La reciente decisión de Colbún de suspender su proyecto de $1.400 millones en Chile, en contraste con la inversión millonaria anunciada por Celulosa Arauco en Brasil, pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las empresas al intentar invertir en el país. Este fenómeno no es aislado y refleja un patrón que ha llevado a muchas empresas a buscar destinos más favorables para sus inversiones.
Uno de los principales obstáculos para invertir en Chile es la excesiva burocracia. El caso de Colbún ilustra cómo el proceso de evaluación ambiental puede convertirse en un escollo significativo y falto de reglas claras. La empresa había presentado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que consideraba suficiente, pero el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó su recurso de reposición, alegando falta de información esencial. Esta incertidumbre genera un clima poco propicio para la inversión, ya que las empresas no pueden prever si sus proyectos serán aprobados o no.
A raíz del caso, el director regional del SEA de Antofagasta fue removido de su cargo y el ministro de Hacienda lamentó que “hay funcionarios o unidades que se les pasa un poco la mano”. Uno podría celebrar esta reacción, pero en realidad estas medidas reflejan exactamente el problema de fondo: la entrega de permisos en Chile no es objetiva y está sujeta a la discrecionalidad de diversas autoridades.
En paralelo a la decisión de Colbún, la empresa Arauco anunció un millonario proyecto en Brasil, por US$4.600 millones. Es una triste paradoja que mientras a una empresa local que intenta invertir en Chile le ponen todo tipo de obstáculos, otra busca mejores horizontes donde la inversión extranjera es bienvenida y los plazos para aprobar permisos son más acotados que en nuestro país.
La situación actual refleja un clima de incertidumbre que desincentiva la inversión. La burocracia y la “permisología” son obstáculos reales. Diversos informes apuntan a que el proceso de evaluación ambiental en Chile es percibido como rígido y poco transparente, lo que genera desconfianza entre los inversionistas.
Países más avanzados como Singapur u otros, que hasta hace poco eran similares al nuestro, y que, en el pasado reciente, han despegado en el concierto internacional -como la República Checa-, entienden que su desempeño depende de que el marco económico y regulatorio sea atractivo para la inversión. En el caso del líder asiático, mantienen impuestos corporativos bajos (17%) y las empresas pueden beneficiarse de exenciones fiscales significativas durante sus primeros años de operación. Además, el gobierno singapurense promueve la inversión extranjera directa mediante incentivos fiscales y reducción de barreras comerciales en sectores clave como tecnología, manufactura y servicios financieros. República Checa, por su parte, tiene una Ley de Incentivos a la Inversión que ofrece beneficios como descuentos en impuestos sobre la renta y subsidios para la creación de infraestructura, además de una baja tasa de impuestos corporativos (19%).
Si queremos atraer inversiones, es urgente hacer cambios que buscan equiparar las condiciones que otras economías ofrecen a los que arriesgan su capital. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los proyectos que podrían desarrollarse en Chile se terminan haciendo en otros lados, impactando en el largo plazo la creación de empleos y el bienestar de las personas.
*El autor de la columna es socio de Mirada Externa
