Con cautela miran en la Asociación Chilena de Desalinización (Acades) los proyectos para crear un sistema de permisos inteligentes y la reforma al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental. Estos son los dos proyectos ingresados a trámite parlamentario durante la semana pasada, pero hay dos que aún no se presentan y que fueron comprometidos bajo ese marco. Uno busca traspasar la autorización de concesiones marítimas desde el Ministerio de Defensa, particularmente la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, hacia Bienes Nacionales. La otra iniciativa anunciada es una modificación al permiso que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales (CNM), por la ley de patrimonio, donde existe uno de los mayores cuellos de botella en la denominada permisología.
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“Que esté instalada la idea de que es urgente acelerar ciertos procesos es una buena idea, pero por lo menos yo no veo que estos proyectos vayan a estar exentos de discusiones bien arduas, no solo el de permisos, sino que en materia ambiental y los otros proyectos que se están presentando. La discusión de estos temas en general nunca ha sido corta, y yo no veo que este vaya a ser la diferencia en ese sentido”, comenta Rafael Palacios, director ejecutivo del gremio.
En el sector de las desaladoras viene hace años alertando de la “pesadilla” en que, a su juicio, se ha transformado el conseguir autorizaciones para sus proyectos, las que pueden demorar hasta ocho años. Todo, en medio de crisis hídrica y cambio climático en regiones como Coquimbo, donde el Ejecutivo anunció la licitación por US$300 millones para levantar una desaladora multipropósito, cuyo proceso comenzaría el segundo semestre de este año, y su puesta en marcha se estima para 2029.
“En los años 80 nos estructuramos con una matriz productiva y de abastecimiento ciudadano en que básicamente dependemos de las aguas lluvias y de almacenar en la cordillera. Yo le diría a la opinión pública que tenemos que dejar de mirar la cordillera y darnos vuelta en 180 grados para mirar al mar. En el mar tenemos una fuente casi inagotable de agua para usos productivos, agrícolas y de consumo humano, y tenemos una geografía privilegiada, donde ningún lugar está a más de 200 kilómetros de la costa. Otros países no tienen esa suerte”, resume Palacios, sobre la urgencia de desplegar proyectos que sumen nuevas fuentes de recurso hídrico en el país.
Con todo, su apuesta está en avanzar en otro proyecto específico para el sector, presentado en enero de 2018 por el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que se encuentra en primer trámite constitucional, y donde el Ejecutivo, legisladores y gremios interesados ya han acordado avanzar en una indicación sustitutiva que suprima la obligación para los proyectos de contar con una concesión marítima, reemplazándola por una concesión de desalinización que pueda avanzar en paralelo a los permisos ambientales.
¿Se le está tomando el peso a la crisis hídrica que viene?
La voluntad política cambió, hoy día hay voluntad política desde el Presidente de la República para abajo de sacar esto adelante, pero los técnicos se enredaron. También es cuestionable el hecho de traspasar las concesiones marítimas de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas a Bienes Nacionales, ¿qué me garantiza que lo van a hacer mejor y más rápido? Nadie.
¿Qué razón técnica les han dado?
Ninguna. Que es el borde costero, pero igual Bienes Nacionales le va a tener que preguntar a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Yo tuve el jueves una reunión con ellos, y me dicen que implementaron un plan de gestión y efectivamente se están haciendo cargo del stock. Le metieron recursos y están sacando las concesiones marítimas en un año. Si eso es así, fantástico. Aquí hay mucho de gestión. La verdad es que el inversionista lo que busca son plazos cortos y certeza jurídica. Yo no les voy a discutir si es la DGA, Bienes Nacionales, la Subsecretaría; me da lo mismo. Lo que necesitamos es que sea una agencia y un instrumento.
Entonces, por un lado el proyecto de Grau, bien; el proyecto de desalación, súper bien; pero uno se pregunta por qué está entrampado un proyecto que está acordado, que es fruto de un trabajo legislativo largo, bien hecho, transversal, por una contingencia, que quieren que Bienes Nacionales sea la ventanilla única para el borde costero, y ahí yo creo que se enredaron en lo técnico. Ojalá que se desenreden luego.
Sebastián Edwards decía en una carta que los plazos para las desaladoras se iban a reducir de 8 a 6 años…
Sí, dijo que era muy tímido y nosotros compartimos eso. O sea, en vez de bajar de 8 a 6, deberíamos estar hablando de 8 a 4. Esto se demora mucho porque no se pueden hacer simultáneamente varias cosas. Tú tienes primero que nada pedir tu concesión marítima, y no puedes pedir la RCA sin la concesión marítima, porque no sabes dónde vas a hacer las campañas de invierno y verano para hacer tu Estudio de Impacto Ambiental. Hasta que no tienes definido el polígono, dónde van a ir las obras marítimas y si vas a intervenir el lecho marino, no puedes hacer las campañas. Y si la concesión marítima se demora 6 años, ya partimos mal. Lo que logra el proyecto de ley de desalación es sacar la concesión marítima y pedir simultáneamente la concesión de desalación y la RCA. Voy en paralelo, y así me podría demorar 3 años. Eso sería maravilloso. Pongamos otro año más para lo que venga, son 4 años y funciona. Así debería ser. Pero no trámites que van uno detrás del otro y así todo se demora.
Entonces, respecto de este proyecto anunciado para abordar las concesiones marítimas, ¿debería replantearse su conveniencia?
Hay que darle la posibilidad a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas de ver los resultados de su plan de mejoramiento de gestión. Ahora, insisto, la solución que se plantea de la concesión de desalación es no necesitar una concesión marítima. Esa es la mejor opción y es lo que se acordó por lo demás.
