Las isapres emitieron un comunicado pidiendo al gobierno celeridad para conocer de qué manera se va a poner en marcha el fallo que dictó el 30 de noviembre la Corte Suprema, el que ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud.
“Ha pasado más de un mes desde el dictamen de la Corte Suprema, que instruyó a la Superintendencia de Salud definir la metodología de ajuste de los planes de isapre a la tabla de factores vigente. Y, a pesar de que organismos y expertos han planteado la criticidad de esta materia, la falta de celeridad en la autoridad mandatada a cumplir el fallo es grave: la Superintendencia de Salud no ha convocado al sector a un análisis de riesgos y no se ha vuelto a citar la mesa de trabajo que lidera el Ministerio de Salud”, señaló la Asociación de Isapres en una declaración.
Agregaron que “la decisión que adopte la Superintendencia de Salud determinará si continúan o no las isapres y, con esto, las coberturas que han elegido, de acuerdo con sus necesidades, más de tres millones de afiliados. Si la autoridad opta por inhabilitar operativamente a las isapres, no solo se iría en contra de lo dispuesto por la Corte Suprema, que ordenó regular el funcionamiento futuro del sistema, también se causaría un daño irreversible a la red completa, que atiende a la mitad del país, impactando en cadena a prestadores, médicos, afiliados y, especialmente, a quienes sufren problemas de salud”.
También dijeron que “si el gobierno opta por un cierre forzoso de las isapres, casi 350 mil pacientes GES quedarán desprotegidos y forzados a migrar intempestivamente al Fonasa, agravando el problema de oportunidad que tiene a casi 2,3 millones de personas en lista de espera”.
Advirtieron que “algunos efectos de esta situación límite ya se han hecho evidentes y están afectando a los pacientes. Por eso es imperioso que la Superintendencia de Salud informe sus definiciones a las isapres y entregue lineamientos, al menos generales, con la mayor celeridad, para dar claridad a las personas y al sistema”.
Asimismo, comentaron que “el esperado proyecto de reforma al sector ha sido proyectado hacia fin de este año o comienzos de 2024. Mientras, se requiere un sistema de salud que funcione y dé tranquilidad y respuesta a quienes más lo necesitan, permitiendo el necesario espacio de discusión para transitar apropiadamente al nuevo ordenamiento, con las garantías de oportunidad, acceso y libertad de elección que exigen las personas”.
Por último, afirmaron que “los plazos apremian y no se evidencia que el gobierno esté ponderando el peligro de una crisis sanitaria de esta magnitud. Cabe hacer presente que las precauciones en materia de salud y el mandato de proteger la vida de las personas, son obligaciones de la autoridad que no deben desconocerse”.
