Hasta antes de que este lunes el gobierno ingresara formalmente la reforma previsional al Congreso, desde la industria de AFP tenían visiones distintas respecto del futuro que tendrían las administradoras. Mientras algunos controladores y ejecutivos veían que con la reforma las AFP se transformaban, otros en realidad creían que se acababan. Esta última visión era la que predominaba principalmente en las compañías de capitales estadounidenses. El resto estaba dividido. Eso, según consultas realizadas en octubre a ejecutivos de cinco de las siete AFP existentes.

Hoy, con las 400 páginas del proyecto en la mano, ya no están divididos. La visión de esos mismos ejecutivos es una sola: las AFP se acaban. De eso también quedó constancia en la cadena nacional que hizo la semana pasada el Presidente Gabriel Boric para anunciar el proyecto: “Las AFP, en esta reforma, se terminan”.

Las administradoras ya están contratando asesores externos para analizar el proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. También hay AFP que ya están solicitando reuniones con parlamentarios por Ley del Lobby y otras piensan hacerlo próximamente.

Por ahora, los principales ejecutivos de las AFP han estado haciendo una “lectura vertical” del proyecto. A partir de esa mirada rápida, coinciden en que fueron dos las grandes sorpresas. Primero, la derogación del DL 3.500. Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, del grupo Sura, aseguró este viernes que “esto no es una reforma, esto es la eliminación del sistema actual y el establecimiento de un sistema nuevo”.

La segunda gran sorpresa fue la transición de tan solo dos años. Ven que en ese periodo es muy difícil poder armar un sistema nuevo y que resulte bien. Además, las AFP se acaban en menos tiempo del que pensaban. Munita también mencionó este tema durante la semana: “Creo que es un plazo corto. Aquí se requiere desarrollar sistemas, independiente de que uno pueda subcontratar. En eso se tiene que tener mucho cuidado”, dijo, y recordó que en Bolivia quisieron centralizar todas las cuentas y estuvieron meses sin pagar pensiones.

Y más allá de las críticas que tienen en la industria respecto de que el 6% de cotización adicional se destine a un fondo común, o la creación del ente estatal que propone el gobierno, donde se van a centralizar todas las funciones de soporte que hoy tienen las AFP, también ven que desde el punto de vista del negocio que podrían mantener, que es básicamente hacer rentar los fondos de pensiones, a simple vista no tiene atractivo.

Es más, dicen que si bien el gobierno asegura que habrá entes privados, denominados Inversores de Pensiones Privados (IPP), y un ente público, que será el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), creen que son tantas las trabas para los IPP que estiman que todo el proyecto está hecho para que el sistema sea 100% estatal. De todas maneras, un ejecutivo también dice que “siempre va a haber un loco” que quiera convertirse en IPP, por lo que no descartan que alguna AFP quiera mantenerse en el negocio, pero lo que sí aseguran es que habrá menos IPP que las AFP que existen hoy. Aseguran que harán los números para presentarlo al directorio o al accionista, pero a primera y simple vista, el negocio no resulta atractivo.

También lo dijo Munita: ”No es evidente el interés de poder transformarse en un IPP. Creo que hay restricciones y exigencias que se tienen que evaluar en su justa medida para determinar si tiene sentido o no transformarse. Pero esto será materia del accionista”.

Aunque cada uno lo explica a su manera, desde distintas AFP repiten lo mismo: ningún inversionista querrá invertir en un negocio donde no maneja “las 4P del marketing”, esto es, producto, precio, punto de venta y promoción. A juicio de la industria, el proyecto no da libertad en ninguna de ellas, por lo que no ven elementos donde poder diferenciarse de la competencia o una manera eficaz para atraer clientes. Además, ven que el ente estatal tendrá ventajas competitivas.

