En medio de la aceleración de la digitalización de los trámites en que se involucra el Estado y los que se necesitan para el desplazamiento en el marco de la crisis sanitaria, fue cuando llegó en septiembre el abogado de la Universidad Católica, Carlos Gómez, para asumir como jefe de la división de Gobierno Digital (DGD) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Otro de los eventos que tuvo que enfrentar el exjefe de gabinete del Ministerio de Justicia, entre 2018 y 2020, fue el hackeo al área de DGD y que obligó a iniciar un proceso de actualización de la Clave Única.

Gómez también destaca que “el uso de Clave Única ha tenido un crecimiento impresionante”. Según datos de la DGD, en julio de 2012 hasta el 31 de marzo de este año contaba con 6 millones de usuarios. Y con los nuevos inscritos desde abril a la fecha ya superó los 9,7 millones, según sus cifras.

Por otro lado, la iniciativa pasó de un promedio en 2019 de 8,5 millones de inicios de sesión mensuales a más de 50 millones en agosto. “En cuanto a usuarios por mes, pasamos de 1 millón a 4,5 millones. Los números hablan por sí solos”, destaca Gómez.

Suplantación de identidad: el principal riesgo a la hora de hacer trámites digitales

¿Cómo ha sido el crecimiento de los trámites digitales durante la pandemia?

-La crisis sanitaria ha acelerado la digitalización de trámites. De los 108 procesos que se habían digitalizado a julio de este año, muchos de ellos con el apoyo de la División de Gobierno Digital, 37 estaban planificados para el 2021.

Y no solo la cantidad de procesos digitalizados se ha acelerado a causa de la pandemia, sino la cantidad de trámites que los usuarios llevan adelante a través de esos procesos. Los mejores ejemplos de ellos son la Comisaría Virtual y Clave Única.

¿En qué cambia sus planes este escenario?

-Claramente la realidad nos ha forzado a poner más foco aún en la digitalización y en brindar a los órganos de la administración del Estado el apoyo que requieran para ello, aún cuando ya lo teníamos presente desde el instructivo presidencial de inicios de 2019 y por el desafío que representa implementar exitosamente la Ley de Transformación Digital, promulgada en noviembre del año pasado, uno de cuyos pilares es la imposición de que los nuevos trámites deban ser creados desde su origen en formato digital.

¿Por qué es importante impulsarlo?

-Un trámite no digital puede tomar, siendo conservadores, una hora y media de tiempo y gasto en movilización. Mientras que un trámite digital lento, unos 20 minutos. Y casi nada de gasto. El beneficio es tan evidente que nuestra preocupación se tiene que centrar en diseños amigables con el usuario, eficientes y con buenas campañas de difusión, apoyados sobre una base sólida en ciberseguridad. La penetración de la digitalización es un fenómeno espontáneo e imparable.

El hackeo que sufrieron, ¿cómo creen que afecta el posicionamiento que tenía el desarrollo de trámites de forma digital?

-Episodios como éste son un llamado de atención. El crecimiento de la digitalización tiene que ir de la mano con el crecimiento en ciberseguridad. Ojalá hubiéramos estado nosotros un paso adelante, pero no fue así. La lección fue aprendida, espero que no solo por nosotros, sino por todos quienes son responsables de sistemas digitales. La ciberseguridad debe ser tanto o más prioritaria que el avance en digitalización. Y es un desafío que nunca vamos a poder dar por cumplido, porque los estándares siempre tendrán que ir escalando, de la mano de la tecnología.

¿Cómo buscan que el usuario confíe en este proceso de digitalización tras el hackeo?

-El esfuerzo que desplegamos y la rapidez con que actuamos para detener al atacante es una demostración de que para el Estado, y para nosotros en Gobierno Digital, la protección de los datos es una prioridad. Esto debe darle tranquilidad a la gente. Es un hecho que en materia de digitalización no hay vuelta atrás. Por lo mismo, hemos tomado, y seguiremos tomando todas las medidas necesarias para aumentar nuestros niveles de seguridad, para poder trabajar con confianza y que Chile así lo perciba.

Además, se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que moderniza nuestra legislación contra los delitos informáticos, cuya aprobación será un paso fundamental para el país en la protección contra el cibercrimen.