“Le he solicitado a nuestro ministro de Energía, Diego Pardow, evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar la concesión de la empresa Enel”. Con esta frase, fue el propio Presidente Gabriel Boric, quien confirmó la intención del gobierno de escalar las sanciones a Enel hasta el castigo más grave contemplado en la normativa del sector eléctrico: la caducidad de la concesión.

Hasta este martes, la opción de finalizar la concesión del servicio público de distribución de la firma, controlada por la estatal italiana Enel, había sido sólo mencionada por el titular de Energía, en respuesta a una solicitud del diputado Alberto Undurraga (DC). “La revocación de la concesión es una sanción contemplada en los casos más graves”, dijo Pardow, 24 horas antes del anuncio de este miércoles, en entrevista con radio Pauta. “Este un evento que todavía está ocurriendo y por lo tanto vamos a esperar a que termine”, agregó.

Sin embargo, tras las palabras del Mandatario, fue el propio ministro Pardow el encargado de despejar toda duda en torno a la convicción política a la que llegó el gobierno.

“Respecto del proceso de caducidad, lo que nos instruyó el Presidente fue a estudiar este proceso de caducidad, pero no estudiar si se empieza, estudiar cómo se empieza”, dijo el secretario de Estado ante la Comisión de Minería y Energía.

Ya en horas de la noche, el secretario de Estado confirmó el incio mismo del proceso, y explicó que “tiene varias etapas. Su primera es un requerimiento que funciona como un ultimátum, donde se le ponen condiciones de servicio que tienen que ser cumplidas en cierto plazo”, explicó

De acuerdo con la autoridad, este ultimátum contempla que la empresa cumpla con el nuevo plan de recuperación presentado, que considera la conexión de 20.000 clientes durante la jornada de este jueves. “Los dos planes de recuperación anteriores no se cumplieron, no puede haber una tercera vez. Este plan se va a segmentar en periodos de 24 horas y si no hay 20.000 clientes conectados durante las 24 horas de mañana, este procedimiento se moverá a su siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial”, añadió el secretario de Estado.

El ministro también aludió al comunicado emitido por la empresa durante la tarde del miércoles, y aseveró que la firma no se hizo cargo del llamado realizado más temprano por el Presidente Boric.

“Nuestra preocupación es con qué cara se le va a pedir a los consumidores chilenos que paguen las boletas de electricidad cuando el servicio de distribución eléctrica ha sido no solamente incompetente, sino indolente. Entonces cómo vamos a pedirle a los clientes de nuestro país que día a día pagan sus cuentas, que regularmente se hacen cargo de sus obligaciones, que enfrenten esa situación cuando evidentemente las empresas han faltado a su parte de este trato tácito que tenemos la ciudadanía con las empresas”, expresó.

Con todo, Pardow explicó que el Ejecutivo también formuló cargos a la empresa CGE por infracción a las normas de reposición de suministro. “CGE tiene algunas de las comunas de la Región Metropolitana afectadas y, en particular, por la situación de O’Higgins, donde la falta de ritmo en la recuperación de clientes es también una razón de extrema preocupación”, indicó.

En la sesión del Senado, se entregaron detalles de los antecedentes que manejaba el Ejecutivo y que explican la molestia con Enel. Marta Cabeza, titular de Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), detalló que entre las múltiples reuniones que sostuvieron con las empresas durante las primeras horas de la emergencia, durante la mañana del viernes pasado.

“En esa reunión, las empresas no fueron capaces de dar un diagnóstico. No tenían la idea clara de cuál era y dónde estaban los niveles de afectación”, indicó Cabeza, revelando que, en el caso de Enel no hubo respuesta, y el ministro Pardow les dio una hora para tener una mejor dimensión de la emergencia, “luego de lo cual tampoco fueron capaces de entregar un diagnóstico”.

Pese a ello, en la ocasión, Enel comprometió llegar a 600 mil el número de clientes sin suministro eléctrico durante el mismo viernes, 350 mil durante el sábado, 150 mil el domingo, y 50 mil el lunes. Sin embargo, las cifras de cumplimiento estuvieron muy alejadas de las metas comprometidas.

“No se hablaba de martes, miércoles, jueves, nada. La realidad es que no han recuperado en la tasa de los compromisos que han exhibido las empresas. Y a la hora de la preparación de esta presentación (16.00 del martes), todavía hay noventa mil clientes sin suministro de Enel”, detalló.

Por eso, en su punto de prensa junto a Pardow y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el Mandatario aseguró que los más de seis días en que miles de hogares han estado sin suministro eléctrico como una situación “inaceptable y una grave irresponsabilidad de las empresas”, enfatizando en que “hay graves e inexcusables incumplimientos por parte de las empresas”. Pero además fue particularmente duro con Enel, asegurando que la distribuidora de capitales italianos había buscado “ahorrarse plata cuando hay gente que todavía está sin luz en las casas” y que “no han cumplido ni siquiera con sus propios compromisos”.

