Chile aún no se sacude del horrendo asesinato de tres carabineros en la Región del Biobío y debe seguir preguntándose cómo es que llegamos a estos niveles de inseguridad en la que bandas y grupos actúan con tal violencia y crueldad contra personas e instituciones. Bien se ha dicho que el progreso, la libertad y la democracia, requieren de seguridad y paz para construir futuro y esa es la responsabilidad que le cabe no sólo a gobernantes, legisladores y jueces, sino que a todos quienes toman decisiones que impactan en la vida de las personas.

Eso incluye por supuesto a empresas, industrias y conglomerados. Cuando somos testigos del aumento de la actividad de grupos criminales cada vez más brutales y temerarios, es necesario que como sociedad sepamos poner las urgencias donde corresponden. Es sensato -al calor del atentado contra Carabineros- apresurar legislaciones como la que regula en uso de la fuerza o una que permita la intromisión de las fuerzas armadas en labores de control de la delincuencia, pero queda la sensación de que se está partiendo por los efectos y no por las causas, que otra vez estamos poniendo la mirada en cómo responder el golpe más que en entender aquellos esquemas que dan origen y permiten la pervivencia del crimen más duro.

¿Dónde está el abordaje de los temas de inteligencia financiera, la identificación de lavadores de activos, los financistas de actos de connotación terrorista o los que les dan soporte operativo y financiero a bandas narco? ¿Por qué no estamos con el mismo ahínco con el que se pide la tramitación del proyecto de reglas del uso de la fuerza, demandando más herramientas para identificar transacciones sospechosas o flexibilizar cerrojos bancarios que permitan desarticular redes de corrupción que son las que alimentan al crimen organizado?

No podemos permitir que el dolor causado por la muerte de tres policías nos nuble y nos lleve a pensar que la única respuesta del Estado y la sociedad en su conjunto es limitarse a autorizar determinados protocolos a las policías ante la comisión de un delito. Esto es una escalada: ante la ausencia de controles, de modelos de prevención reales y no de papel, ante la imposibilidad de saber hacia dónde y de dónde vienen dineros sospechosos, la mafia tiene el camino despejado para seguir profundizando la crisis de seguridad. Si no atacamos ese flujo, la apuesta del lavador, del financista de grupos narco o criminales, se duplica.

Las empresas y en particular algunos sectores de la industria cumplen un rol fundamental en la cadena de anticorrupción al ser uno de los primeros eslabones capaces de identificar la actividad criminal y colaborar de manera efectiva en poner trabas a los delincuentes para que no puedan dar apariencia de legalidad a platas negras. Ese dinero es el que trae violencia, el dinero del lavado es el que trae el crimen organizado, es dinero violento, dinero corrupto que utiliza nuestro sistema económico y nuestra propia institucionalidad para atentar contra la vida de nuestros compatriotas. Es ahora nuestra responsabilidad decir hasta dónde les vamos a permitir llegar.

*La autora de la columna es presidenta de Chile Transparente y ETICOLABORA.