Más allá de quién se instale en La Moneda a partir de marzo del próximo año y cuál sea su cercanía con el actual modelo, el nuevo Presidente deberá enfrentar y manejar una economía marcada por un bajo crecimiento, altas tasas de interés e inflación, incertidumbre política y crecientes expectativas sociales insatisfechas. Se trata de un cóctel complejo que tendrá su mayor intensidad en 2022 y 2023 al menos.

Si bien los difíciles ingredientes de este menú hacen del mandato del nuevo Presidente de la República uno de los más complejos en la historia reciente, el crecimiento de la economía se ha venido deteriorando lentamente desde hace varios años. De hecho, la economía chilena está completando una década de crecimiento en torno al 2% promedio, lo que es la menor expansión desde la década de los 70.

“En mi opinión, el mayor riesgo es que la economía chilena definitivamente caiga en la trampa de la clase media (estancamiento permanente)”, asegura desde Nueva York el economista jefe de JP Morgan para el Cono Sur, Diego Pereira, quien reafirma el duro y complejo escenario que debe enfrentar el nuevo Mandatario en Chile.

El último informe de Política Monetaria del Banco Central y las estimaciones de los analistas privados desnudan la difícil situación. Tras crecer cerca del 11% este año, la economía se desacelerará de forma significativa y crecerá entre el 1,5 y el 2,5% el 2022 y entre el 1 y el 2% el 2023, según el BC. La fuerte desaceleración es coherente con la extinción de las elevadas transferencias fiscales (IFE universal), los retiros de ahorros previsionales de este año, y un presupuesto público que cae por sobre el 22 % para el próximo año.

“El crecimiento en Chile se va a resentir fuertemente el año que viene. En principio sería una desaceleración lógica luego de que la política fiscal y los retiros de los fondos de pensiones canalizados al consumo llevaron a un estado de sobreestimulación a la actividad. Nosotros esperamos una recesión técnica. Pero la inversión también se va a desacelerar, a pesar de un entorno externo que esperamos siga siendo beneficioso por el lado del precio del cobre. La política monetaria será contractiva, en consonancia con presiones inflacionarias persistentes (…). En resumen, un panorama complejo que demandará de un correcto mix de políticas para evitar mayores caídas del PIB tendencial y desajustes fiscales persistentes”, añade Diego Pereira, de JP Morgan.

Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander, reconoce que los próximos dos años serán complejos, con una merma importante en el crecimiento. “Por una parte, no es sostenible que el consumo siga expandiéndose al ritmo actual. Por otro lado, es difícil que la inversión crezca muy rápido teniendo en cuenta la incertidumbre y el estrechamiento de las condiciones financieras. Así, el crecimiento será magro. Además, los riesgos son a la baja. El ajuste del consumo podría ser más agudo y la inversión, lejos de crecer, podría contraerse”, afirma el experto.

Añade que las cuentas fiscales seguirán estrechas y con elevadas presiones de gasto. “De mantenerse lo establecido en el Presupuesto, el déficit público del próximo año será cercano al 3%, a pesar de un elevado precio del cobre, y la deuda se acercará al 40% del PIB. A esto hay que agregar las presiones inflacionarias que enfrenta la economía, derivadas de shocks internacionales y de la abundante liquidez que aún existe”, concluye el economista de Santander.

En la misma línea, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, reconoce que los desafíos para el próximo gobierno van a ser exigentes. “Si bien la economía va a mostrar un crecimiento en la primera parte del año 2022 debido a la inercia del alto consumo (de este año), en el segundo semestre podríamos ver caídas en la actividad”, afirma el experto, quien anticipa un crecimiento levemente negativo en su escenario probable para 2023.

Asegura que la Tasa de Política Monetaria seguirá al alza el próximo año para empinarse en torno al 5%, lo que afectará el costo de financiamiento y la inversión, de la mano de una inflación que solo cedería durante el 2023.

