Cuando asumió el gobierno se presentó el decreto que establecía el compromiso fiscal 2018-2022. En ese documento se explicitaba que la meta fiscal consistía en una reducción anual de 0,2 puntos del PIB del déficit estructural, partiendo en 2% del PIB. Es decir, hacia el año 2022, el déficit fiscal estructural se ubicará en 1% del PIB. Hasta ahora, esa trayectoria está siendo sobre cumplida, ya que pasó de -2% a 1,5% puntos del PIB. Para el cierre de este año esperaba un 1,4%, mismo nivel que se mantendría para el 2020.

Ahora, con este nuevo escenario y para hacer frente al financiamiento de la agenda social, el gobierno evalúa emitir un nuevo decreto donde fije la ruta fiscal. Esto, porque todo indica que esa ruta trazada deberá postergarse unos años.

De hecho, ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio pistas de que la convergencia a balance estructural se deberá postergar dada la contingencia. "Cuando se enfrenta una crisis de proporciones como esta uno tiene márgenes de maniobra transitorios, donde va a tener desviaciones de la meta de equilibrio fiscal estructural", señaló Briones a Radio Cooperativa.

Asimismo, el secretario de Estado explicitó que la mitad de los US$1.200 millones se financiaría con deuda. No obstante, aclaró que "la responsabilidad fiscal no está en entredicho" y, por ello, recalcó que "se harán todos los esfuerzos para al final de este gobierno converger a un 1% de déficit estructural, que fue lo que se planteó al principio".

Los economistas concuerdan en que es razonable que se postergue la meta de balance un par de años, considerando el actual escenario social, pero añaden que es importante mantener la meta de llegar a balance.

Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica afirmó que "bajo las actuales circunstancias me parece razonable posponer la meta entre 4 a 6 años. Que es más o menos lo que estamos asumiendo para volver a una trayectoria de equilibrio".

Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, subrayó que "el reagendamiento de la meta es lógico", pero recalca que se debe mantener un objetivo de balance. "Si bien se posterga el calendario, se mantiene una trayectoria que ratifica mantener el compromiso fiscal que es uno de nuestros activos más valorados".

Miguel Ricaurte, economista jefe de Itaú aseveró que "parece razonable que la convergencia vaya a tomar un poco más de tiempo considerando que una parte importante de las medidas de la del gobierno así como otros posibles cambios, seguramente implicarán algo más de gasto público".

Carolina Grünwald, economista jefe de Banchile puntualizó que "es posible alcanzar la meta de 1% de déficit. Donde hay que tener cuidado es en el "ritmo" de avance de la deuda, eso importa mucho".

Paralelamente a la labor que se desarrolla en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Presupuestos se trabaja para cumplir con el prediseño del financiamiento de las medidas anunciadas por el gobierno que llegan a los US$1.200 millones. Es a partir de estas cifras que deberá operar el nuevo jefe de las finanzas públicas, tomando en cuenta, además, que el erario este año adelantó su presentación en dos días y que, por Ley, el proyecto debe ser despachado en un plazo no mayor a 60 días, con sesiones que han debido suspenderse por la crisis social, lo que ha afectado la tramitación de la iniciativa.

Fuentes conocedoras del proceso adelantan que en materia de reasignaciones "la idea es hacer un esfuerzo global" en todo el Presupuesto, de manera que el esfuerzo de reasignar sea menos pesado y resguardando las prioridades sociales. La labor ha sido compleja, afirman, "porque eso implica la elaboración de un set de indicaciones en las partidas que se verán afectadas", las que deberían presentarse cuando el proyecto pase a la Comisión Mixta de Presupuestos y en un ánimo complejo porque "lo que se ha visto es que los parlamentarios no están con ánimo de bajar el gasto", advierten.

El carril del endeudamiento va por otra dirección. Según conocedoras del proceso, las alternativas que se barajan para el financiamiento son dos: girar recursos desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) que según el último reporte disponible de Hacienda a agosto acumula US$14.320,71 millones, para lo cual no se requiere autorización del Congreso, o bien una indicación al Artículo 3 del Presupuesto 2020, aumentando la autorización de deuda que inicialmente se fijó en US$7.500 millones.

El lunes en la noche se comunicó el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Ricardo Lagos (PPD) con el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones. La conversación partió con los parabienes del parlamentario quien inmediatamente le hizo ver el tema más urgente que debe resolver la autoridad: "Le plantee que teníamos que ver la marcha de la discusión de ley de Presupuesto por cuanto el gobierno había anunciado entre otras cosas, una reasignación no menor de US$400 millones". Acto seguido le habló de la reforma tributaria. "Le reiteré la disposición a acelerar el despacho de aquellos temas en los que tenemos miradas comunes en medidas recaudadoras y proinversión". Lagos comentó que el ministro estuvo receptivo: "no se comprometió a nada en particular, pero valoré un tono de mayor entendimiento y cierta sensibilidad de que la coyuntura requería hacer esfuerzos mayores que los hechos hasta ahora".