La semana pasada el gobierno anunció su reforma previsional. Este lunes ingresó el proyecto al Congreso. Y tan pronto como este martes la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados realizó la primera sesión para escuchar la presentación del gobierno sobre el proyecto, iniciando así su tramitación.

A dicha instancia asistieron la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín; la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza; el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo; y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

La ministra del Trabajo inició su presentación, explicando las líneas generales del proyecto. Entre otras cosas, habló del alza de la PGU a $250 mil, la cotización individual de 10,5% de cargo del trabajador que se mantiene y el alza de 6% en la cotización que será de cargo del empleador. “Se va a recuperar en Chile (...) la cotización de los empleadores”, que va a pagar pensiones del Seguro Social, comentó. También explicó los beneficios que entregará el fondo común.

Donde se mostraron cifras en profundidad y se puso más foco, entregando nuevos detalles del proyecto, fue respecto de la reorganización industrial.

Para partir, en una lámina de su presentación, la ministra estimó ahorros importantes con la separación de la industria al dejar las funciones de soporte en un ente público y entregando el rol de la inversión de fondos a privados y otra entidad pública. Dijo que esos ahorros se van a transferir a los afiliados.

Jara mostró que los ingresos totales de las AFP en 2021 fueron US$1.108 millones. De ellos, US$1.038 millones fueron por ingresos operacionales, y US$70 millones por utilidades de encaje. En tanto, los gastos totales fueron de US$500 millones, de los cuales US$303 millones fueron por gastos de soporte, US$160 millones por ventas y US$36 millones por inversiones.

También mostraron cifras sobre los efectos cualitativos que estiman por la reorganización industrial, donde proyectan que el efecto agregado es un impacto en pensión de 23,8% producto de estos cambios. Eso, con respecto a la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE).

Al desagregar ese cálculo, el gobierno estima que la separación de la industria implicará un efecto de 55 puntos base (pb), lo cual significa un impacto en pensión de 11% para el caso de las personas que opten por el ente público de inversiones para su 10,5%, asumiendo una comisión ponderada de 0,11% sobre los activos administrados.

En tanto, estimaron un efecto de 35 pb por menor gasto en pensión, al pasar la cotización a 10,5%, versus el 11,2% que estiman que se paga ahora, incluyendo la comisión directa a la AFP, por lo que calcularon un aumento del salario líquido de 0,9% y un impacto en pensión de -7%. Por el término de las comisiones indirectas, calcularon un efecto de 12 pb y un impacto en pensión de 2,4%.

Por el cambio de modalidad de cobro de comisiones, el efecto que ven es de 25 pb, con un impacto en pensión de 5%. Por el reemplazo de multifondos ven impacto en pensión de 6,7%, por eliminación de retiro programado lo estiman en 3,6%, y por licitación en rentas vitalicias la proyección es de 2,1%.

El subsecretario de Previsión Social dijo que con la centralización de funciones buscan transferir las economías de escala a los afiliados por la vía de menores comisiones mediante el ente público. Segundo, afirmó que hay espacio para ganancias de eficiencia adicionales: por ejemplo, señaló que las mismas AFP han planteado a la Superintendencia de Pensiones que se pueda centralizar la cobranza. Y tercero, también dijo que quieren que haya una única cara visible para los afiliados, que sea una entidad pública.

El ministro de Hacienda recordó que ya en 2006 surgió el tema de la separación de funciones de la industria, en la comisión que el propio Marcel presidió. “En aquella oportunidad no se tomó esa recomendación, había una opinión más bien balanceada dentro de la comisión, pero este es un tema que ya, tomando en cuenta eso, lleva más de 15 años de discusión aquí en Chile (...) Hay numerosos estudios, algunos mencionados acá, de organismos internacionales que recomiendan esta separación de funciones”, comentó.

