Gremios mineros critican indicaciones del Ejecutivo al proyecto de royalty

La Comisión de Minería y Energía del Senado continúa con la discusión del proyecto que modifica el royalty, cuyas indicaciones son parte de la reforma tributaria, y hoy siguieron recibiendo las opinones de gremios y representantes del área de la explotación del cobre y el litio.

En ese marco, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) y la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) manifestaron sus inquietudes sobre la norma.

La propuesta del gobierno implica que los explotadores mineros que produzcan más de 50 mil toneladas al año tendrán un esquema tributario con dos componentes: uno ad valorem, cuyas tasas serán progresivas y aplicadas sobre las ventas anuales de cobre; y otro sobre el margen minero, aplicado sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA)

Sobre esto, Cristian Argandoña, vicepresidente de SONAMI, señaló en la instancia que el proyecto que cursa su segundo trámite constitucional “contiene en su cuantía y diseño una serie de factores que afectarán la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una amenaza a la continuidad de varias operaciones y limitando severamente a las inversiones futuras”.

Así, enfatizó en que la carga tributaria propuesta sería excesiva, y además volvió a insistir en que el componente ad valorem está desvinculado de los resultados de las empresas.

En el mismo punto se centró la crítica de APRIMIN. El director ejecutivo de la asociación, Sergio Hernández, declaró que “que exista un royalty minero es esencial porque se está compensando al Estado por el deterioro (del patrimonio) y porque es el principal insumo e la industria minera. Pero hay distintas modalidades, y se ha erróneamente dicho que el único posible es el ad valorem”.

Señalando otras tres formas de royalty como a la renta minera, o a la cantidad extraída e híbrido. Hernández sostuvo que el ad valorem “no reconoce el distinto valor de los yacimientos del Estado […] Perjudica a las empresas de menor tamaño y costos”.

A esto sumó que “dadas las desventajas competitivas geológicas crecientes de Chile respecto a los distritos mineros que nos compiten en la atracción de altos capitales, y nuestra incertidumbre constitucional, el espacio para aumentar la carga tributaria total a la minería es necesariamente acotado”.

Así también, SONAMI criticó en la comisión del Senado el componente RIOMA, planteando la “imposibilidad de deducir la depreciación de la base imponible, lo que significa un evidente desincentivo a la inversión.”.

Tanto desde SONAMI como de APRIMIN se presentaron cuáles son las líneas que, según su lectura, debiese seguir el proyecto del royalty, distanciándose ambas agrupaciones de lo planteado por el gobierno.

Por su parte, Cristian Argandoña explicó que la iniciativa requiere de una adecuación “que elimine los factores que discriminan a las operaciones menos eficientes”. En cambio, la sociedad sugirió que las tablas del actual Impuesto Específico a la Minería sean modificadas de modo que no superen el 44% de las utilidades de las empresas.

En esta misma línea, desde la SONAMI se llamó a legislar en favor de la inversión en el sector, de tal forma que la producción cuprífera crezca en un plazo de cinco a seis años.

Sergio Hernández, por su lado, hizo hincapié en que una carga tributaria de 60% sobre utilidades generadas por bajas inversiones siempre recaudará menos que una de 48% sobre utilidades mayores por altas inversiones.

Por lo mismo, desde APRIMIN se planteó que se debe legislar desde el equilibrio si el fin es que se mantenga la competitividad y “Chile siga siendo potentemente desarrollado para cumplir los planes sociales, para la fortaleza geopolítica del norte y la movilidad social”.