Abogados que se dedican a asesorar a titulares de proyectos de inversión se muestran preocupados por el bajo número de iniciativas que son sometidas a evaluación ambiental. La economía se ha venido ralentizando y los números del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) confirman un ánimo mucho más conservador de los privados durante 2022.

Así, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del presente año se presentaron 587 iniciativas, que suman US$39.401 millones, en búsqueda de obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Este monto es menor en 22% si se compara con igual periodo de 2021, cuando 867 proyectos totalizaron US$50.406 millones. Hace cuatro años que las iniciativas ingresadas no implicaban una inversión tan baja, pero el antecedente para este número de proyectos hay que ir a buscarlo mucho más atrás.

Según los datos expuestos en la plataforma del SEIA, hace 25 años que no se presentaban tan pocas iniciativas a tramitación ambiental. En efecto, entre enero y noviembre de 1997 ingresaron sólo 263 proyectos.

Por otro lado, los proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental también vienen a la baja.

Entre enero y noviembre de 2022 la inversión visada sumó US$13.947 millones, mientras durante el mismo lapso de 2021 ésta llegó a US$20.053 millones, registrando una caída de 30%. En cuanto al número de iniciativas que obtuvo el visto bueno ambiental en el presente año, es el más bajo desde 2017.

Entre enero y noviembre de 2022 los tres proyectos más cuantiosos que recibieron una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable fueron la Optimización de la Planta de Litio Carmen de SQM Salar (US$987 millones); la Concesión Américo Vespucio Oriente II de AVO (US$714 millones), y el Parque Fotovoltaico Pauna Solar de Pauna Solar SpA. (US$496 millones).

En el mismo lapso, 41 proyectos fueron rechazados bajo el mismo sistema y su inversión sumó US$4.167 millones. En este grupo están proyectos mineros y energéticos, como Los Bronces Integrado de Anglo American (US$3.000 millones); Fénix Gold (US$206 millones,) y Embalse 1, 2 y 3 Fundo Nilpe (US$111 millones).

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tiene como función principal administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El SEIA entró en vigencia el 3 de abril de 1997 y cumple con la legislación ambiental vigente. También se hace cargo de los potenciales impactos ambientales significativos.

Pulso contactó a cinco abogados y les consultó qué medidas debería tomar el gobierno para que la tramitación de los proyectos de inversión en el SEIA sea más expedita.

Rodrigo Benítez, exsubsecretario del primer gobierno de Sebastián Piñera y socio de Schultz, Carrasco y Benítez, sostuvo que “es relevante seguir estandarizando criterios, y que estos se apliquen con gradualidad, para poder hacer más predecible la evaluación ambiental”.

“Todos los gobiernos han incumplido los plazos para resolver las reclamaciones administrativas ante el Comité de Ministros o la dirección ejecutiva. Sin perjuicio de que la ley señala que el plazo es fatal, por interpretación jurisprudencial no se le considera tal. Es esencial cumplir con los plazos previstos por el legislador, aunque implique a los ministros juntarse más seguido”, indicó Felipe Riesco, socio de Barros Silva Varela & Vigil.

Por su parte, Pablo Badenier, exministro del segundo gobierno de Michelle Bachelet sostuvo que “el gobierno debería apoyar a los servicios que otorgan permisos ambientales sectoriales como el Consejo de Monumentos, la Conaf, Seremi de Salud, Sernapesca y Sernageomin, por nombrar a los servicios con mayores atrasos y complejidad. El SEA hace bien su trabajo, pero el problema se ha trasladado a los servicios regionales que no pueden sacar sus pronunciamientos en tiempo y forma”.

En tanto, Jorge Canals, abogado y exsubsecretario del Medio Ambiente también planteó que se deben “fortalecer los equipos de evaluación sectorial de áreas como Salud, Servicio Agrícola Ganadero, Consejo de Monumentos Nacionales y la Conaf”. A su parecer, “muchas veces las demoras se dan ya teniendo una RCA en la mano, al tiempo de tramitar los permisos sectoriales (PAS)”.

Aldo Cardinali, socio de Morales & Besa, añadió que “hoy en día los proyectos de inversión no solo se ven afectados dentro de la tramitación en el SEIA, sino que también, en una fase sectorial posterior en la tramitación de permisos ambientales sectoriales (tramitación de los PAS), donde los requerimientos sectoriales muchas veces no conversan con los ambientalmente aprobados en una RCA, provocando el estancamiento de los permisos y del desarrollo de los proyectos. Esto sea ha ido acrecentando en los últimos años”.

“Ante todo lo anterior, el gobierno tiene herramientas administrativas para mejorar la gestión y coordinación entre los organismos sectoriales que dependen de las distintas carteras de gobierno en las distintas etapas de evaluación y aprobación, pudiendo disminuir los tiempos en las tramitaciones”, concluyó.

*Esta nota fue modificada posterior a su publicación, dado que erróneamente se indicó que la inversión ingresada en 2021 a evaluación ambiental fue de US$93.529 millones, lo que implicaba una caída de 58% versus este año, y que el número de proyectos era 1.522 . Lo mismo para la inversión aprobada el año pasado, donde se dijo que el monto alcanzó a US$39.561 millones, lo que arrojaba una baja de 65%.