Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Chile cuenta con el 37% de su superficie bajo alguna figura de conservación de patrimonio natural, ya sea pública o privada, terrestre, marina, lacustres o de agua dulce, en donde el 21% del territorio nacional es administrado directamente por esta institución que busca promover su preservación.

En este contexto, llama la atención de que nuestro país cuente con el doble del promedio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de su territorio en estado de conservación, lo cual nos pone en un punto de partida que nos debería hacer sentir orgullosos al objeto de promover un marco de sustentabilidad. El punto es que teniendo un ordenamiento macro de conservación muy por sobre nuestros pares ¿Cómo articulamos el ordenamiento del resto del territorio? ¿Deberíamos exigir a cada proyecto fuera de zona de conservación los más exigentes estándares de conservación a costa de una ralentización del necesario proceso de inversión o deberíamos mantener un porcentaje relevante de conservación y permitirle al resto del territorio una propuesta de desarrollo armónico?

En lo institucional, Chile cuenta con una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) vigente desde 2021, que define los principios para armonizar distintos planes bajo un prisma de sostenibilidad. Para concretar esta política, se deben elaborar los planes regionales de ordenamiento territorial (PROT), sin embargo, llevamos 12 años sin poder concretar un reglamento que los defina. En el intertanto hemos avanzado por un camino que no tiene parangón en nuestra historia republicana en donde contamos con una PNOT aislada sin una directriz que vincule el bien común a nivel regional, intercomunal y comunal. En pocas palabras, hemos sido testigos de cómo los planes reguladores comunales, intercomunales, de borde costero, Ley Lafkenche o desarrollo indígena avanzan desde su vereda, generando un desorden territorial sin un objetivo claro y uniforme que puedan dar certeza al necesario desarrollo y a la objetiva sostenibilidad. El ordenamiento territorial es probablemente el principio determinante para otorgar certeza jurídica y destrabar gran parte de la incertidumbre permisológica, pero lo enfocamos a nivel fragmentado y no integral.

Los PROT deben ser levantados desde regiones teniendo un principio de ordenamiento macrozonal basado en la empatía y solidaridad entre vecinos, que dé solución a problemáticas básicas habilitantes de funcionamiento a nivel de infraestructura, corredores bioceánicos, puertos, riesgos de desastre, vivienda, energía, transmisión de servicios básicos, producción y desechos, pero para una adecuada definición debe necesariamente tener una armonización nacional, macrozonal, regional y comunal. Resulta paradójico que, en este contexto de fragilidad institucional, los dos puertos simbólicos para promover el desarrollo de toda la macrozona norte y centro del país (Mejillones y Valparaíso) estén bajo la lupa de una definición comunal sin ningún contrapeso de cómo afecta a la gran mayoría de habitantes de la macrozona y en definitivas, del país en su totalidad.

¿Debe una comuna declararse zona turística sin ninguna directriz de vinculación macrozonal o nacional cuando posee el puerto o infraestructura crítica clave para el desarrollo de varias regiones? En pocas palabras, la indefinición que tenemos en donde lo micro pone en jaque el bien común se podría describir como el caldo de cultivo perfecto para fragmentar, judicializar, complejizar la permisología y poner una barrera más al desarrollo regional de Chile.

Si a nivel mundial Chile tiene uno de los mayores espacios para promover la conservación y biodiversidad, ¿Por qué desconocemos un tema tan fundamental y nos empecinamos en fragmentar un ordenamiento micro cuando en lo macro tenemos una posición única para armonizar un ordenamiento referente a nivel mundial? Chile tiene una posición privilegiada de la que debemos de sentirnos orgullosos y no culpables, pero para dar el salto al desarrollo debemos necesariamente ordenar de lo macro a lo micro sin renegar de nuestra identidad y condición única para promover el mejor desarrollo para las personas.

*El autor de la columna es consejero de la Sofofa