Un total de 46 testigos presentó Hidromaule, generadora renovable del grupo italiano Sorgent E y la chilena Empresa Austral Andina, en la demanda en contra de la Comisión Nacional de Energía (CNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
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Desde septiembre de 2020, la firma ha intentado impugnar, junto a Eléctrica Puntilla -controlada por la Asociación de Canalistas del Maipo- una norma técnica que permite a las gasíferas despachar su producción de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en forma preferente, aun cuando otras opciones más baratas, como las fuentes renovables, estén disponibles.
La referida norma, conocida como “gas inflexible”, fue dictada por primera vez en 2016, pero ha sido actualizada y modificada en dos ocasiones. La última fue en 2021, justo en medio del recurso de reclamación que tramitaban Hidromaule y Eléctrica Puntilla ante la Corte Suprema, tras ver rechazada su consulta inicial en el TDLC. Dicho episodio irritó a las generadoras renovables, que optaron finalmente por demandar directamente a la CNE, en un proceso que sumó nuevos retrocesos, pero donde la Suprema ordenó finalmente reanudar el juicio en septiembre de 2023.
Si bien se trata de una norma prácticamente en desuso -según el Coordinador Eléctrico, en 2023 no se utilizó y en 2022 sólo se hizo en una ocasión-, las demandantes sostienen que esta tiene efectos anticompetitivos en el mercado de la generación eléctrica nacional. Por eso, y luego que la causa sumara a las principales generadoras con unidades a gas -Engie, Colbún y Generadora Metropolitana- como terceros coadyuvantes, esta semana las distintas partes comenzaron a presentar sus respectivas listas de testigos.
En un escrito de cinco páginas, ingresado este martes ante el tribunal, los abogados Mario Bravo y Gabriel Trafilaf, de estudiobravo, propusieron un inusual número de personas que consideran claves para rendir pruebas testimoniales respecto de los tres puntos de prueba definidos en el proceso. El listado lo encabezan Bernardo Larraín Matte y José Ignacio Escobar, vicepresidente y CEO de Colbún, respectivamente, además de Herman Chadwick y Gonzalo Palacios, presidente y director independiente de Enel Chile, cada uno.
A ellos se suman altos ejecutivos del sector como Juan Eduardo Vásquez, gerente de Energía de Colbún; Alfonso Ardizzoni, gerente general de Generadora Metropolitana; Marco Antonio Arrospide, gerente general de Guacolda; Ricardo Gálvez, gerente de regulación de Enlasa; Hero Morales, gerente comercial de Prime Energía; Francisco Javier Jauregui, director de desarrollo de AES Andes; Jaime Toledo, director de producción de Acciona; y Andrés Alonso Rivas, gerente de Energía y descarbonización de Antofagasta Minerals, entre varios otros.
Pero también se incluye a varias autoridades y exautoridades del sector energético, lideradas por el actual ministro de Energía, Diego Pardow, además de dos de sus antecesores: Juan Carlos Jobet y Máximo Pacheco. También figuran Juan Carlos Olmedo, Ernesto Huber y Blanca Palumbo, presidente, director ejecutivo y consejera del Coordinador Eléctrico, respectivamente, además de exmiembros del operador del sistema, Rodrigo Bloomfield, Paulo Oyanedel, y los ex CNE, Andrés Romero y José Venegas.
El escrito de la parte demandante solicita autorización para ampliar el número de testigos de 3 a 5 por cada punto de prueba, argumentando que dicha parte está “litigando con una demandada y 4 terceros coadyuvantes”.
Mario Bravo explicó que, “en términos prácticos, buscamos que se sentencie por el TDLC que la CNE, al dictar la norma técnica del 2016 y mantener hasta el día de hoy la condición de inflexibilidad, está atentando contra la libre competencia, y por lo tanto, ha cometido una infracción”.
Agregó que junto con buscar que la CNE sea multada por el máximo legal, cerca de US$50 millones, también persiguen “que, evidentemente, se ponga término a la conducta, por lo tanto, que se elimine la condición de inflexibilidad de la norma técnica, no la norma en sí”.
Por su parte, el bufete Barros y Errázuriz actúa en representación de la CNE. En el proceso, también otras generadoras se han hecho parte. Colbún es representada por FerradaNehme; Enel Chile por José Miguel Gana, de Gana y Urrutia, y Generadora Metropolitana por los abogados Santiago Portaluppi e Ingacio Allende Santa Cruz, del estudio Arteaga Gorziglia. En tanto, Engie Energía Chile es representado por Benjamín Grebe y Andrea von Chrismar, de Prieto Abogados.
TDLC fija primeras audiencias
Este jueves, el tribunal entregó su resolución que fija las primeras audiencias en la causa. Estas comenzarán el próximo 10 de abril, y en la primera están citados Bernardo Larraín Matte, José Ignacio Escobar, Gonzalo Palacios y Cristián Marcelo Muñoz, fundador de Breves de Energía.
El 17 de abril será el turno de Juan Inostroza López, exgerente general de AES Gener; Carlos Cortés Simon, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural; Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento; además de Máximo Pacheco y Juan Carlos Olmedo.
El 24 del mismo mes están citados Ernesto Huber, Daniel Salazar (socio de EnergiE), Rodrigo Bloomfield, Blanca Palumbo y José Ignacio Lois, gerente general de Besalco Energías Renovables.
El 8 de mayo comparecerán Deninson Fuentes, exdirector del departamento eléctrico de la CNE, además del ministro Pardow y su antecesor, Juan Carlo Jobet. El 20 de ese mes será el turno, entre otros, de Marco Antonio Arrospide y Hero Morales, además del economista Jorge Quiroz Castro. Dos días más tarde, testificarán Ramón Galaz, Carlos Finat, Javier Bustos, y cinco días después lo hará Francisco Muñoz, director de estudios de Generadoras de Chile. Ya a fines de mayo, el 29, le tocará presentarse a Herman Chadwick, junto a la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabezas. Otras audiencias están fijadas para los días 3, 5 y 10 de junio.
