Nuevamente la situación financiera por la que atraviesan las isapres se tomó la agenda durante este miércoles. Por la mañana la ministra de Salud, Begoña Yarza, realizó un llamado a la calma y recordó que este jueves se constituirá y se realizará la primera sesión de la mesa de trabajo con el gremio y todas las isapres abiertas. “Yo creo que la conversación que vamos a establecer a partir de mañana en esta mesa de trabajo va a generar tranquilidad”, afirmó la ministra en T13 Radio.
Por la tarde el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, y el superintendente de Salud, Víctor Torres; acudieron para hablar sobre este tema a la Comisión de Salud del Senado.
Ahí el líder del gremio recordó las pérdidas que han registrado. “Nuestra preocupación no es lo que ya pasó. Eso ya pasó. Eso ya es un dato, una realidad. Es lo que va a suceder en los próximos meses, lo que va a suceder hacia adelante. Esa es nuestra gran preocupación”, dijo Simon.
Esto, porque explicó que “en caso de mantenerse esta evolución tal como lo estamos viendo, el sistema está llegando a una situación de déficit permanente, y evidentemente un sector no puede subsistir en un régimen de déficit permanente”. Y su presentación detallaba que ello es “en caso de mantenerse la evolución de los costos y la judicialización como opera hoy”.
La presentación también mostraba que “las pérdidas de los últimos 18 meses equivalen a todas las utilidades percibidas desde 2017″. En total, en el último año y medio acumulan pérdidas por $222 mil millones. Y Simon explicó que si la judicialización por la adecuación de los planes de salud sigue ocurriendo como hasta ahora, habría que sumar a esa cifra un adicional de eventuales pérdidas por $48 mil millones. Si a eso se suma que la judicialización por tabla de factores se mantiene al mismo ritmo, serían otros $76 mil millones de déficit.
Así, explicó que por ahora las razones que explican el déficit de la industria son el congelamiento de precios de los planes desde 2020 hasta mediados de 2022, la judicialización que se ha retomado este año, y el crecimiento de licencias médicas.
Sobre la judicialización, Simon mostró que la intendencia de fondos de la Superintendencia de Salud ya ha acogido más de 30 mil demandas, y las Cortes de Apelaciones del país más de 300 mil recursos de protección. Los primeros están pendientes de la resolución de última instancia que deberá hacer el superintendente, y los segundos de la Corte Suprema.
Simon también mostró las implicancias de fallos adversos a las isapres. Primero, advirtió que en costas judiciales la industria debería desembolsar unos $34 mil millones considerando que son $100 mil por recurso de protección en promedio. Segundo, por el hecho de no poder reajustar planes a todos quienes han demandado, estiman pérdidas de ingresos de $14 mil millones para el año 2022. Todo eso significaría una merma total de $48 mil millones por el proceso de adecuación, adicional a las pérdidas que ya arrastra la industria hasta ahora.
Simon también mostró que tienen una situación deficitaria, porque en el primer semestre los ingresos fueron menores que los gastos. Pero argumentó que si se aplicara “adecuadamente” la ley 21.350 que según dijo, prometía terminar con la judicialización, se podría normalizar el ingreso con el gasto promedio. “Si hubiera funcionado la ley, hubiera equilibrado al sistema. Sin embargo, lo que hace la judicialización es que elimina esa posibilidad y mantiene el déficit”, recalcó.
Recordó que hay una segunda judicialización, que es por tabla de factores. “Esta puede ser incluso mas grave que la anterior”, señaló. Ahí explicó que este tipo de judicialización lleva poco tiempo, en 2021 sumó más casos, y cada vez crece más: van 95 mil recursos de protección entre enero de 2021 y junio de 2022. Detalló que hoy son 7.500 nuevos casos por mes, es decir, esperan que haya más de 200 mil y 300 mil casos acumulados a fines de 2023 y 2024. Es por esto que calculan una pérdida de ingresos de $50 mil por mes por cada contrato, lo que genera una caída permanente de ingresos mes a mes. También estiman que por costas judiciales pagan unos $250 mil por contrato.
El presidente de la Asociación enfatizó que “sin normas claras y que se apliquen, ningún sector puede funcionar. En la práctica, lo único que estamos comentando, es que hay leyes y normas, y lo único que pedimos es que las leyes y las normas se cumplan. Eso es todo”.
Luego expuso el superintendente de salud. Torres aclaró que sobre el tema de adecuación de planes no se puede manifestar porque está pendiente su resolución, pero también aclaró que no se ha impedido el alza del precio base. Sobre ello, enfatizó que está vigente para todos los casos que no se han judicializado ni han llegado a la Superintendencia. Eso significa que “el sistema ha recibido en el mes de julio, de ingresos por esa vía, casi $10 mil millones. Solo en julio. No estoy diciendo que con esto vaya a salvar la situación. Quiero poner el punto, porque se ha dicho que se ha impedido la adecuación, y no es efectivo, esta se ha ejecutado”.
Torres también puntualizó que los 30 mil reclamos que han llegado a la Superintendencia por esta materia corresponde a menos del 2% de los cotizantes, por lo concluyó que “el impacto es cero, no tiene costas”. Y también comentó que “no se ha cambiado de criterio con el cambio de administración”. Asimismo, dijo que “la ley se cumple, yo creo que es complejo decir que un organismo como el nuestro no estuviera cumpliendo la ley... podremos tener debate sobre la interpretación a través de las sentencias, pero decir que no cumple la ley no me parece correcto”.
En cambio, sobre la judicialización por la tabla de factores dijo que concuerda con la Asociación de Isapres. “Creo que hay que avanzar ahí en una reforma, ojalá de tipo legal. Mañana tenemos la primera mesa que ha convocado la señora ministra de Salud con las isapres para poder trabajar en conjunto algunas materias, y el tema que se ve mañana es precisamente el de tabla de factores, para ver de qué manera se puede avanzar en ese sentido”.
