La bahía de Quintay fue el lugar escogido por el Ejecutivo como escenario para la presentación de uno de los compromisos del programa de gobierno: el ingreso de un proyecto de ley que permita derogar y reemplazar la actual Ley de Pesca. La promesa fue reforzada por el propio Presidente Gabriel Boric, que en la última Cuenta Pública se autoimpuso un plazo para enviar dicha iniciativa: el segundo semestre de 2023.
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El acto será la instancia para dar a conocer los lineamientos, pero el proceso de elaboración se concentró mayoritariamente en 2022, y estuvo a cargo del subsecretario del ramo, Julio Salas. El abogado lideró los llamados “Encuentros con la pesca”, que consistieron en más de 200 actividades, con cerca de seis mil asistentes, y que se desarrollaron entre septiembre del año pasado y febrero del presente. Allí, participaron pescadores y organizaciones, tanto del sector industrial como artesanal, además de académicos y científicos.
Si bien el Ejecutivo ha guardado con celo el proyecto, la iniciativa tendría tres ejes: transparencia, equidad y protección social. Dado que la actual legislación es objeto de cuestionamiento permanente, debido a la intervención indebida de sectores de la industria durante la tramitación, se estima necesario modificar las reglas del juego, hacerlas claras para que la actividad pueda desarrollarse de manera sostenible, buscando mayor equidad en la distribución de cuotas entre la pesca artesanal e industrial, tanto en términos intergeneracionales, territoriales y de género. Además, se abordarán materias de seguridad social para los trabajadores del sector artesanal.
Además del primer mandatario, el evento contará con la presencia del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, y del subsecretario Salas. También fueron invitados los diputados y senadores que integran las respectivas comisiones de Pesca. Sin embargo, no todos asistirán.
Pese al trabajo previo, el inicio del trámite parlamentario no asoma como algo simple para el Ejecutivo, ya que incluso diputados del oficialismo reconocieron la falta de diálogo en la previa con los integrantes de la comisión de la Cámara, por donde ingresaría la iniciativa.
El diputado DC, Héctor Barría, dijo alegrarse “sin duda, de que el gobierno proponga una nueva ley de pesca que sea más justa, y al mismo tiempo sustentable y sostenible en el tiempo, que favorezca a la pesca artesanal”. Sin embargo, lamentó que “no exista un diálogo previo” con los miembros de la comisión.
“No hemos tenido, de mi parte, ninguna conversación previa en este tipo de materias”, aseguró, y aunque remarcó que “si bien no soy diputado de gobierno, represento a la región de Los Lagos, donde hay muchas caletas de pescadores y represento también a la DC, que siempre ha tenido voluntad de diálogo y de acuerdo”.
En una línea similar, Miguel Ángel Calisto, diputado independiente por Aysén, integrante del comité del Partido Demócratas, enfatizó que “no ha existido diálogo de parte del gobierno” con los parlamentarios, y aunque menciona los encuentros organizados por el Ejecutivo con pescadores, plantea sus dudas sobre la transversalidad de la iniciativa. “Yo creo que viene con harto sesgo, es una propuesta propia del gobierno”, indicó, y afirmó que, en su opinión, la propuesta “recoge la esencia y el interés del gobierno de cómo administrar la pesquería en Chile”.
Hacia adelante, Calisto sostiene que en la comisión “no podemos votar cuestiones envasadas, tenemos que hacer una tramitación en detalle”, ejemplificando con la relevancia que tiene la actividad pesquera en algunas regiones del país, como la suya. “Todo lo que viene del mar representa cerca del 40% del PIB”, dice. Por eso, remarca, “tiene que ser una ley que garantice la regionalización de los recursos, que respete a los territorios”, afirmando que “es necesario mantener las cuotas para los pescadores”.
Por su parte, la diputada PS Daniella Cicardini, presidenta de la comisión, sostuvo que el proyecto “lo recibimos con mucha expectación”, y aunque dijo desconocer los detalles, se mostró “muy de acuerdo con esta propuesta”.
Para la parlamentaria, la denominada Ley Longueira “ha venido a ser un perjuicio para la pesca artesanal”, por lo que destacó la idea de buscar “una redistribución territorial” en dicho sector, así como incrementar las cuotas asignadas, “que entendemos que en los últimos años han sido muy afectadas, y por distintas razones, no solo la ley, sino también por el cambio climático”.
Sin embargo, enfatizó en que el origen “corrupto” de la ley, luego de las sanciones adoptadas por la Justicia, obligan a que los legisladores se aboquen a dictar una nueva legislación en la materia.
“Lo que pretendemos hacer con esta ley de pesca es hacer justicia con respecto a la distribución de los recursos. Es impresentable que se haya entregado recursos que pertenecen a todos los chilenos y chilenas, solo a siete familias, de manera muy privilegiada”, sentenció, y agregó que personalmente, optó por rechazar todas las audiencias por Ley de Lobby, ni con actores industriales o artesanales, para privilegiar que el debate a este respecto se dieran directamente frente a la comisión.
Finalmente, la diputada PC y expresidenta de la comisión, María Candelaria Acevedo, apuntó que la ley vigente “fue hecha bajo cohecho”, y desdramatizó la falta de diálogo previo con los diputados de la instancia legislativa.
“Lo importante no es que conversen con nosotros, los parlamentarios, sino que conversen con las organizaciones, con la pesca artesanal sobre todo”, remarcó.
