La columna de Gonzalo Said: “La seguridad en Chile: es hora de un plan integral y un horizonte de ejecución”

Chile atraviesa un punto de inflexión en materia de seguridad. Los recientes asesinatos ocurridos durante los fines de semana largos, sumados al audaz robo en la sucursal de Brinks en Rancagua, son señales alarmantes del avance del crimen organizado, y con el, de una violencia que afecta a toda la sociedad. Estos eventos no son aislados; forman parte de un preocupante panorama de escalada de inseguridad que se ha vuelto parte de la cotidianeidad.

Las cifras son alarmantes. Durante 2023, se registraron 3.670 casos de homicidios, un aumento del 80% en el último quinquenio, de acuerdo con un informe reciente del Ministerio Público. Además, los robos con violencia llegaron a 47.535 casos en el periodo enero-agosto de este año, solo en la Región Metropolitana, un máximo histórico. Estas estadísticas no solo evidencian una tendencia alarmante, sino que también revelan la creciente sofisticación y brutalidad del crimen organizado en Chile.

El consultor e investigador en terrorismo internacional y crimen organizado, Pablo Zeballos, ha advertido recientemente sobre las raíces profundas y la expansión del crimen organizado en nuestro país. Sus palabras reflejan una verdad incómoda: las estructuras criminales se han infiltrado en diversos sectores, afectando la vida diaria de los ciudadanos y representando un peligro inminente para la seguridad nacional. Este tipo de delincuencia no solo es más violenta, sino que también es más organizada, lo que requiere una respuesta igualmente contundente y bien coordinada.

Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿Qué estamos haciendo al respecto? Durante años, hemos visto la creación de múltiples mesas de trabajo, la elaboración de diagnósticos parciales y la presentación de planes que, en su mayoría, no han logrado frenar la ola de criminalidad. Según un informe reciente, en los últimos cinco años se han creado más de 20 comisiones y mesas de trabajo para abordar el tema, sin resultados significativos. Sin un diagnóstico actualizado, integral y de amplia aceptación, seguiremos enfrascados en soluciones parche sin abordar los problemas de fondo.

La seguridad debe ser una preocupación transversal, una prioridad que trascienda las diferencias políticas. La seguridad de nuestros ciudadanos es un pilar fundamental de nuestra democracia, y como tal, debe ser tratada con la seriedad y altura de miras que merece. Solo a través de un consenso nacional, con un enfoque integral que involucre a todos los actores relevantes—gobierno, fuerzas de seguridad, comunidad y empresas—podremos hacer frente a este desafío.

Chile necesita con urgencia un cambio de rumbo en su política de seguridad. Necesitamos una hoja de ruta clara, con plazos y objetivos concretos. Es imperativo contar con medidas que desmantelen las redes del crimen organizado, que fortalezcan a nuestras fuerzas de seguridad, y que restablezcan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

En esta encrucijada, hago un llamado a nuestras autoridades y a todos los actores políticos a dejar de lado las diferencias y trabajar unidos en la construcción de un país más seguro. No podemos permitir que la violencia y el miedo se normalicen en nuestra sociedad. La seguridad es y debe seguir siendo una prioridad nacional, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que así sea.

*El autor de la columna es vicepresidente de Sofofa