El largo trayecto del puente: la quiebra de OAS y los ajustes al proyecto

En diciembre de 2013, el consorcio conformado por la coreana Hyundai (50%) y la brasileña OAS (49%), se adjudicaron la construcción del puente. Fue durante el primer gobierno de Sebastián Piñera en que se reactivó el proyecto, que había sido pospuesto en la década anterior bajo la primera administración de Michelle Bachelet.

Pero los problemas no tardaron en llegar. La empresa socia, OAS, fue una de las compañías investigadas en medio de los escándalos de corrupción que sacudieron a Brasil, que la llevó a una crisis financiera. Esta condición llevó a que en 2016 la otra socia del consorcio, Hyundai, buscara quedarse con su parte de la sociedad y así tomar el control total del proyecto.

Tras varios años de negociaciones y litigios, en 2018 Hyundai logró cerrar un acuerdo por el 49% de OAS, pese a que ya en octubre de 2017 se informó que la coreana tomaba el control técnico-administrativo del consorcio, así como también se realizaron cambios al directorio, ante los graves problemas financieros de la brasileña, asumiendo el liderazgo en la construcción de la estructura.

Sin embargo, sólo este año se concretó la salida de OAS del consorcio, pese a que ésta no tenía injerencia en las decisiones hace un año y medio. Esto, porque la disputa que las empresas tenían abierta en la justicia desde 2017, se cerró en junio de este año, a través de un escrito de común acuerdo. Así, la coreana se quedó con la totalidad de las acciones.

En el intertanto, y según plasmó Hyundai en la carta que envió ayer al MOP, se acordaron una serie de modificaciones al proyecto.

De hecho, este año Contraloría visó un acuerdo entre el MOP y la empresa, respecto a un mayor plazo para ejecutar las obras, que se extendió por 31 meses, hasta 2022.

En diciembre de 2018 el MOP aprobó el proyecto de ingeniería definitivo. En enero de 2019, según la empresa, accedieron a participar de una mesa de trabajo convocada por el MOP para revisar los cambios del proyecto. Este mes, se concretaron tres reuniones, para volver a discutir las modificaciones instruidas. Sin embargo, el MOP comunicó que no sería posible formalizar los cambios introducidos al proyecto ni compensar por los sobrecostos que exigía la firma.

Según detalla en la carta enviada "tanto CPC como Hyundai han sufrido, y continuarán sufriendo, ciento de millones de dólares en pérdidas a consecuencia de la conducta del Ministerio".

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