José Manuel Mena y reforma tributaria: “Hay que recaudar más, pero no lo podemos hacer a costa de que quedemos sin niveles competitivos”

“Estamos en una coyuntura de las más complejas que me ha tocado vivir”. Esa es la reflexión con la que José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, aborda los desafíos que hoy día vive el país. Al respecto, apunta al plebiscito de salida del proyecto de nueva Constitución, a la reforma tributaria y a la de pensiones, más la desaceleración global y sus efectos en distintos rubros, donde el agrícola, salud, proveedores de minería y construcción concentran su preocupación.

Pero según Mena, lo que más le inquieta es “la desunión. El camino que parecía una línea de esperanza (nueva Constitución) no está siendo así, y aspiraría a que viviéramos la situación que vivió España, que aprobó su nueva Constitución con el 97% (de apoyo). (Acá) El proyecto ha dividido, no es el proyecto de la esperanza”.

¿Qué no le gusta de la propuesta de nueva Constitución?

-Como bancos, estamos acostumbrados a hacer lo que la ley define, y en ese aspecto hay certidumbre jurídica, pero en el texto hay muchas ambigüedades en muchos temas, da pie a muchas interpretaciones, lo que no es propio de un buen texto.

¿Votará por el Rechazo?

-Los bancos no votan y los gremios menos. Lo que vote yo es indiferente.

¿Qué genera más incertidumbre: Apruebo para reformar o Rechazo con un nuevo proceso constituyente?

-Hoy nuestra conversación parece estar bajo una neblina que solo mira el 4 de septiembre, pero hay voces prudentes que han planteado que la mirada debiera ser el 5 de ese mes. Para quienes somos chilenos y hemos decidido mantenernos en el país, creo que la conversación tiene que darse para poder generar acuerdos y unión hacia el 5, 6 y 7 de septiembre.

¿Qué artículos preocupan, en particular, a la banca?

-Cuando hay espacios de incertidumbre es delicado. Los bancos somos la suma de todas las industrias, vemos dificultades en cambios relevantes, con espacios de incertidumbre respecto de cómo se transita en muchas áreas como minería o agricultura, por ejemplo, o educacionales; los cambios deben hacerse en buena forma, pero estamos viendo una caída de la inversión.

En este contexto, ¿qué sectores están mirando con mayor inquietud?

-Diría que en general los sectores mencionados, pero no son únicamente las empresas madres, hay un submundo de entidades y personas que viven en torno a ellas, regiones completas incluso. Entonces, la preocupación tiene que ver con que los cambios se hagan de una forma razonable, de sentido común, mirando las mejores prácticas occidentales. Ahí es donde hay espacio para mejoras. Y cuando hay espacio de ambigüedades, se llega a una judicialización, y eso es una traba para cualquier actividad. Vuelvo al punto de que debe existir certidumbre y no ambigüedades para que tengamos un escenario donde podamos crecer. En ese sentido, he planteado que no solo debemos mirar la recaudación (tributaria); históricamente, nuestro país ha financiado el 80% de los beneficios sociales con crecimiento, y el 20% con recaudación, esa es una situación que no se puede cambiar. El país necesita volver a confiar y para eso la mirada hoy está muy nublada por el 4 de septiembre.

¿Sí o sí se necesita una nueva Constitución, a su juicio?

-Creo que sí, pero aquella que logre el 97% de aprobación, como la española. Tal vez está muy lejos, pero al menos el 78% que logró el Sí en el plebiscito que abrió este proceso.

¿La reforma tributaria agrega volatilidad al escenario actual?

-No lo centraría en eso, sino que habitualmente una reforma tributaria debiera tener dos objetivos: recaudar más y ser procrecimiento. Cuando solo se centra en recaudar, habitualmente no les va bien. Proyectos anteriores han recaudado menos de la mitad o un tercio.

¿Qué aspecto específico les parece más complejo?

-Hay incógnitas respecto a la depreciación acelerada. Pero también hay tres temas: la reforma es necesaria, pero también debe buscar elementos que mantengan incentivos a la inversión. Segundo, el esquema de cómo se maneja el SII, el esquema de incentivos, creo que no recoge buenas prácticas internacionales. No puede ser juez y parte, y la baja del perfil de los Tribunales Tributarios es un problema. Y por último, los parámetros que se plantean generan desincentivos en sectores específicos. La minería es un ejemplo, se sale de los rangos razonables de un país abierto al mundo; lo que hagamos en Chile se mira comparativamente con lo que sucede en Perú, Ecuador, Canadá y Australia, y algunos países africanos.

