciones y defensas en el proceso. Normalmente cuesta probar hechos negativos pero en este caso Walmart Chile sí los acreditó con creces", agregó la compañía en su escrito.

La reclamación de Cencosud, firmada por Lorena Pavic y José Pardo, apunta a que se rechace el requerimiento y a que la sanción sea eliminada o, al menos, rebajada, a la vez que se le exima de algunas obligaciones emanadas de la sentencia.

La FNE, en tanto, a la vez que solicitó que se multe con el máximo legal a las compañías, objetó la rebaja a la que accedió Walmart por su plan de cumplimiento, pues a su juicio este no cumplió con su objetivo, esto es, evitar la conducta sancionada.

- Representados por la abogada Lorena Pavic, Cencosud alegó que el TDLC hizo una interpretación errónea de su actuar, ya que la firma habría precisamente alegado en contra de la regla que los proveedores de pollo intentaron imponer, "tratando de mantenerse competitivo".

Por otro lado, afirmó que la conducta, en vez de revisarse con base al ordenamiento jurídico vigente entre los años 2008 y 2011, "el TDLC construyó un novedoso estándar para analizar y tener por configurados los acuerdos colusorios indirectos (hub & spoke)", lo que a juicio de la firma corresponde a errores de aplicación normativa, por lo que pide a la C. Suprema dejar sin efecto la sentencia y liberarla de multas.

-Tajante en su reclamación fue Walmart. La abogada Nicole Nehme enfatizó en el escrito que no existe ninguna prueba concreta que vincule a la compañía con una colusión o acuerdo.

De hecho, se destaca en el texto que durante el periodo investigado, la compañía "vendió carne fresca de pollo bajo el costo en 366.000 oportunidades".

En el escrito también se destaca que tanto en los correos que forman parte de la prueba de la FNE como las declaraciones que se tomaron en el proceso, no consta evidencia de que Walmart haya aceptado la participación en alguna regla de los productores, por lo que "el relato en que se ha tratado de involucrar a Walmart Chile es un relato ficticio, forzado".

-En la reclamación interpuesta por SMU se sostiene que la sentencia del TDLC omite un antecedente relevante, como que las productoras de pollo ya habían sido sancionadas por colusión. Dado esto, la firma enfatizó que la supuesta regla no sería sino un efecto de esa práctica anticompetitiva.

"En efecto, la Corte Suprema, por fallo de octubre de 2015, condenó categóricamente a los productores de pollo y califica a los supermercados como víctimas de un cartel que tuvieron por 20 años los productores de pollo", consignó el escrito.

-En su reclamación, la Fiscalía Nacional Económica solicita que la Corte Suprema "enmiende este fallo", en cuanto a fijar el máximo que el organismo había pedido originalmente al TDLC en multas: US$81 millones entre las tres compañías, además de la condena en costas, monto que el TDLC rebajó a US$12,4 millones en total, con una condena menor para Walmart por su plan de cumplimiento, lo que a juicio de la FNE no debería constituir motivo de rebaja.

En ese mismo punto hizo hincapié el Estudio Bravo, en representación de Conadecus, quienes además solicitaron que el máximo tribunal se pronuncie sobre el grado de participación de los distribuidores de pollo fresco involucrados en el acuerdo.