La disputa al interior de Clínica Las Condes (CLC) no se detiene, y esta semana se sumó un nuevo capítulo: más de 400 médicos interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de CLC, acusando una serie de actos que, según señalan, afectan sus derechos, “y que se han concretado en la sorpresiva decisión de poner término unilateral a 559 contratos a partir del 1 de octubre”. En tanto, los abogados de CLC creen que “es un recurso improcedente”.
Los médicos no querían llegar a tribunales. De hecho, intentaron sentarse a negociar con la administración, pero no hubo éxito. La primera reunión fue para conocerse y plantear opiniones preliminares, y ocurrió la primera semana de agosto en la misma clínica. Por parte de CLC asistieron el presidente y esposo de la controladora, Alejandro Gil; la directora y abogada Paola Bruzzone; el gerente general, Jerónimo García Bacchiega, entre otros. Por parte de los médicos concurrieron el negociador, César Barros; el abogado Juan Enrique Allard, y José Giordano, presidente del Comité́ Ejecutivo del Cuerpo Médico, entre otros.
La segunda reunión fue la decisiva. Había un acuerdo en que solo se reunirían los equipos técnicos; por ejemplo, sin asistencia de los presidentes de ambos bandos; sin embargo, de todas maneras llegó Gil a la reunión, cuentan conocedores de las tratativas. Allí el equipo de los médicos pidió retirar la carta de término de contrato de arrendamiento, para poder entablar una conversación sin apuros ni “amenazas”. Pero Gil se habría negado, se paró y se fue, según comentan.
Los médicos dicen estar de acuerdo en que hay que hacer cambios en CLC, por lo que junto con generar un nuevo trato con la empresa, creen que hay que cambiar la política comercial.
Todo esto ocurre en medio de una pelea que se arrastra desde hace varios años. El Grupo Auguri, oficina de inversiones familiar de Cecilia Karlezi, ha luchado desde hace tiempo por cambiar y “profesionalizar” el manejo de la clínica, por lo que la empresaria tomó el control de la propiedad de CLC en noviembre pasado, pasando desde el 27,37% de las acciones al 50,0052%, para lo cual desembolsó casi $ 76.000 millones.
Ya con la mayoría en el directorio (siete de nueve miembros), lo que busca Karlezi es potenciar CLC, y entre otras cosas, profundizar aún más las eficiencias en costos y mejorar la rentabilidad sobre el patrimonio. En un informe, Feller Rate dice que para mitigar los efectos de la pandemia, CLC ha llevado adelante medidas para mejorar su posición de liquidez, como por ejemplo, disponibilidad de líneas de crédito por cerca de $ 20.000 millones, préstamos por unos $ 10.421 millones, y la venta que hicieron en julio del Centro de la Visión.
La tarea no ha sido fácil. En el primer semestre, CLC perdió $ 9.885,6 millones, versus las ganancias por $ 2.784,53 millones a junio de 2019.
Los médicos argumentan que el cambio de contrato no es el problema de fondo en CLC, y no va a lograr influir significativamente sobre los resultados. Además, han advertido que la propuesta de la empresa tiene problemas de forma, falta de detalles, y existirían incentivos mal formulados. En tanto, los abogados de CLC han dicho que “las nuevas tarifas de arriendo serán más bajas que las vigentes en otras clínicas y centros médicos de la competencia. Existen antecedentes y evidencia contable que confirma la propuesta que hizo la clínica y que es necesaria para su modernización y sustentabilidad”.