El escenario para nuevos actores que quieran ingresar será más complejo que para las AFP. Respecto a la “promoción”, hay dos temas que levantan las AFP. Primero, que los nuevos actores que entren no podrán usar su marca al constituirse como IPP. Es decir, si actores como LarrainVial, Credicorp o Moneda, por ejemplo, quieren incursionar en la industria, no podrán llamarse así. Eso concluyen a partir de lo que dice el proyecto: “No podrá incluir nombres o siglas de personas naturales o jurídicas existentes”. Eso sí, como las AFP desaparecen al segundo año, y dejaría de existir aquella persona jurídica, a simple vista estiman que podrían mantener sus marcas actuales. Hoy hay siete actores en el mercado: Habitat, Provida, Capital, Modelo, Cuprum, Planvital y Uno.

Segundo, la publicidad que se podrá hacer se limitará solo a “la rentabilidad, costo y servicio de la gestión de inversiones de los Fondos Generacionales”, según dice el proyecto. El tema de fondo es que cuando recién se constituyan estas entidades, no habrá ninguna rentabilidad para promocionar, por lo que afirman que el único atributo que podrán publicitar será su costo. Y ahí está el otro impedimento: las AFP consideran difícil competir por “precio”, al menos no con el ente público, el cual estiman tendrá una comisión baja. Según la proyección que ha hecho el gobierno, como mínimo el IPPA deberá cobrar un 0,11% anual sobre activos administrados para poder financiarse. Pero los nuevos actores que entren a la industria no tendrán ningún saldo sobre el cual cobrar y limitadas formas de promocionar su IPP para atraer afiliados.

Además, tendrán que aplicar descuentos a la comisión sobre saldo, según la tabla que fijen las autoridades de acuerdo a la edad de los afiliados. Ello, en compensación por lo que los afiliados ya han pagado en comisiones por sus salarios y que eran pagos por la gestión de por vida de sus ahorros. Y aunque el stock actual de ahorros es un volumen gigantesco -hoy asciende a US$ 145 mil millones y por defecto quedará en las AFP, a no ser que los afiliados escojan el ente público-, las gestoras afirman que la reforma está hecha para que no sea atractivo permanecer en el negocio.

Creen que tampoco podrán diferenciarse por “producto”, porque el proyecto propone que haya carteras de referencia, conocidas como “benchmarks”, y márgenes de desviación máximos para cada uno de los Fondos Generacionales que definirá el Estado, por lo que no podrán ofrecer activos de inversión muy distintos de sus competidores.

Sobre los “puntos de venta”, tampoco podrán contratar fuerzas de venta para captar afiliados, ya que el proyecto las prohíbe: así, dicen, no tendrán una forma efectiva de sumar clientes. La reforma también establece que las solicitudes de traspasos que hagan los afiliados para irse a otro gestor privado, o al público, se harán en una plataforma tecnológica que dispondrá el IPS reforzado, es decir, el Administrador Previsional Autónomo (APA), por lo que ahí tampoco tendrán contacto directo con afiliados. Asimismo, estiman que no podrán entregar ningún otro servicio diferenciador a los afiliados, ya que todo pasará por el APA.

Y a todo esto, aseguran que hay que sumar que habrá que competir con un ente estatal, “con una asimetría gigante”: los nuevos afiliados entran por default al ente público.

Ahí también recuerdan las otras exigencias que establece el proyecto: por ejemplo, crear un nuevo vehículo jurídico de giro exclusivo. Además, un nuevo actor que quiera ser IPP no podrá usar los equipos de inversión que tiene actualmente gestionando activos, ya que debe tener un equipo exclusivo. En los últimos años las únicas AFP que entraron a la industria lo hicieron mediante la licitación de nuevos afiliados durante un período determinado, lo cual tampoco existirá.

Las AFP, en todo caso, partirían con el saldo de los afiliados que quieran quedarse y, a primera vista, estiman que podrían conservar la marca. Además, ya tienen sus propios equipos de inversión. El punto inicial es bastante mejor que la de un nuevo actor, pero aún así no le consideran atractivo. Agregan dos temas: las exigencias regulatorias aún no están definidas, lo que deberá zanjar la Superintendencia de Pensiones durante la transición. Y lo otro: “¿Qué seguridad tengo como inversionista privado de que no va a venir otro gobierno para eliminar los IPP?”, dice un ejecutivo. Así las cosas, consideran las administradoras, los riesgos serán más altos que el atractivo.

