El proceso para descongelar las tarifas eléctricas entró en tierra derecha, tras el inicio de la tramitación del proyecto de normalización enviado este martes por el gobierno al Senado. Una discusión que si bien surgió en el marco del debate de otro proyecto, el de Transición Energética, adquirió mayor notoriedad luego que la Comisión Nacional de Energía (CNE) hiciera públicas sus estimaciones finales sobre el impacto que tendría en las cuentas de la luz residenciales la aplicación de la normativa actualmente vigente en el país.

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En su Informe Técnico Definitivo de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, la CNE adelantó variaciones para los clientes del grupo 3, que superan los 500 KWh al mes, de 88,43%, y cifras de entre 11,55% y 8,21% para los segmentos cuyos consumos promedian los 400 KWh y 180 KWh al mes. Dicha estimación consideraba una cuenta tipo para el grupo residencial de mayor consumo de $81.954 mensuales, la que podría subir hasta $154.423 en caso de aplicarse los criterios actuales para los decretos tarifarios.

Sin embargo, el proyecto del gobierno -que ingresó con discusión inmediata- podría reducir sustancialmente el impacto en el tercer segmento. Según una presentación expuesta por el ministro de Energía, Diego Pardow, ante la comisión de Minería y Energía del Senado, una cuenta tipo de consumo eléctrico mensual promedio superior a los 500 KWh pasaría de los $99.000 actuales a cerca de $119.000, en vez de los $190.000 a los que habría escalado con la normativa vigente. Así, el proyecto reduce el alza a cerca del 20% en vez del 88% proyectado por la CNE previamente.

La estimación oficial del Ejecutivo también grafica el impacto previsto en otros segmentos de menor consumo, diferenciados por aquellos casos en que el subsidio sí aplica y en aquellos que no. Así, las familias del primer segmento de consumo y que puedan recibir los montos subsidiados de una canasta básica de energía de 130 KWh, el pago de la cuenta final podría reducirse a un pago total $17.500, en vez de subir hasta $26.000 si se hubiera aplicado la ley vigente. Según estima el gobierno, esa diferencia sería cercana al 35%.

En su presentación, el ministro Pardow detalló las razones detrás del proyecto, que buscan moderar las alzas, conciliando la normalización de las tarifas con el pago de la deuda que se acumula con las empresas de generación eléctrica desde 2019.

Así, defendió la fórmula definida para el pago de la deuda, que incluye el establecimiento de cargos fijos a los clientes, diferenciados en dos períodos: primero, a partir del proceso tarifario de 2024 y hasta 2027, donde los clientes verán un cargo adicional en sus cuentas de $22 por cada KWh; y luego, un cargo que baja a $9 por cada KWh, entre los años 2028 a 2035.

“El programa de pagos obedece de alguna manera al esquema minimiza el impacto en el bolsillo de los consumidores”, argumentó Pardow, quien remarcó además que las alzas previstas por la CNE conllevan el riesgo de que muchos clientes no sean capaces de asumir el pago de las cuentas, lo que podría traducirse en aumentos en la morosidad con las distribuidoras.

“Los consumidores no tienen una elasticidad -por llamarlo técnicamente-, una capacidad de pago que sea infinita, y eso significa que, por más que uno tenga una deuda arrastrada producto de mecanismos de estabilización, hay porcentajes de aumento que lo único que hacen es cambiar deudas por morosidad y eso no resuelve el problema de fondo. Si uno cambia deuda por morosidad, la deuda sigue sin estar satisfecha y eso es algo que por cierto no podemos permitir”, enfatizó.

En esa línea, Pardow explicó que el monto máximo del Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente (MPC), de US$1.800 millones, “fue alcanzado muchísimo más rápido de lo que se pronosticaba”, dado los aumentos de los costos de la empresas, principalmente por el alza del dólar y de los insumos usados, como el combustible, el gas y el carbón, que vieron multiplicados sus precios en 1.5, 2 y 3 veces, respectivamente. Ello, dijo Pardow, justifica la propuesta de elevar el techo de la deuda hasta los US$5.500 millones.

Pardow ahondó en la necesidad de establecer subsidios a los sectores de la población más vulnerable, enfocado inicialmente en un conjunto de 850 mil hogares, y sostuvo que “hay un grupo de consumidores que si bien tienen altos consumos (eléctricos), son vulnerables”, donde detalló que estimaciones apuntan a cerca de 150 mil hogares que comparten medidores eléctricos. Agregó que otro grupo de clientes al que “con independencia de su capacidad de consumo, tenemos que llegar con una política distinta de la estabilización que permita disminuir la cuenta, no moderar el alza, porque están en situación de pobreza energética”.

Dicho mecanismo, que estará definido por reglamento, será trabajado durante febrero por los equipos de asesores de los parlamentarios y del ministerio, buscando tenerlo listo para el momento en que se publique la ley, y así poder ingresarlo a Contraloría en forma inmediata, permitiendo su activación más temprana posible.