Este martes se inició formalmente la tramitación legislativa del proyecto ingresado por el gobierno para desintegrar verticalmente el mercado del gas licuado en Chile. Con la exposición del ministro de Energía, Diego Pardow, la comisión de Economía fue la instancia donde la discusión sobre el futuro de la industria, que cuenta con un 85% de penetración en los hogares del país, comienza a tomar forma. Sin embargo, cumpliendo con el acuerdo de 2022 con los parlamentarios, el gobierno citó a una mesa técnica que estará encargada de analizar y consensuar aspectos relevantes del proyecto de ley. Todo, con el objetivo de que la tramitación sea “lo más rápido posible, porque es un tema de mayor importancia para la ciudadanía”, dijo Pardow.

Según comunicó el titular de Energía, será su ministerio junto al de Economía, Fomento y Turismo los ministerios que estarán a cargo de la mesa técnica, mientras que la Comisión Nacional de Energía (CNE) actuará como secretaría técnica de la instancia. A lo largo de 10 sesiones, la mesa recibirá tanto a las partes interesadas, como a parlamentarios y organismos sectoriales del Estado -Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Sernac-, además de representantes de la academia, la industria y de asociaciones de municipalidades.

Por el lado de los parlamentarios, los integrantes de la mesa técnica serán informados a la secretaría de la Comisión durante esta semana, para que la instalación de la instancia se produzca dentro del mes de julio. Por parte del presidente de la comisión, Miguel Mellado, se designará como técnico al abogado de Libertad y Desarrollo, Juan Ignacio Gómez, mientras que por parte de Sofía Cid, lo hará Daniel Muñoz, asesor parlamentario de la diputada.

También designarán sus propios asesores los integrantes de la comisión de Minería y Energía, instancia que también revisará el proyecto tras su paso por Economía.

Pardow recordó en su exposición que el proyecto busca desintegrar el mercado mayorista del minorista en la industria del gas licuado de petróleo (GLP), así como establecer el acceso abierto al servicio de envasado de GLP a distribuidores minoristas, perfeccionar el sistema de trazabilidad de cilindros y la mejora del régimen de fiscalización a cargo de la SEC, entre otras materias.

Para desintegrar el mercado, y en orden a permitir una transición progresiva al nuevo esquema regulatorio, el proyecto contempla un plazo de 12 meses para separar legalmente las actividades de distribución mayorista y minorista; de 18 meses, prorrogable por una única vez hasta por seis meses adicionales, para vender la entidad de distribución que cada compañía elija enajenar; y, en paralelo, 12 meses para dejar sin efecto cualquier cláusula de exclusividad celebrada con anterioridad. Todos los plazos rigen a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial.

Pardow remarcó que entre las principales innovaciones respecto del proyecto presentado por la administración anterior en enero de 2022, que fue retirado de tramitación al inicio del actual gobierno, está la eliminación de la categoría de distribución minorista de GLP con marca propia, ya que “introducía complejidades adicionales a un mercado hasta ahora desregulado, e impedía que comercializara cilindros ajenos, lo cual introducía una capa adicional de complejidad, sin que se advirtiera los beneficios de aquello”.

En el transcurso de la sesión, la ministra (s) de Economía, Javiera Petersen, recordó que el proyecto de ley del Ejecutivo recoge las recomendaciones de la FNE, tanto de su estudio dedicado al mercado del gas de 2021, como el pronunciamiento que entregó en marzo de este año sobre intercambiabilidad de cilindros. Al respecto, afirmó que la integración vertical en una industria no siempre es contraria a la competencia, ya que “pueden haber economías de escala, ciertas sinergias para empresas que están en el segmento de la distribución”, y agregó que “esto puede tener efectos positivos incluso en el precio final de los consumidores, por ejemplo, evitando una doble marginalización, pero esta integración también tiene ciertos riesgos, que es lo que la FNE trata de ir a buscar”.

“Menciono esto para decirles que una integración vertical no es en sí misma anticompetitiva, y por lo tanto, lo que hace la FNE al analizar un mercado particular para ver si la integración que existe en ese mercado tiene algún efecto perjudicial en el precio final a consumidores, y la FNE cuenta con atribuciones para realizar este estudio de mercado que hoy día motiva esta recomendación”, detalló Petersen.