Agregó: “Creo que es importante recordar también, para quienes tienen temores respecto de esto, que la reducción de la integración vertical en la industria es un tema que en Chile también, en materia de competencia, se ha discutido por muchos años. Y muchas de las objeciones que hoy se plantean respecto de este caso en particular, se escucharon en su momento cuando había una integración vertical en el sector eléctrico (transmisión, generación y distribución). Y en aquella época, comienzos de los años 90, se argumentaba que se iba a perder gran eficiencia en el sector eléctrico. Bueno, hoy día vemos que (...) es mucho más eficiente de lo que era en aquella oportunidad y las rentas producto de esa integración vertical afortunadamente desaparecieron y las captaron los consumidores por la vía de menores costos en la provisión del servicio eléctrico. Así que creo que es un punto bien importante, y que no es un tema que está... no es un invento ideológico, sino que tiene mucha literatura y experiencia concreta en Chile detrás”.

Marcel también se refirió a “la eliminación del doble cobro por comisiones indirectas”, las cuales se pagan por fondos que contratan las AFP que son administrados por terceros, particularmente en el exterior. La presentación señalaba que “para el año 2021, las comisiones indirectas ascendieron a US$ 663 millones, la que, expresada en términos del porcentaje de los fondos, fue de 0,33%, es decir, del orden de un 60% de las comisiones directas”.

Y ahí se agregaba que “las AFP gastaron aproximadamente US$36,8 millones de sus resultados en la función de inversiones. Esto representa sólo un 5,5% de las comisiones indirectas”. Marcel agregó: “es decir, las comisiones indirectas son mucho mayores que el costo de la administración directa de las inversiones”.

En ese sentido, afirmó: “Entonces, claro, el subcontratar una función de inversión facilita la gestión de las administradoras, pero, al mismo tiempo, significa que los costos los asumimos los afiliados a través de nuestros fondos, y por lo tanto, desincentiva el desarrollo de capacidades de inversión por parte de los gestores de fondos. Y esto va en contra de la tendencia internacional de los administradores de pensiones de potenciar las capacidades internas para invertir estos fondos”.

Es más, dijo que el mismo Banco Central (BC) invierte en el exterior sin necesidad de subcontratar, por las reservas internacionales o fondos soberanos, por ejemplo, donde el BC solo subcontrasta una porción pequeña.

Marcel aseguró que “la herencia, en el esquema de retiro programado, es probablemente uno de los productos con más letra chica que existen en nuestro sistema previsional, porque para poder generar herencia uno tiene que morirse joven, o menos viejo, antes de que se le acaben los fondos y, sin embargo, lo que ocurre en la realidad es que hay una alta proporción de las personas que se pensionaron por retiro programado que fallecen después de que se le acabaron los fondos. Eso ocurre en más de la mitad de las mujeres, ocurre en el 20% de los hombres”. Y dijo que solo el 18% de los pensionados deja herencia en Chile.

La presentación del proyecto comenzó más de media hora después de que inició la sesión, ya que hubo un debate previo sobre en qué momento se podría tramitar el proyecto de postnatal parental, luego de que volviera a la Comisión de Trabajo para llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

Luego, el presidente de la Comisión, Alberto Undurraga (DC), le iba a dar la palabra al gobierno para iniciar su presentación, pero el diputado Frank Sauerbaum (RN) pidió hablar antes. Ahí dijo que quería ver la admisibilidad del proyecto, porque “tiene algunas normas, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que no está debidamente, desde nuestro punto de vista, financiadas”.

Esto, considerando que el gobierno proyecta financiar la iniciativa con la reforma tributaria, que se discute en un proyecto paralelo. Sin embargo, el secretario de la Comisión dijo que la Secretaría no tenía las capacidades técnicas para zanjar eso, porque no le correspondía. Marcel más tarde defendió la fórmula del gobierno, y dijo que es muy similar a lo que ocurrió en el gobierno anterior con la creación de la PGU, donde hubo dos proyectos distintos, uno de financiamiento y otro que creaba la PGU.

El diputado Undurraga aclaró que hay dos sesiones consideradas para que el Ejecutivo presente el proyecto, y los diputados planteen sus preguntas. El presidente de la Comisión dijo que después vendrán más sesiones, donde asistirán invitados. Y después de eso, recordó que vendrá la votación del proyecto. En todo caso, será en la próxima sesión donde el presidente de dicha instancia presente oficialmente el cronograma para tramitar el proyecto.