Los primeros 31 días de 2023 dejaron como saldo magras cifras en materia de evaluación de proyectos de inversión. Según los datos reportados a través del portal de búsqueda del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), durante enero de este año ingresaron 50 proyectos de inversión, los cuales sumaron US$4.504 millones.

Se trata del monto más bajo desde 2018, cuando 55 proyectos, que buscaban una Resolución de Calificación Ambiental favorable, sumaron US$1.220 millones.

Sin embargo, el declive más notorio se aprecia en las iniciativas aprobadas. En efecto, durante enero hubo 14 proyectos con una inversión total de sólo US$277 millones. Es la suma más baja desde 2005, es decir, en 18 años. En cambio, en enero de 2022 los proyectos aprobados fueron 59, por US$1.434 millones.

Los 14 proyectos aprobados durante enero de 2023 corresponden a Declaraciones de Impacto Ambiental, ligados a los sectores de energía (5); minería (3); otros (3); inmobiliarios (1); infraestructura (1) y saneamiento ambiental (1).

Las tres iniciativas con la mayor inversión fueron el Parque Fotovoltaico Observatorio del Verano de Ollague, de Verano SpA (US$90 millones); Parque Fotovoltaico Pulin, de Agrícola Santa Lucía Ltda. (US$55 millones); y los Parques de Maipo, de Viviendas Económicas San Luis S.A (US$40 millones).

Los tres proyectos ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a finales de 2021. Los dos primeros están emplazados en la sexta región y el último en la Región Metropolitana.

Pulso consultó a un grupo de abogados y especialistas en evaluación ambiental, los motivos que advierten en este retroceso tan importante de la inversión aprobada.

Gustavo Lagos, profesor de gestión ambiental en la Universidad Católica, considera que “las resoluciones del Servicio de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros contienen criterios más exigentes que los aplicados en gobiernos anteriores”. “No estoy seguro que el Comité de Ministros esté aplicando el mismo criterio a todos los proyectos. Eso está por verse”, acota.

En tanto, Edesio Carrasco, socio fundador de Schultz Carrasco Benítez, sostiene que “me parece que dos razones explican, en parte, el fenómeno: primero, hay una baja, a nivel mundial, en la productividad. El 2023 será un año en que la economía mundial crecerá poco y Chile no está ajeno a eso; y, segundo, venimos saliendo de un proceso constituyente que generó mucha incertidumbre y entraremos a otro en donde la regulación de los recursos naturales estará nuevamente en tensión, y eso posterga decisiones”. Agrega que “por ahora, lo que sí se observa, al menos al nivel de la dirección ejecutiva del SEA, es una voluntad real por unificar criterios y tecnificar la evaluación, lo que se aprecia en varios proyectos, por lo que debemos esperar un poco para sacar conclusiones más certeras”.

A su vez, Fernando Molina, socio de Grupo Evans, cree que “la caída de la inversión es posible atribuirlo a un conjunto de factores. Ciertamente las condiciones económicos nacionales e internacionales han jugado un papel importante a la hora de materializar nuevas inversiones. La regulación en rigor no ha variado de manera sustancial”.

“Lo que es posible apreciar es que ha existido cambios en la forma como se han evaluado los proyectos, variando el estándar y los criterios sin mayor fundamento técnico. Esto es relevante, dado que se ha tendido a exigir antecedentes sin que corresponda a elementos o impactos relevantes, lo que muchas veces impide anticipar las exigencias necesarias para evaluar los impactos y proponer las medidas adecuadas para hacerse cargo del mismo. Adicionalmente, se ha podido apreciar criterios de evaluación que no están asociados al cumplimiento de exigencias normativas, sino que a criterios que van variando entre servicios e incluso regiones”, concluye.

Al cierre de esta edición no hubo respuesta del Ministerio de Economía y el Ministerio del Medio Ambiente declinó responder las consultas planteadas.

Jaime Solari, gerente general de la consulta ambiental SGA, señala que la caída en la inversión aprobada “la atribuyo a dos factores. Uno, regulaciones más exigentes que no siempre son conocidas, entendidas y asimiladas por los titulares de los proyectos. Segundo, que el gobierno no da señales claras pro inversión y, en ese caso, las inversiones se postergan. El caso último del proyecto Ciclo es claro. Un proyecto que cumple la normativa según el SEA, es rechazado por las autoridades gubernamentales”, añade.

Finalmente Jorge Troncoso, exdirector ejecutivo del SEA, valora el esfuerzo realizado por la institución, pero aclara que “otra situación distinta es lo que ha ocurrido con algunas decisiones que han tomado algunas Comisiones de Evaluación, desoyendo las recomendaciones y análisis técnicos, a cambio de privilegiar consideraciones políticas ajenas a la evaluación ambiental de un proyecto, las que deberán ser corregidas por la Dirección Ejecutiva, por el Comité de Ministros o por los Tribunales de Justicia”.

“Sin embargo, lo complejo de estas situaciones, que retrasan de manera evidente las inversiones, es que las autoridades políticas que incumplen con su deber de emitir votos fundados y motivados no enfrentan ningún tipo de sanción al incumplir con el deber que les asiste al participar de un órgano colegiado como los son las Comisiones de Evaluación”, plantea.