La sala del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estaba llena de abogados, pero solo tres de los cuatro imputados por la millonaria estafa de Primus Capital, segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, controlado por el empresario Raimundo Valenzuela, se presentaron a la audiencia de formalización.

Llegaron el abogado Antonio Guzmán; el exgerente comercial del factoring, Ignacio Amenábar, y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, quienes se presentaron al procedimiento por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales” cometidos entre enero de 2019 y junio de 2023.

Por su parte, Francisco Coeymans, exgerente general de Primus no estuvo presente, aduciendo problemas de salud. El abogado de Coeymans, Alberto Aguilera, sostuvo que este martes su defensa se enteró de que su cliente estaba en un viaje en Perú y que se enfermó de Covid. Según un certificado médico que hizo llegar, se le recomendó que hiciera un reposo absoluto por siete días.

Al no asistir Coeymans, la fiscalía solicitó al tribunal dictar una orden de detención y también agendar una audiencia de formalización en ausencia. El fiscal Felipe Sepúlveda cuestionó la legitimidad del certificado médico del exejecutivo de Primus. El persecutor sostuvo que el exgerente general del factoring viajó fuera de Chile el día 26 de marzo. Además advirtió que es posible que esté utilizando dos pasaportes, ya que posee también la nacionalidad belga. Más aún, el Ministerio Público dijo que ni siquiera hay certeza de que el imputado esté en Lima o pueda venir a una futura audiencia de formalización.

Esto derivó en la molestia de la magistrada, Mariela Leyton, quien le preguntó a los abogados si sabían que él estaba fuera del país y si tenía pasaje de regreso comprado. La defensa de Coeymans sostuvo que su cliente está en Lima, visitando a su pareja -la modelo Yoko Chong-, añadiendo que en más de 30 ocasiones ha salido fuera del país desde el inicio de la investigación.

Frene a las respuestas, la magistrada resolvió dictar una orden de detención en contra de Coeymans, señalando que es posible discutir la fidelidad del documento. Esto aún más, debido a discrepancias en los domicilios que informó el imputado.

Sin embargo, la audiencia de formalización no se pudo realizar y finalmente quedó postergada para el día 10 de mayo a las 9 horas. Esto, debido a la arremetida de los abogados de Antonio Guzmán, Germán Cueto y Rodrigo Arancibia.

En la audiencia, el abogado Germán Cueto advirtió que la fiscalía le comunicó el 25 de marzo que se opondría a alzar medidas cautelares en contra de su representado y que sería formalizado por lavado de activos por la suma de $40.000 millones. En ese sentido, dijo que solicitó igualdad de armas con la fiscalía y pidió fijar con un mayor tiempo la audiencia de formalización, a fin de conocer los nuevos antecedentes del caso y también preparar informes contables que -según él- exculparían al abogado Antonio Guzmán.

A la salida del procedimiento, el abogado Rodrigo Arancibia explicó a Pulso que “la audiencia del día de hoy no se pudo llevar a cabo, porque en un primer momento estaba integrando el tribunal la jueza Mariana Leyton. Aquella jueza se encuentra con un incidente de recusación pendiente por parte de esta defensa, por existir una causa previa que se ventila en la Corte de Apelaciones de Santiago. Y la segunda magistrada, Daniela Guerrero, está inhabilitada por existir una incidencia de recusación pendiente, por haber emitido con anterioridad su dictamen respecto de la cuestión pendiente”.

Este caso comenzó en marzo de 2023, cuando Primus Capital realizó un arqueo aleatorio de cheques, en línea con su plan anual de auditoría. En aquella ocasión, el auditor interno de la compañía detectó la existencia de 123 cheques presuntamente falsos, valorizados en $5.600 millones, por lo que el directorio decidió suspender de sus funciones a Coeymans y Amenábar.

El 17 de abril, ambos se autodespidieron y la compañía solicitó una revisión externa e independiente a un perito en documentología de los documentos, Luego contrató los servicios de la auditora internacional KPMG para elaborar un informe de auditoría forense; un análisis de los hechos identificados por el directorio de la compañía en su cartera vigente de colocaciones de factoring, y otros servicios financieros, tanto de sus clientes, operaciones y responsabilidades.

Según la denuncia penal, con “el informe forense preliminar de KPMG, se ha podido descubrir un esquema defraudatorio que tiene como cabecillas al ex director ejecutivo Francisco José Coeymans y el ex director comercial Ignacio Amenábar, con la intervención de otros autores y cómplices, en perjuicio de la compañía”.

A la fecha, el presunto fraude es investigado por el fiscal de la Fiscalía Oriente Metropolitana, Felipe Sepúlveda. Esto, luego que la empresa presentara una denuncia por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración infiel, falsedad y lavado de activos. “Actualmente la compañía, a través de sus accionistas, ha debido ingresar fondos por poco más de US$ 120 millones para enfrentar los efectos negativos del esquema defraudatorio del que ha sido víctima”, acotó la demanda.