Pero la recaudación del país como porcentaje del PIB está en torno al 20% del PIB, bajo el promedio de la Ocde, del 33%.

-Hay personas destacables del mundo académico que dicen que estamos entre 2 y 4 puntos por debajo, no a 14 puntos, porque metodológicamente hay un error cuando se hace ese cálculo. Hay que recaudar más, hay que hacer el esfuerzo, no hay dudas, pero no lo podemos hacer a costa de que quedemos sin niveles competitivos respecto de otros países.

¿Y con qué herramientas se podría recaudar más entonces, si por ejemplo la tasa a las empresas ya está en el promedio Ocde?

-Una línea de respuesta es aumentar la base tributaria de las personas, porque ciertamente una reforma que se centra en los profesionales de cierto nivel no tiene mucho sentido. Creo que quizás hay que aumentar ciertos niveles en la base de quienes tributan, que al mismo tiempo reciban beneficios que compensen el pago de impuestos. En un minuto tenemos que entrar a mover la base tributaria bajando la base de los exentos, porque la curva no es coherente con lo que el país aspira. Quizás es algo que será parte de la discusión legislativa. Es una noción que desde el punto de vista de los académicos hay que enfrentar, no es políticamente correcto, pero los gobiernos que trascienden son aquellos que se atreven a liderar en situaciones difíciles.

Ahora, también hay situaciones de cómo gastamos, y desde el punto de vista de quien gobierna es difícil de enfrentar. Pero también hay que ver cómo priorizamos. La mirada de que somos un país rico y, por tanto, vamos a solucionar todas nuestras necesidades en el corto plazo es irreal, nunca fuimos un país rico, podemos tener más recursos que algunos vecinos, pero la realidad no es que todos viven en Vitacura.

A la reforma tributaria también se suma la reforma de pensiones. ¿Cómo miran la iniciativa?

-El punto es qué capacidad tenemos como país para volver a tener ahorro a largo plazo, porque a partir de los retiros se destruyó ese ahorro. Hoy la buena noticia es que no siguió subiendo la tasa y se puede financiar una vivienda a UF+5,5%. La mala noticia es que es una cifra que supera cuatro veces lo que se podía lograr hace dos años, nos devolvió a Latinoamérica, cuando más bien nos parecíamos a Europa. En el sistema de pensiones, la experiencia occidental indica que la base es ahorro, pero cómo se llega a una ecuación razonable de mejora de pensiones en corto plazo sin destruir capacidad de ahorro a largo plazo que permita un sistema estable, al final es una decisión política.

¿Importa quién administra el 6%?

-A mí me importa que sea administrado bajo las mejores prácticas internacionales. Habiendo manejado un BancoEstado que estaba muy destruido cuando llegué, me parece que es posible que los sistemas sean en parte públicos, pero lo que conocí, para poder llegar a un buen manejo del banco me demoré más de 5 años, y estuve 13 años. Lo que importa es que haya ahorro a largo plazo y que la forma de toma de decisiones y prácticas operativas sean las mejores.

En un reciente informe, ustedes dijeron que el flujo de colocaciones cayó un 4% mes a mes, y un 6% las comerciales. ¿Eso da cuenta de la desaceleración económica?

-La banca es el espejo de lo que ocurre en el país. Los bancos históricamente crecíamos 2,5 veces el PIB y hoy estamos cayendo, lo que significa que la economía está cayendo. No hay proyectos de inversión relevantes por parte de las empresas y en el caso de las personas, el consumo está cayendo como piano, entre el 13% y el 14%. Para nosotros, como bancos, más que la caída nos preocupa la salud de los deudores. En ese caso nuestra mirada permanente es monitoreo sobre capacidad de pago, y lamentablemente pasa que hay segmentos a los que ya les dijimos que no en algún minuto, que se han deteriorado más y son menos viables.

¿Qué sectores?

-En el comercio nosotros estamos preocupados por algunos segmentos, porque la caída es bien relevante, y la presión que se viene sobre el comercio establecido, dado el comercio informal, es una situación que no creo que esté siendo bien gestionada por la autoridad.

