En enero de 2022, Icare y CPC presentaron un amplio documento en el marco de la Enade. Era la estructura y ciertas bajadas de una serie de grupos compromiso que habían armado en 2021 y que al final del día abordaban soluciones en base a una serie de temáticas. Hace diez días, el grupo de salud -liderado por la directora de Icare, Mónica Álvarez- le entregó al gobierno compromisos puntuales del sector privado para reducir las listas de espera; se habían reunido todos los miércoles con la cartera durante los últimos tres meses para concordar propuestas. “Hoy las cifras son más malas”, subraya Álvarez. Hay 230.000 cirugías que tienen más de 600 días de espera. El sector privado comprometió la realización de entre 50.000 y 100.000 cirugías anuales para disminuir esos números. “Son temas de gestión y de la forma en que el Ministerio licita las prestaciones que requiere del mundo privado. Si ese proceso se hace más fluido, las clínicas pueden aportar el nivel de cirugía que menciono”, subraya el director de Copec y past president de Icare, Lorenzo Gazmuri. Hoy, la entidad está a la espera de que el plan se eche a andar; una muestra -repetirán en esta conversación- de la necesidad y el efecto del trabajo público-privado, “lo único que puede resolver de buena forma los grandes desafíos del país”, dirán.
A comienzos de este mes asumió el nuevo Comité Ejecutivo de Icare. Lo integran la gerente general de Cadem, Karen Thal, en calidad de presidenta; el CEO de Agricom, Hans Eben, y el vicepresidente de Agrosuper, José Guzmán, como vicepresidentes; la presidente de buses Hualpén, Mónica Álvarez, como directora tesorera, y Lorenzo Gazmuri, como past president. A ellos se suma el director ejecutivo de la entidad, Manuel Vargas. En esta conversación, los primeros cinco -Gazmuri vía Zoom- abordaron su visión respecto de 2023, un ejercicio que concuerdan será peor que 2022. “Va a ser un año más malo”, dice Álvarez. “Va a ser un poco peor. Hoy día no hay luces para ser muy expansivo”, añade Guzmán.
Repiten que el rol de Icare bajo esta nueva mesa será reforzar su calidad de punto de encuentro entre las empresas; y de las empresas con la sociedad. “Los temas que son relevantes para el país y para las empresas durante el 2023 son la agenda de Icare para este año. Y cómo nosotros podemos colaborar para que los temas se expongan, se conversen y para que se trabajen”, señala Guzmán. “Uno de los activos de Icare es su condición de punto de encuentro de la diversidad de la sociedad chilena, y mi propósito como presidenta es fortalecer ese rol, en beneficio del país”, refuerza Thal.
Constitución y economía, los problemas de 2023
“Es evidentemente que tenemos un desafío político que tiene que ver con una nueva Constitución. Creo que la transversalidad del acuerdo y las bases dan un marco que da alguna certeza”, explica Karen Thal.
No hay visiones encontradas; el tema constitucional surge casi al unísono a la hora de abordar las temáticas que marcaran a Chile este año. Le sigue en paralelo la situación económica. “Cómo enfrentamos y cómo vivimos esta crisis económica, y cómo salimos lo menos dañados posibles de este momento”, sostiene Guzmán. “Estamos entrando en recesión, estamos planteando un escenario con una inflación que todavía creo que no está controlada”, dice la presidenta de Icare.
Hans Eben lo explica así: “Lo bueno es que Chile no tiene mucha historia de eso, pero al mismo tiempo lo malo es que eso hace que haya poca musculatura y agilidad con el tema de la inflación; desde las familias tenemos poca cintura para manejar la inflación, y en la empresa también, y menos si es de doble dígito; el impacto que tiene en los costos, en la masa salarial, en las proyecciones, uno lo está empezando recién a ver y eso tiene un impacto que no sé si está totalmente incorporado aún”. “Cuando uno tiene que hacer incrementos salariales del 12%-13%, y los costos te empiezan a aumentar 20%-25% en alguna cosa, cortar eso no es de un día para otro. Eso nos va a acompañar durante todo el 2023″.
