Las "concesiones" que debió hacer Valente para aprobar el proyecto de proinversión

Si bien el ministro de Economía, José Ramón Valente, logró superar el primer escollo y aprobar el proyecto proinversión, lo cierto es que debió aceptar algunas "bajas" a su articulado, especialmente en algunos cambios propuestos al sistema medioambiental.

La autoridad accedió a negociar con los parlamentarios de oposición luego de que la Comisión de Economía -donde Chile Vamos no tiene mayoría- le señalara que rechazarían todos los artículos referidos el tema ambiental, y le sugiriera que los retirara en vista de que el mismo gobierno envió un proyecto para reformar el Sistema de Impacto Ambiental.

Valente decidió seguir adelante y llegar a un acuerdo, tras un arduo trabajo con los asesores, lo que significó tener que retirar algunas ideas. "Felizmente, el gobierno decidió llegar a un acuerdo y en los puntos conflictivos retirar sus indicaciones en aquellos artículos que según nosotros debilitaban el marco jurídico", comentó el diputado Jaime Naranjo (PS), activo participante de estos encuentros.

Explicó que, por ejemplo, el proyecto buscaba terminar con los plazos de duración de un permiso ambiental, ya que hoy la legislación impone que pasado cierto tiempo la empresa debe volver a tramitar la autorización. "Se planteaba que la autorización ambiental se extendiera hasta que se concretara la inversión; dijimos que no puede ser así, porque tras un número de años, el entorno puede haber cambiado, por ende había que reestudiar toda la obra", comentó el parlamentario.

También se rechazó el artículo tercero que introducía un nuevo Procedimiento Civil para los reclamos frente a una obra nueva que, si bien en espíritu estaba enfocado para la minería, se previó que podría impactar cualquier proyecto de inversión. Además, otros artículos del acápite medioambiental debieron ser re-redactados, porque la oposición consideró que se permitía que las obras de inversión "se saltaran" algunas etapas o consultas a reparticiones.

Asimismo, debió modificar su propuesta al funcionamiento de la Dirección General de Aguas y si bien se admitió que se recurra a expertos externos (de un registro especial de revisores independientes) para evaluar los proyectos, la autorización final seguirá siendo facultativa de la dirección.

Ahora el articulado debe ser visto por la Comisión de Hacienda para llegar a sala y dar el primer gran paso de tramitación.