La caducidad de una concesión a una empresa de distribución eléctrica está reglada por el capítulo cuatro de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), y considera que el Presidente de la República puede declarar caducada una concesión en caso que la calidad del servicio de una distribuidora eléctrica no se corresponde con “las exigencias preestablecidas” en la misma ley, a menos que el concesionario logre remediar la situación dentro de los plazos exigidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Para la especialista en regulación eléctrica, la abogada Daniela González, “le corresponde a la SEC determinar la concurrencia de la causal indicada, pero la caducidad se declara por el Presidente de la República mediante decreto”.

La directora de Domo Legal enfatiza que “si bien la medida de caducidad de concesiones forma parte de la normativa vigente y de las reglas del juego, es un procedimiento de último recurso por la envergadura de las consecuencias que trae aparejadas. Por ello, debiera tramitarse con los mayores estándares de debido proceso y transparencia”.

Agrega que “no es un procedimiento rápido, que podría estar sujeto a eventuales recursos judiciales. Estamos hablando de años más que meses”.

La normativa legal además establece, en su artículo 43, que en caso que el Presidente de la República declarara caducada una concesión se dispondrá “la licitación de los bienes afectos a ella”, la cual deberá verificarse dentro de un plazo no mayor de un año.

En ese sentido, González subraya que, “de declararse la caducidad, lo que corresponde es que se asigne una administración provisional del servicio, lo que no es algo trivial ni fácil de hacer dada la envergadura de la responsabilidad, de la zona de concesión, y del número de clientes. Luego se deben licitar los bienes y lo recibido, excluidos los gastos, se le devuelven al exconcesionario. Esto significa que los bienes no pasan al Estado, sino que debe buscarse un nuevo concesionario, por lo que es más bien una venta forzosa”.

Visión que respalda Eugenio Evans, abogado, socio Grupo Evans, profesor de Derecho UC. “Afortunadamente, la ley no prevé que los activos pasen a ser explotados por el Estado. Por ello, no hay tampoco expropiación, pues el producto de la licitación se entrega al propietario de la empresa afectada con la caducidad, deducidos los gastos y deudas garantizadas con prendas, hipotecas, etc”, señala.

Eso sí, el abogado pone paños fríos a la situación: “Un escenario como el que está viviendo la Región Metropolitana podría justificar una decisión de estas características, pero, al mismo tiempo, valga señalar que existen razones por las cuales estamos enfrentando esta situación. Las hay naturales, políticas, negligencias colectivas, deficiencias regulatorias, etc”.

González suma que hay temas de fondo: “Tenemos que abordar el rol de la distribución eléctrica en la transición energética, la necesidad de modernizar la regulación existente discutiendo la calidad de servicio que necesitamos y a los cuales aspira la ciudadanía, y por cierto el rol público tanto respecto a si se tarifica efectivamente para que las distribuidoras den un servicio de calidad como respecto a la fiscalización de la prestación de servicios que son esenciales para la población”.

Rodrigo Castillo, exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas, ve además dificultades prácticas. “Desde el punto de vista jurídico y práctico el revisar una concesión eléctrica tiene enormes dificultades”, dijo el también abogado en diálogo con el programa Desde la Redacción, de La Tercera.

“Yo coincido en que desde el punto de vista práctico, el cancelar la concesión de una empresa de suministro eléctrico es algo muy difícil, no solo porque es muy difícil normativamente, sino porque es muy difícil prácticamente. ¿Qué vas a hacer con esos activos? ¿Los va a administrar la SEC? ¿Los va a administrar el Estado? En la práctica yo veo muy difícil que algo así pudiera prosperar, más allá del gesto político y más allá del mensaje político de enorme preocupación, que creo que la ciudadanía completa comparte”, indicó.

Ante los senadores, Diego Pardow sumó otro aspecto a la discusión: el rol del Estado en la emergencia. Y ante los cuestionamientos de los legisladores por la falta de capacidad de la SEC y el gobierno por ayudar con cuadrillas propias en las labores de reposición del suministro, el secretario de Estado reflexionó: “Hay una pregunta que es bien de fondo y que yo invito a que nos la hagamos. ¿Queremos tener un servicio de distribución eléctrica 100% privado o queremos algún tipo de convivencia entre lo público y lo privado, donde al menos lo público desarrolle este músculo que permita responder a la emergencia?”, lanzó.

En sus palabras, sostuvo que “uno podría querer hoy que el Estado tuviera las capacidades, el músculo para sustituir la incompetencia y la indolencia de la empresa privada. Uno quisiera eso. Pero eso no se construye solo imaginando lo posible. Eso se hace con tiempo y no se hizo en este caso”. Además, la autoridad ejemplificó con el rol que juega en los combustibles líquidos la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

“A mí me han tocado innumerables casos que no han llegado a la opinión pública, donde uno tiene que sentarse con la Enap y ver cómo diablo uno hace que, frente a una marejada, llegue combustible a la estación de servicio de Lanco. (...) Yo lo he visto y puedo atestiguar como ministro de Energía, al menos en las emergencias, de los dos años que yo he sido ministro, siempre hemos conseguido que la estación de servicio que tiene problemas llegue”, señaló.