Según Gazmuri, el riesgo está en que se posterguen las decisiones y por lo tanto el estancamiento se prolongue más allá. “Hay harto riesgo de que el país tenga un mal año, pero el riesgo está en que las bases para los que vienen a continuación no se construyan bien y nos quedemos estancados en cifras de crecimiento cero o negativas”.
Inversión y empleo
“Creo que los empresarios están invirtiendo menos de lo que podrían. Y están invirtiendo menos porque hay temores”, dice José Guzmán. “Un almacenero, una persona que se compra una casa es finalmente un empresario y si tienen un horizonte de riesgo respecto de que pueda ser exitoso en su aventura, toma riesgos menores y los riesgos menores implican entonces inversiones menores”.
Para Mónica Álvarez, un factor clave en este contexto es la confianza, condición sine qua non -destaca- para recuperar la inversión. “La confianza a nivel social y también la confianza del empresariado es necesaria para poder aumentar los niveles de inversión”, dice. Añade que “es importante siempre relevar el punto de qué tan importante es la inversión, porque la inversión finalmente es un motor de desarrollo y genera bienestar para las personas”.
Para Eben urge que se despejen ciertas leyes, proyectos de ley y regulaciones. “Lo que ha pasado con algunos proyectos inmobiliarios ha sido una muy mala señal, la falta de certidumbre en los permisos. Hay que comenzar a dar cierta certidumbre”, plantea.
El lunes se publicó el Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE). Los niveles de confianza volvieron a los que se vieron en pandemia, dicen. “O sea, cuando ya la incertidumbre era máxima, estábamos todos en cuarentena. Entonces, para que estemos en ese nivel es porque hay una incertidumbre máxima”, subraya Eben.
“Sumaría -plantea Thal- la delincuencia y la crisis de seguridad ciudadana que también le agrega incertidumbre al mundo empresarial”. Ejemplifica con el asalto al centro de distribución de Mercado Libre. “Es difícil hacer empresa y estar decididos a invertir con tanta incerteza, pero además con sentir que no estamos en un ambiente seguro”.
Lorenzo Gazmuri lo resume así: “La incertidumbre tiene que ver primero con lo constitucional, segundo con la reforma tributaria. Pero si vas avanzando está la reforma de pensiones con un impacto en el mercado de capitales y la incertidumbre de la regulación ambiental que hemos visto en algunos proyectos. O sea, creo que hay varios frentes de incertidumbre que hace que sea muy difícil determinar cuál es el prioritario”. “La regulación ambiental tiene frenada una cantidad importante de inversiones a lo largo del país, en minería en particular”.
Todos concuerdan en que bajo este escenario, el desempleo aumentará. “Naturalmente se va a generar desempleo producto de la caída del crecimiento”, destaca Álvarez. “Hay un tema bien importante también que es el tema de la informalidad: si hoy día pensamos que estamos viviendo una recesión, probablemente el problema es mucho más grande del que teníamos en la pandemia, entonces, los problemas que vamos a tener en términos del empleo son muy importantes”, destaca.
“El principio precautorio es que hay que anticiparse al escenario más malo. Y la autoridad está consciente de cuidar cada empleo que hay hoy día en Chile”, dice Guzmán. “Por sectores, se tienen que tomar ciertas medidas en forma urgente”, apunta Eben, quien pone el foco en la minería y la construcción.
Demandas sociales, tarea pendiente
“Las demandas sociales que a mi juicio dieron origen al estallido y al proceso constituyente y a todo lo que nos ha pasado desde el 18 de octubre en adelante, siguen ahí, igual o peor”, dice Thal. Añade: “Es difícil pensar que vamos a tener paz social por mucho tiempo. La gente sigue con los mismos dolores que manifestó en el estallido”.
Y a ello, concuerdan los directores, se suma la delincuencia y la inflación, que no eran parte del escenario de hace tres años.