Claudio Soto va más allá: “La inflación se mantendría elevada durante el primer semestre del próximo año y luego comenzaría gradualmente a disminuir hacia la meta, lo que se lograría recién en 2023. Por otra parte, el crecimiento sería muy bajo, entre el 1% y el 2%. No es descartable que durante la segunda parte de 2022 se observen trimestres con variaciones negativas”.

Otro ingrediente que añade incertidumbre en materia de inversión y crecimiento es el la discusión al alero de la Convención Constituyente y los efectos de la nueva Constitución en el mediano y largo plazo.

“Los procesos económicos toman períodos largos de tiempo en ocurrir, pero lo que se está jugando Chile en esta etapa de su historia es la posibilidad de avanzar hacia convertirse en un país desarrollado o quedarnos estancados como un país de ingresos medios. Todo lo que ha venido ocurriendo desde octubre de 2019, incluyendo el deterioro de la política y de ciertas instituciones, nos acerca más a la segunda opción y los próximos dos o tres años serán decisivos para definir si seguimos en el mismo camino o nos reencauzamos hacia el desarrollo”, afirma el coordinador del Área Macroeconómica de Clapes UC, Hermann González.

Dependiendo de quién gane las elecciones presidenciales, explica el economista, es posible que se materialice una reforma que aumente de forma significativa los impuestos. “En este contexto, el crecimiento de la economía será muy bajo y no es posible descartar que Chile enfrente una recesión autoinfligida. El problema de este escenario es que, sin crecimiento, será muy difícil recuperar los más de 700 mil empleos que todavía están pendientes y se corre el riesgo de decepcionar las expectativas que se tienen respecto de los cambios que podrá hacer el próximo gobierno, junto con aumentar el descontento en diversos grupos de la sociedad”, sostiene González.

Para Diego Pereira, de JP Morgan, las acciones y señales que dé el nuevo gobierno serán claves para disminuir la incertidumbre.

“Empujar agendas descoordinadas con ansias de satisfacer la demandas de corto plazo del votante medio puede conspirar rápidamente en contra del crecimiento. Y redistribución sin crecimiento es una receta que ya hemos testeado repetidamente en la historia latinoamericana con harto fracaso. Una riesgo adicional y particular en el caso chileno es que el nuevo gobierno, que probablemente sufra problemas de gobernabilidad, también deberá articular con la Convención y la nueva Constitución”, sostiene desde Nueva York.

Claudio Soto, de Santander, también cree que en los próximos dos años Chile se juega una cuota importante de su futuro de mediano plazo.

“En términos macroeconómicos es bastante lo que está en juego. Está la posibilidad de mantener los equilibrios macroeconómicos, con una situación fiscal sostenible, condiciones de acceso al financiamiento a un costo bajo y una inflación que converja a la meta dentro del horizonte del Banco Central. Sin embargo, si no se dan señales adecuadas y no se cuidan los fundamentos macroeconómicos, se pueden incubar condiciones para una alta inestabilidad económica, con el consecuente impacto negativo en el crecimiento y en la posibilidad de seguir ampliando beneficios sociales y reduciendo la pobreza”, advierte.

Para el economista jefe de Santander, el nuevo gobierno desde el primer momento debe dar señales claras de un compromiso con las finanzas públicas sostenibles. “Esto es, que los gastos permanentes deben estar financiados con fuentes de ingreso permanentes, lo que implica ser muy realista respecto de las verdaderas posibilidades de satisfacer muchas de las demandas de la población. De cara a la segunda vuelta presidencial, quienes sigan en carrera deben tener cuidado con las promesas de campaña y con las expectativas que puedan generar en la ciudadanía”, concluye.

Sin embargo, un reciente reporte de LarrainVial a inversionistas internacionales sobre las elecciones presidenciales asegura que las presiones por gastos y deuda irán creciendo de manera constante en el próximo gobierno. “Incluso en nuestro escenario más conservador pronosticamos que la deuda pública mantendrá una trayectoria ascendente en los próximos años. Lo vemos aumentando al 52% del PIB en 2026, en consonancia con un déficit fiscal persistente del 3,0% del PIB”, alerta el estudio.