No hay decisiones inamovibles y todo puede cambiar día a día. Eso es lo que más repiten desde el gobierno a la hora de hablar sobre la reforma previsional y los pasos que piensan seguir para lograr un acuerdo que consiga sacar adelante el proyecto del Congreso.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, adelantó la semana pasada que ingresarán las indicaciones a fin de mes, con el objetivo de despachar el proyecto de la Cámara de Diputados entre octubre y mediados de noviembre.

Esos cambios que entrarán a la Comisión de Trabajo buscan agilizar la tramitación mediante un proyecto más acotado, disminuyendo considerablemente las 320 páginas que tiene hoy la iniciativa, pero que pese a ello incorporará precisamente los dos nudos más relevantes: la distribución de la cotización adicional del 6%, y la reorganización industrial. A eso se suma un tercer tema donde sí hay consenso: el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil.

Sobre los cambios que se harán al proyecto, por ahora el gobierno tiene algunas decisiones preliminares tomadas, pero no descartan que puedan ir cambiando en el camino con el objetivo de sumar apoyos. Ahí barajan distintas alternativas, y finalmente todo dependerá de la estrategia que decidan adoptar.

En este contexto, la ministra Jara confirmó la semana pasada que “vamos a presentar las indicaciones con 4%-2% al Parlamento, lo que más nos interesa, es que si eventualmente hay otras propuestas, la ciudadanía tenga muy claro que cada punto que se le baja al seguro social las pensiones van a seguir menos ahora y por tanto no son neutras las modificaciones que algunos parlamentarios proponen”.

El gobierno proyecta que, aún sin el respaldo de Chile Vamos, conseguirían los votos para aprobar la idea de legislar la reforma previsional en la sala de la Cámara. Pero no tienen los apoyos suficientes para aprobar en particular un 4% a seguros social y 2% a cuenta individual, ya que al menos la DC ha dicho que estaría por un 3% y 3%.

En caso de que se rechace esa distribución, estiman que el proyecto llegaría con menos fuerza al Senado. Por eso mismo están evaluando la idea de ceder el 3%-3% en la Cámara, durante la tramitación, posterior al ingreso de indicaciones. Pero no es una decisión que esté tomada, ya que eso también les restaría posición negociadora en el Senado, instancia en la que esperaban llegar a ese guarismo. También ha perdido fuerza la idea de eliminar el DL 3.500, lo cual sería dejado de lado en la Cámara.

A esto hay que sumar a la ecuación que la comisión de Derechos Sociales del Consejo Constitucional aprobó una enmienda que a juicio de constitucionalistas pone en duda que se pueda destinar cotización de pensiones para solidaridad, ya que establece que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas”.

Pese a que aún faltan varios pasos para que algo así se haga realidad, tanto al interior del Consejo Constitucional, como también porque la propuesta final de Nueva Constitución deberá ser ratificada o rechazada por la ciudadanía mediante un plebiscito con voto obligatorio, lo cierto es que si esa enmienda que se aprobó sigue tal cual, también le resta fuerza a la reforma del gobierno, por lo que estiman que mientras más apoyos sume su iniciativa en la Cámara, también le da un impulso a la hora de ir a negociar al Senado.

Sobre los eventuales apoyos que puedan conseguir en el centro político, considerando que actualmente el PDG y Demócratas no están de acuerdo con destinar un 4% a seguros social y 2% a cuenta individual, Jara señaló la semana pasada que “vamos a seguir conversando hasta el ultimo minuto, nuestro rol como gobierno es intentar que las cosas pasen y que no solamente se quede en testimonios o en proyectos de ley presentados”.

Uno de los temas prioritarios que el gobierno quiere sacar adelante en la reforma previsional es la separación de la industria de AFP, para que por una parte haya entidades que se dediquen a hacer rentar los fondos de pensiones, y que por otra parte haya una entidad única que realice la gestión de cuentas individuales.

El jefe de bancada de los diputados UDI, Guillermo Ramírez, la semana pasada se abrió a la idea de separar la industria de AFP, pero no con la fórmula que propone el Ejecutivo, sino más bien que “en el manejo de las cuentas haya un mercado competitivo igual que en el mercado de gestión de fondos”.

Eso no está muy alejado de una alternativa que hace un tiempo se barajó en el gobierno. El ahora exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, desde meses antes de dejar el gobierno estaba evaluando distintas ideas para la reorganización industrial, y una de ellas consistía en que los Inversores de Pensiones Privados (IPP) que quisieran pudiera constituir una entidad distinta que gestione cuentas individuales, pero que no sea requisito para constituirse como IPP. Así, aquellos IPP que no tuvieran una sociedad ligada que gestione cuentas, podrían contratar a alguna de las existentes para que cumplan dichas funciones.

Eso sí, todo eso incorporando también la licitación del 10% del stock de afiliados por año, cuestión que no es bien vista por las AFP, ya que reduce sus márgenes.

En todo caso, ahí la negociación más dura podría ocurrir en el Senado. Y aunque no es la alternativa predilecta del gobierno, no descartan que todo pueda terminar en una AFP estatal, incluyendo eso sí la licitación del stock.

Consultado esta semana sobre si el gobierno estaría dispuesto a la creación de una AFP estatal, como ha propuesto la bancada de RN, para lograr un acuerdo, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), dijo en Mesa Central de T13 que “nosotros estamos disponibles a las distintas alternativas, y en ese marco se está dialogando con los distintos actores, precisamente para ver cómo podemos destrabar puntos específicos que nos permita sacar adelante (la reforma). El compromiso del Presidente Boric, del ministro Marcel, y la ministra Jara, que particularmente está liderando la reforma de pensiones, es hacer nuestro mejor esfuerzo para llegar a un buen acuerdo para Chile”.