Es una batalla, no es una reforma, dice un ejecutivo. El análisis que han hecho desde la industria es que el gobierno no hizo cambios al proyecto tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito por una nueva Constitución y que presentaron una iniciativa con el “tejo pasado”, con más cambios de lo que imaginaron.

También ha sido muy comentado el despliegue comunicacional que ha hecho el gobierno esta semana. En ese plano, las AFP llevan tiempo informando temas previsionales a sus afiliados y con esta reforma seguirán haciéndolo. Al día siguiente de que el Presidente Boric hizo el anuncio oficial en cadena nacional, desde AFP Cuprum enviaron una carta a sus afiliados. “En Cuprum estamos a favor de una reforma, pero no de esta reforma propuesta por el gobierno”, dijo allí el gerente general de la compañía, Martín Mujica.

Entre otras cosas, agregaba que “la propuesta anunciada por el gobierno choca con los principios que la gran mayoría de las personas valoran de un sistema previsional, ya que representa menos libertad y menos propiedad sobre sus ahorros previsionales, a lo que se agrega que el monto de su pensión futura subirá menos que si el 6% de la nueva cotización fuera a su cuenta individual, junto al 10%”.

En los últimos años, las AFP han tenido batallas con la Superintendencia de Pensiones por menos que eso, llegando incluso hasta la justicia. Pero esa comunicación de Cuprum, en un tono más directo de lo usual, ocurre luego de que en agosto la Corte Suprema le diera la razón a Habitat y anulara una multa que le cursó el regulador por haber comentado, mediante una carta a sus afiliados, los efectos que tendría el primer retiro del 10%.

Pero la Asociación de AFP no está bajo el marco regulatorio de la Superintendencia, por lo que desde hace tiempo impulsa campañas con total libertad. Las ideas que desde hace algún tiempo han ido reforzando se refieren a la “propiedad” de los ahorros previsionales, la “heredabilidad” y la “libertad de elección”.

Desde la Asociación comentan que “a partir de los retiros de fondos que derribaron las falsedades respecto a que los fondos no existían o eran de las AFP, de las nuevas normativas y del pago de distintos bonos estatales por parte de las administradoras, surgió el interés de los afiliados por más información respecto al sistema previsional. Por ello, desde la Asociación de AFP nos encontramos realizando diversas actividades tales como charlas informativas con trabajadores y municipios, entrega de material informativo a parlamentarios y líderes de opinión y, desde febrero, hemos desplegado la campaña yoquieroelegir.cl sobre el funcionamiento del actual sistema mixto, la percepción de la ciudadanía sobre los atributos del sistema previsional y el rol de la administración privada de fondos”.

Y dicen que “de cara a la discusión actual sobre el nuevo sistema, seguiremos informando y participando de las instancias que se presenten como las distintas comisiones del Congreso donde se tratará este proyecto de ley”.

Pero no solo las AFP están embarcadas en una campaña comunicacional. Desde que el Presidente Boric hizo el anuncio oficial, los ministros de diversas carteras se han desplegado en matinales y distintos medios de comunicación. En redes sociales también han tenido una fuerte presencia.

Las ideas fuerza que han marcado es que actualmente el sistema de pensiones está en un extremo y la propuesta del gobierno busca hacerlo “más moderado y alineado con los países desarrollados”, según dijo la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. También han dado énfasis a “propiedad” y “herencia”, y el mismo Presidente Boric dijo en cadena nacional que los ahorros previsionales en las cuentas individuales “mantendrán la propiedad individual, podrán heredarse y no serán jamás expropiados”.

Además, han transmitido que la iniciativa da libertad de elección a las personas. También lo dijo el Presidente Boric: “El sistema entregará libertad para elegir quién invertirá tus fondos de pensiones, opción que hoy día no existe, pues todos estamos obligados a estar en una AFP”.

