La liquidación voluntaria de Microplay sigue entrampada. Luego que el 11° juzgado de Santiago rechazara hace una semana la solicitud de la compañía por no considerar que ésta fuera insolvente, la tienda especializada en videojuegos volvió a insistir a inicios de esta semana en su intención por liquidar los activos de la compañía.

Sin embargo, la insistencia de la empresa nuevamente chocó contra el tribunal, que este martes rechazó el recurso de reposición, así como la apelación presentada en subsidio, dejando a la deriva el futuro de la sociedad.

En la resolución dictada por la jueza Ximena Sumonte, el juzgado afirmó que “los argumentos esgrimidos en la reposición no logran desvirtuar lo ya razonado y dispuesto por el tribunal en la resolución recurrida”, y además desestima la apelación subsidiaria por no ajustarse a lo requerido por la ley que regula el cierre de empresas.

Cabe recordar que en su recurso de reposición, Microplay cuestionó el razonamiento del juzgado cuando rechazó su solicitud original, y calificó de “errada” la definición de insolvencia aplicada.

En dicho documento, la defensa de Microplay detalló que los activos de la compañía ascienden al valor de $3.693.916.277, mientras los pasivos ascienden a la suma de $5.704.217.481. Ante esto, aseguraban que “no se vislumbra razón alguna como para afirmar que Microplay S.A no es insolvente en los términos que la Ley 20.720 indica”.

Al informar el estado de la empresa, Microplay especificó que su planila contempla a 177 trabajadores. La misma empresa había señalado al tribunal que si no se le permitía vender sus bienes, los trabajadores no podrían recibir sus sueldos ni sus finiquitos, además de no habilitarlos para acceder al seguro de cesantía.

Durante esta tarde, los abogados que asesoran a los trabajadores entregaron su consejo legal.

“Nuestra recomendación como abogados de chiledefensa.cl es que los ex trabajadores presenten demandas de autodespido y se organicen a fin de solicitar la liquidación forzosa de la empresa”, señaló Octavio Azócar, abogado que representa a una parte de los trabajadores.