La “vida de excentricidades y lujos” del exgerente de gigante estadounidense que será formalizado por estafa

Hace tres años, el 25 de febrero de 2019, Felipe Avello, el periodista que se ha dedicado al stand up, se presentó en el Festival de Viña del Mar y marcó un peak de sintonía, con 45 puntos. En la parte final de su rutina, invitó al escenario, al igual como lo había hecho antes en el Festival de Olmué, a un grupo de asistentes que fueron a ver su show.

El primero en subir fue el ingeniero civil de la Universidad del Bío-Bío, Eduardo Soto Becerra, quien por aquellos días se desempeñaba como gerente general de la empresa AT-PAC. Con sus característicos lentes ópticos de marco blanco, su color favorito, el ejecutivo es hoy protagonista de una trama judicial que tendrá un hito relevante el próximo martes, cuando será formalizado en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por los presuntos delitos de administración desleal, estafa y uso malicioso de instrumento privado falso.

AT-PAC Chile SpA es la filial local de la estadounidense Atlantic Pacific Equipment, Inc., el principal fabricante de estructuras modulares para grandes proyectos en EE. UU. La compañía ingresó al mercado chileno en 2015, convirtiéndose rápidamente en una de las empresas líderes, alcanzando una capacidad de más de 10.000 toneladas de material en sus instalaciones de Santiago y Antofagasta, y participado en proyectos tan importantes como Bocamina II, de Enel; Planta Pirque, de Aguas Andinas; Planta Desalinizadora, de Escondida; Altonorte, de Xtrata, y BHP-Full Sal, entre otros.

La gigante estadounidense, representada por los abogados Rodrigo Piergentili y Pelayo Vial, presentó una querella en contra de su exejecutivo; su esposa, Viviana Herrera, y sus colaboradores más cercanos en la compañía, acusándolos de urdir un plan para defraudar a la compañía, provocando un perjuicio avaluado en $1.800 millones.

Para AT-PAC se trata de un caso paradigmático de “administración desleal”, pues Eduardo Soto, quien tenía la obligación de proteger la compañía, en su breve permanencia en el cargo de gerente general no sólo se apropió de dinero de la empresa y desvió fondos y bienes de su empleadora en provecho propio y de terceros, sino que derechamente ideó un plan destinado a hacer fracasar la operación de AT-PAC en Chile, para apropiarse ya no de una parte menor de su patrimonio, sino que de parte de su negocio, por medio de una serie de empresas formadas por el ejecutivo al alero de White Corporation, dice el texto legal. White Corporation es una firma que Soto levantó para competir en el rubro de andamios.

Según la acción penal, Soto se concertó junto a un grupo de extrabajadores para defraudar a AT-PAC, generando anexos de contratos de trabajo falsos, destinados a aumentar injustificada e ilícitamente las indemnizaciones de estos trabajadores de su confianza.

En la querella, la estadounidense acusó a su exgerente general de pagar el arriendo de su casa en Chicureo y viajes familiares con fondos de la empresa, además de realizar un curso de posgrado de la Universidad de Harvard a través de la misma vía. A ellos se suma la “distracción de dineros para otros gastos personales y excentricidades”.

“El querellado instruyó la compra de una serie de viajes al extranjero para él, su familia y colaboradores más cercanos. Se trató de viajes de recreación a destinos tales como Punta Cana, Miami y un Crucero Disney en Estados Unidos, Australia, Costa Rica, e Islandia, entre otros, todo en línea con la vida de excentricidades y lujos que ha vivido hasta ahora, a costa de la compañía”, acotó la acción penal.

“Entre los diversos viajes que se pagaron, con cargo al patrimonio de AT-PAC, destaca la compra de un paquete turístico que consistía en pasajes aéreos, arriendo y un programa de crucero de Disney, utilizado en noviembre de 2019, para el querellado Soto Becerra y toda su familia, por un monto aproximado de $7.613.532″, consignó la querella.

Según esta, a fines de mayo de 2019 el ejecutivo junto a familiares y personal de AT-PAC, entre ellos, Bernardo Gutiérrez Saldías y Camila Vergara Alvarado, viajaron a España para asistir a la final de la UEFA Champions League. Dicho paquete turístico fue costeado por AT-PAC y le produjo un perjuicio de US$14.746 es decir, $11.438.472. Además, instruyó a personal de la compañía para contratar y pagar, con fondos de AT-PAC, su matrícula en un curso en la Universidad de Harvard, EE.UU., gasto que no había sido autorizado por el directorio. De esta manera, Eduardo Soto cursó a cuenta de AT-PAC, el curso “Owner/President Management (OPM)” que imparte la Universidad de Harvard, con una duración de nueve semanas y un costo aproximado de US$40.000, unos $31.000.0000.

En septiembre de 2022, ante el Ministerio Público, Soto prestó declaración y desestimó las acusaciones. “No voy a negar que se hicieron egresos desde AT-PAC Chile que, mirados desde fuera, pueden llamar la atención, especialmente si se exponen de manera descontextualizada, como se hace en la querella. La operación de la empresa siempre fue bien informal, sin procesos y protocolos definidos; los mismos Davis (dueños) eran así y transmitían esa cultura empresarial a todos los demás, las cosas se hacían y después se veía si es que se formalizaban y cómo se formalizaban”, explicó.

“Sobre el viaje a España y la asistencia a un partido de fútbol, puedo decir, en primer lugar, que es completamente falso que yo haya viajado con Bernardo Gutiérrez y con Camila Vergara. Este viaje lo hice con Jorge Jara, gerente de ingeniería, porque tuvimos una reunión con la empresa Abengoa, en el contexto de tratativas para unos contratos en el norte con Codelco y con la empresa JASO, accionista de la empresa grúas Heavy Duty, lo que coincidió con un partido de la UEFA Champions League, al que sí fuimos. Niego tajantemente que se haya tratado de un puro viaje de placer ajeno al giro de la empresa”.

Marcelo Oyarzabal, su abogado defensor, señaló a Pulso que “existe una querella de sus exempleadores o socios presentada hace bastante tiempo y fundada en un informe privado encargado y pagado por ellos”. “El informe hace determinadas imputaciones sobre sustracción de fondos y administración desleal. Cuando me hice cargo de la causa me encargué de encomendar un nuevo peritaje en el que se analizó la credibilidad y la solidez del peritaje anterior y concluyó que tenía serias deficiencias. Debo señalar que el año pasado, en septiembre, la PDI evacuó una orden de investigar, donde señaló que había dos versiones contrapuestas y que para dilucidar esto era necesario efectuar un peritaje contable”, añadió.

“Hoy no hay ningún antecedente nuevo que pueda desvirtuar lo que señaló la policía en cuanto a que acá hay dos versiones contradictorias y se requiere un peritaje contable, esta formalización no se entiende, porque el Ministerio Público cambió injustificadamente de criterio”, concluyó.