Es un tema que aparece con fuerza en el debate presupuestario: la evaluación de programas. Y por ello, es de preocupación de parlamentarios y centros de estudios. Dada esta relevancia, año a año, la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) y la Dirección de Presupuestos (Dipres) realizan un monitoreo sobre el impacto que tienen los programas públicos.
Este análisis considera la revisión de la población efectivamente beneficiada, bienes y servicios provistos, gasto ejecutado por beneficiario y resultados alcanzados por cada uno de los programas, entre otros puntos.
Este jueves se conocieron los resultados del proceso de monitoreo de programas gubernamentales implementados durante 2023. En esta ocasión consideró 689 programas públicos, lo que equivale a un 45% del Presupuesto ejecutado durante el año pasado.
Según detalló la Dipres, 26 programas fueron descontinuados y 13 fusionados. La cantidad de programas con gastos menores a $2.000 millones bajaron de 303 a 292. Entre los eliminados está el de Desarrollo de Competencias Laborales; Activo Joven Territorial; Voluntariado País de Mayores; Comunas Amigables con las Personas Mayores, entre otros.
“Estos resultados, son un primer paso en racionalización y menor fragmentación de la oferta pública, lo que va en línea con los esfuerzos que por años se han realizado para optimizar la oferta de programa públicos”, dijo la jefa de la Dipres, Javiera Martínez.
No obstante, la directora de Presupuestos agregó que todavía “hay importantes espacios de mejora en los programas de baja cobertura efectiva y relevante gasto administrativo. El objetivo es que los programas públicos se ejecuten con evidencia en sus resultados y de manera eficiente y eficaz de los recursos públicos”.
Mientras que la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, mencionó que “en 2023, un 61,7% de los programas públicos informó la incorporación del enfoque de género, lo que representa un aumento de 12 puntos porcentuales respecto al año anterior. Esto es especialmente relevante porque representa un importante avance en el compromiso de gobierno para la transversalización de género en el Estado”.