Básicamente, el gobierno ha tomado las banderas de lucha que han levantado las AFP de forma exitosa en el último tiempo, así como el eslogan de #ConMiPlataNo, que surgió en el marco de la redacción de la nueva Constitución finalmente rechazada, y las ha hecho suyas. Eso lo tienen claro las AFP, pero no piensan abdicar en dichos mensajes. Además, rebaten cada una de las ideas fuerza que ha levantado el gobierno. El mismo gerente general de AFP Capital lo dijo esta semana: “Si bien es cierto que el gobierno ha dicho que el proyecto otorga la libertad a elegir, hay varias cosas que son parciales”.

Una carta empezó a circular en marzo de 2021 entre los controladores de AFP locales. La misiva estaba firmada por más de 100 expertos en seguridad social y economistas, entre ellos, el premio Nobel Joseph Stiglitz; el ahora ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, y el chileno exdirector general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, entre otros.

“La política de pensiones no se establece para asegurar beneficios para las compañías de seguros privadas. Los sistemas de pensiones existen para proporcionar seguridad de ingresos en la vejez, para garantizar que las personas mayores se jubilen con pensiones adecuadas”, decía la carta abierta, donde básicamente planteaban que los países legítimamente pueden decidir cambiar sus sistemas de pensiones “en el interés de sus ciudadanos que deben ser respetadas, como parte de la soberanía de un país”.

No se referían al caso chileno, sino a lo ocurrido en Argentina y Bolivia. Allí los expertos manifestaban su descontento por las demandas que interpusieron las compañías de seguros que operaban en ambos países ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, ya que esos países decidieron revertir la privatización del sistema de pensiones.

Si bien eso no ha ocurrido en Chile, desde hace varios años el eslogan “No+AFP” se ha instalado a nivel local. Y eso lo tienen claro los controladores de AFP. Por eso mismo también miran de cerca los debates de este tipo que se dan en los países vecinos. Es más, hay un controlador de una AFP chilena que también operaba en Argentina, y que precisamente está entre las compañías que interpusieron demandas contra el país trasandino ante el Ciadi: Metlife, dueña de AFP Provida.

Hay dos controladores extranjeros de AFP que también tienen compañías de seguros de vida en Chile y que activaron el mecanismo de resolución de controversias establecido en el TLC de EE.UU. con Chile luego de los retiros de rentas vitalicias que aprobó el Congreso en 2021. Ellas son Metlife y Principal, dueña de Cuprum. Si no logran llegar a un acuerdo con el gobierno, todo podría terminar en el Ciadi. Las conversaciones continúan, pero a ritmo lento.

Fuentes de la industria aseguran que en el caso de ambos controladores lo más probable es que harían lo mismo si se aprueba la reforma previsional tal como está. Aseguran que ya optaron por ese camino, y sería difícil cambiar de ruta. En todo caso, señalan no hay nada definido y es muy pronto como para tomar un decisión. Además, es una definición netamente de los accionistas. El controlador de otra AFP señala que, tal como está el proyecto, no queda otra que demandar al Estado.

Pero lo cierto es que el Ciadi siempre ha estado sobre la mesa. Y tiene que estarlo, ya que los directores de una compañía tienen deberes fiduciarios con sus accionistas, eso significa que tienen que hacer todo lo razonablemente posible y adecuado para proteger al patrimonio de la empresa y sus accionistas. De lo contrario, deben responder legalmente por los perjuicios provocados a los accionistas que se vean afectados. Y los directores responden con su propio patrimonio.

Incluso quienes veían que las AFP se transformarían, con el proyecto del gobierno, aseguraban que era posible recurrir al Ciadi con las propuestas que había socializado el Ejecutivo hasta ese momento. Esto, porque se pensaba que las AFP podrían seguir administrando el stock de por vida. No tenían contemplado convertirse en IPP. Ahí, el argumento para demandar al país estaría centrado en que el negocio también cambió, ya que dichas compañías estarían en run off, administrando stock y sin recibir flujo. Ahora es incluso más claro el argumento: las AFP se acaban y lo dijo el mismo Presidente en cadena nacional.