El proyecto de reforma tributaria sigue su paso lento en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y mientras el debate se concentra en la integración y las medidas para compensar ese costo, una arista paralela es la que se relaciona con los gastos rechazados.

De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII), se consideran gastos rechazados a aquellos que no cumple con los requisitos para ser gasto para ser deducidos en el impuesto a la renta.

Según un informe de Recabarren & Asociados en base a cifras del SII, los gastos rechazados alcanzaron US$712 millones (equivalentes a 485.036 millones de pesos -utilizando el tipo de cambio promedio de diciembre de 681,23) en 2018.

Se desprende de la información este monto corresponde a la base del impuesto. Siendo así, el impuesto determinado ascendería a $194.014 millones.

Así, el reporte muestra que desde el 2009, y con excepción del año tributario 2014, este impuesto multa registró un aumento constante durante los años, al punto que, en 2017 respecto del año 2009 reflejaba un aumento de 1.174,4%, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el SII en su página web.

Manuel Montero, abogado de Recabarren & Asociados explicó que aun cuando la tasa del impuesto al gasto rechazado aumentó en 5%, el impuesto pagado mostró una baja considerable de un 31%, y la base de gasto rechazado se redujo en 39%, y ello sin haberse producido ni cambios en la Ley, ni en interpretaciones formales del SII.

Para Montero, la reducción del pago de este impuesto se puede atribuir a varios componentes, pero uno de los más importantes apunta a un cambio de criterio del ente fiscalizador, "Las posibilidades de deducir un gasto legítimo y necesario se hacían cada vez más difícil, ya que todo era cuestionado", señaló. En ese sentido, acotó que "este año el servicio está modificando su criterio y permitiendo a las empresas que hagan negocios y que incurran en los gastos necesarios, y no los que la entidad fiscalizadora estima como tal".

Si bien para Montero es una muy buena noticia la flexibilidad que está mostrando el SII, de todas formas "se requiere de un reforzamiento legal para que los impuestos dependan de la norma y no de los criterios de turno. Precisamente esto es lo que se está realizando por medio del proyecto de modernización tributaria, que al parecer, sí está en línea con el criterio actual del SII". Con respecto al comportamiento de las empresas, el experto afirmó que "seguramente hay un efecto en que las empresas han cambiado, pero un cambio tan radical no puede ser sólo por cambio de actitud.

De acuerdo a Recabarren y Asociados, el proyecto hace un cambio en el artículo 31 (artículo que define que puede ser considerado como gasto) y amplía el concepto. Con esta modificación, las empresas podrían incurrir en gastos como mayores indemnizaciones a los trabajadores o compensaciones por proyectos ambientales, y serían gastos aceptados".

Si bien el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expresó su disposición a conversar los temas tributarios con la oposición, en paralelo ayer se reunió con la bancada regionalista que no formó parte del acuerdo del bloque. Tras el almuerzo en el comedor de la vicepresidencia con los 4 diputados de este grupo, la autoridad indicó: "No ando buscando votos sino que ando dialogando".

Los parlamentarios le hicieron ver la necesidad de enviar un proyecto de rentas regionales que aumente los recursos de gestión autónoma.