“Hay una urgencia de colaboración público-privada. Todos los problemas que dieron origen o que estuvieron en el origen del estallido social sólo se han deteriorado”, apuntala Gazmuri. Ejemplifica con el trabajo de los grupos compromiso que han estado empujando con la CPC como una forma de solución.
“En momentos complejos, como los que se prevén para 2023, es fundamental hacer esfuerzos de interlocución y colaboración entre el sector público y privado. Creemos que es la única manera de enfrentar los tremendos desafíos que se nos vienen como país”, dice Thal. “Todos estos temas macro van a afectar el 2024-25, pero el corto plazo se ve muy duro”, destaca Gazmuri.
José Guzmán agrega: “El desafío de este año para el gobierno y para el mundo empresarial es poner prioridades, porque creo que los temas sociales no pueden seguir esperando, está el tema salud, hay un tema en educación, hay un tema en vivienda, si logramos que la Cámara Chilena de la Construcción pueda trabajar con el Ministerio de Vivienda para aportar toda su capacidad, para decir en vez de construir 60.000 viviendas al año, el país puede construir 100.000… Bueno, pues hay que poner prioridades”.
Visión del gobierno
“El gobierno ha tenido un giro muy importante”, concuerdan en Icare. “Ha buscado espacios de colaboración con el mundo privado”, subrayan.
José Guzmán explica el tránsito: “Se hicieron cargo del gobierno un grupo de personas en general muy joven, con ideas muy novedosas. Y creo que en este tiempo han pasado a esta mezcla de sus sueños con lo que se puede en la medida de lo posible”. “Creo que el gobierno partió con una mirada propia de la ideología de los partidos de donde proviene, y naturalmente con algún rechazo hacia la participación de los privados en la provisión de bienes públicos, pero creo que se ha ido moviendo con realismo a entender que somos todos parte del equipo y que, sin el mundo privado, no vamos a poder salir adelante”, dice Thal.
“El convencimiento nuestro -dice Eben- es que enfrentamos tal cantidad de problemas que sin el sector privado el país no los va a resolver bien y, por lo tanto, este puente de encuentro que es Icare busca exactamente eso, cómo ponemos toda la capacidad del sector privado a disposición del gobierno para resolver lo más rápido posible los problemas sociales”.
Eso sí, no desconocen que hay actitudes contradictorias de parte del Ejecutivo. “Veo a veces que está costando ponerse de acuerdo”, dice Thal.
Ejemplifica con pensiones. “Tenemos una propuesta de reforma de pensiones. Si el gobierno hubiera querido que se apruebe y que avancemos, quizás habría sido distinta; esta reforma al menos no conversa con las prioridades de las personas, lo que hace pensar que es difícil que pase por la aprobación del Congreso”, señala. Añade que: “Tenemos que volver a la política de los acuerdos para que podamos proyectar un país a largo plazo”.
José Guzmán agrega: “En política no hay que escandalizarse mucho por los dichos. Ahora lo peligroso sería que la convicción íntima de las personas que están en el gobierno es que un proyecto como ese pueda llegar a término. Lo principal es que íntimamente exista la voluntad de llegar a un acuerdo razonable”.
Y así como se alcanzó un acuerdo en temas constitucionales, estiman que se puede alcanzar un proyecto razonable en temas tributarios y en pensiones... ello, subraya la mesa, en la medida que exista en el gobierno y en la oposición la voluntad genuina de alcanzar un acuerdo.
“Creo que hay la mejor intención de este gobierno de hacer mejor la vida de las personas, y hay la mejor intención del mundo empresarial de colaborar para que eso ocurra: en el medio, vamos hacia allá o hacia acá, con algunas señales que son contradictorias”, dice Thal. Y refuerza: “Tanto los tomadores de decisiones como el sector empresarial, frente a un tercio del mundo en recesión, como se ha anunciado esta semana, tenemos todos la obligación de identificar con preferencia lo que nos une más que aquello que nos separa”.