Las generadoras de energías limpias están preocupadas. Tras el apagón total que afectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el 25 de febrero, una de las primeras medidas preventivas que adoptó el organismo encargado de la operación del sistema, fue reducir la potencia que transporta en forma diaria la línea que provocó el colapso.
Tal como lo informó Pulso este martes, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) fijó en los primeros días después del evento un límite de 1.000 MW. El valor resultaba relevante al considerar que -al momento del incidente- se transportaban 1.800 MW (1,8 GW) de energía hacia el centro del país, principalmente proveniente de plantas solares. Por lo demás, la potencia presente en la línea al momento del fallo despertaba naturalmente cuestionamientos, ya que la última versión del “Estudio de Plan de Defensa contra Contingencias” elaborado por el CEN fijaba las pruebas para modelar eventos de apagón total en dicha línea con un límite máximo de 1.600 MW.
Sin embargo, en el límite del CEN a la operación de la línea se ha ido reduciendo aún más. Desde el 4 de marzo, la línea opera con una programación que no supera los 800 MW. Así lo advirtió este viernes Carlos Suazo, de la consultora SPEC.
Entre las principales implicancias están que estas limitaciones tendrán vigencias al menos hasta el 23 de marzo, lo que permite anticipar “desacople relevante entre el norte y centro-sur del país”. A ello se suma un impacto en los costos marginales y un aumento en los denominados vertimientos, o curtailment, de energías renovables.
El análisis es compartido por las empresas del segmento de generación renovable. Así quedó reflejado en una carta enviada por la Asociación de Generación Renovable (AGR) al director ejecutivo del CEN, Ernesto Huber, donde advierten de los impactos que tiene la medida.
La misiva, firmada por Jaime Toledo, presidente de la AGR y director general de Acciona Energía para Sudamérica, y el vicepresidente del gremio y gerente general de Mainstream Renewable Power Chile, Manuel Tagle, asegura que la decisión de imponer un límite a las transferencias de energía “ha duplicado los niveles de vertimiento o recorte de energía proveniente de fuentes renovables, afectando la eficiencia del sistema eléctrico, generando impactos negativos tanto económicos como medioambientales”.
La carta sostiene que la medida del Coordinador obliga a “‘desechar’ entre un 56% y un 63% de la energía limpia y económica que generan las centrales renovables, la que debe ser sustituida por electricidad proveniente de combustibles fósiles, encareciendo los costos de abastecimiento y aumentando las emisiones contaminantes, entorpeciendo la transición energética de Chile”.
Y aunque afirman compartir “que la seguridad y calidad de suministro es prioritario, este tipo de cambios deben realizarse siguiendo la normativa aplicable”. En esa línea, remarcan que “el artículo 5-4 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) establece que los límites operacionales del Sistema Eléctrico Nacional deben estar respaldados por fundamentos técnicos y económicos debidamente justificados. Dichos fundamentos deben considerar un balance entre costos y beneficios, siempre bajo el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad exigidos por la regulación vigente”.
“No obstante, hasta la fecha, las empresas generadoras de energías renovables no conocen los antecedentes económicos ni los estudios técnicos que justifican la determinación del nuevo límite de transferencias que el Coordinador está aplicando”, enfatizaron.
Agregaron que “los propietarios de las centrales de generación de energías renovables, que ya enfrentaban un escenario complejo por el vertimiento de energía en horario solar, han visto su situación agravada considerablemente”, recordando que dichas centrales, al no poder conectar su producción de energía se ven obligadas a “tener que comprar a otros generadores electricidad generada con combustibles fósiles, a precios excesivamente altos, para cumplir con las obligaciones de suministro de energía eléctrica a sus clientes libres y residenciales”.
Así, cierran su carta solicitando que el Coordinador “comparta todos los antecedentes y estudios técnicos que sustentaron la definición del nuevo límite de transferencias”.
