En un poco menos de dos semanas y con el comienzo de un nuevo año, todos quienes presten algún tipo de servicios comenzarán a pagar impuestos (IVA), siendo los únicos exentos los servicios educacionales, de transporte y de salud ambulatoria. Una medida que se impulsó para buscar nuevas fuentes de financiamiento permanente para la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero que hoy no le hace sentido a La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile (CNC).

Desde la CNC hicieron un llamado a que dicha medida tributaria se restrinja su aplicación solo respecto de las operaciones que se realicen con contribuyentes que pagan ese impuesto. Además, el gremio del comercio pidió que “se suspenda su aplicación, invocando en esta solicitud lo mismo que se hizo cuando se aprobó la ley que condicionaba el uso del crédito fiscal a que el IVA estuviere pagado” para que se consideren los comentarios del sector del comercio.

El gremio respaldó su punto en que los consumidores se verán afectados con una alza de costo en servicios como de cuidados, conserjería, jardinería, mantención de sepulturas y servicios profesionales prestados por empresas cuyos socios no son profesionales.

“Aunque las empresas no quieran trasladar el valor del IVA al precio de los contratos se verán obligadas a tener que hacerlo, porque la base sobre la cual se cobra ese impuesto es el precio acordado”, agregó la CNC por medio de un comunicado.

Otra de las críticas apuntan a que “en el caso de las empresas que prestan servicios que se repiten en el tiempo, puede considerarse que estos son periódicos, y el Fisco, por tanto, podrá exigirles que el IVA se pague antes de que el precio se perciba”, y agregó que “el problema es que en muchos casos los clientes no pagan los servicios y si eso es así, las empresas no tendrán como recuperar el impuesto que paguen al Fisco. Por el no pago del IVA la autoridad puede cobrar multas muy altas e incluso llegar a denuncias que impliquen arresto para los contribuyentes”.

Finalmente, la CNC señaló que “resulta impracticable establecer que solo las sociedades profesionales no paguen IVA, porque si un socio muere, deja de tener el beneficio. Además, debiera establecerse que dichas entidades siempre son Pymes, independientemente de las normas de relación, porque su aplicación conlleva que, si un socio participa en sociedades con alto flujo, impedirá que los demás puedan beneficiarse de la cláusula Pyme, introduciendo una diferencia que resulta injusta”.

La medida también causó ruido en la Asociación de Eventos de Chile (Asevech), que calificó el hecho como “otro golpe a la pyme” y también llamó al gobierno para aplazar la entrada en vigencia del cobro del impuesto a los servicios.

“El Estado le da otra bofetada a las pymes y a los sectores de mayor esfuerzo, ya que deberán pagar un 19% adicional, que no será tan sencillo traspasar a consumidor final en un contexto económico muy complejo, con una recesión que ya se comenzó a sentir”, afirmó Carlos Huete, presidente de la Asevech por medio de un comunicado.

Huete también afirmó que “este cobro a los servicios profesionales promoverá la informalidad (...) impulsando la competencia desleal, ya que estará la tentación de evitar el pago de este tributo, simplemente entregando el servicio sin boletear para evitar el pago del IVA”.

Desde Asevech aseguraron que la normativa quedó mal hecha, “ya que si bien las sociedades de profesionales podrán seguir emitiendo boletas exentas, en la práctica tributarán como persona natural, ya que no podrán retirar utilidades ni invertir esa plata en otras sociedades, porque de ser así, se les aplicará el global complementario, que es aún más alto que el IVA.