¿Ven ese problema en todo tipo de comercio?

-Hay segmentos de las ciudades que por efecto de la pandemia y la violencia se han destruido. En nuestro centro de la ciudad, la cifra que manejo es que son más de 1.000 locales cerrados, Pero eso no solo sucede en el centro de Santiago, hay también otras ciudades donde está pasando algo semejante. Además, hay sectores del comercio que están complejos por otras razones: el efecto del alza de la inflación en los precios de la cadena logística, en algunos casos no se ha podido traspasar a clientes. Hay grandes empresas con más capacidad de sortear el momento, pero hay otros segmentos medios donde es complejo. Y también escucho del sector salud y proveedores de la minería que están impagos, y veo que hay sectores agrícolas donde los buenos precios no se han concretado en buenos márgenes, en parte por la cadena logística de exportación.

¿Y construcción no les preocupa?

-La construcción vive de proyecto tras proyecto, y los nuevos proyectos se han detenido de forma relevante, más del 50%. Pero en aquellos que ya tenían un trabajo hay temas de permisos donde no hay claridad, hay temas administrativos donde uno ve señales muy malas si se generalizaran: Ñuñoa, por ejemplo, Estación Central, o situaciones que se alargan como en Recoleta. Uno esperaría ver una mirada de mediano plazo. Necesitamos crecer, y en la situación de permisología en general, se deben tomar decisiones estrictas, pero que posibiliten un camino de salida. En la minería la tasa de rechazo es mayor que en otros períodos, y la información que tengo, parcial, es que la situación no es solo en la minería, sino que en otros que requieren permisos también no hay una tasa adecuada de aprobación. Entonces, uno se pregunta por las condiciones del juego.

¿Cómo ven el avance de la ley fintech?

-La iniciativa requiere de una normativa y para eso se necesita un regulador que tenga los recursos. El proyecto no los contempla de forma razonable para el tamaño del problema. Solo en la foto actual entrarían a ser reguladas 250 fintech, pero la ley plantea del orden de 22 a 23 personas como planta adicional en la CMF y unos pocos de miles de dólares al año. Es insuficiente, nosotros queremos un muy buen regulador.

Y le pagan muy bien...

-Pagamos como US$100 millones al año, y el 80% va a recursos de la nación. Pero más que eso, nuestro punto es que quisiéramos un regulador que tenga una capacidad para, por ejemplo, regular y avanzar no en cuatro años, sino que en plazos más cercanos en la ley fintech.

Otro de los temas que han surgido en los últimos años es el comercio informal y el incremento de los delitos. ¿Cómo lo están abordando?

-Hay una gama de páginas por internet donde hay fraude, y otros son prestamistas informales. Algunos dan tasas fuera de cualquier control y formas de garantía que no guardan relación con el mundo del crédito. ¿Cómo se soluciona? Creo que no hay tanta conciencia en términos políticos. Cada vez estamos perdiendo más espacio frente a la informalidad, donde es necesaria una agenda proinclusión financiera. Nosotros hemos planteado a la autoridad la necesidad de poder pasar a inmigrantes a la formalidad, porque no tienen RUT y por tanto no pueden recibir beneficios sociales y tampoco pueden tener una cuenta. Hay que conformar una agenda de trabajo y estamos disponibles.

También se ha visto un incremento de los asaltos en las salidas de las sucursales.

-La seguridad pública es un problema del Estado, nosotros podemos apoyar iniciativas puntuales, pero no es entendible que el mundo privado gaste más de US$2.000 millones anuales en seguridad. Estamos haciendo un protocolo y mejorando procedimientos para identificar a las personas que, por ejemplo, entran a una sucursal. También hemos cambiado procedimientos de manera que en las cajas haya visualmente mayor seguridad, y hemos generado procedimientos para tener grabaciones de mejor calidad. Nosotros hemos terminado el plan piloto que cubrió 18 sucursales, y estamos disponibles para dar el siguiente paso, que son más de 400 sucursales en 23 comunas que han sido definidas por la autoridad. Esto pasa por coordinaciones, por seguridad pública, pero también por conciencia. Que una persona vaya a una sucursal y retire $5 millones para caminar dos cuadras y depositar en otra sucursal, ahí pasa por educación financiera.