Luego que el Comité de Ministros volviera a rechazar Dominga, proyecto de hieero por US$2.500 millones perteneciente a la familia Délano que se ubicaría en la IV Región, los principales gremios empresariales del país lamentaron la decisión.

La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, indicó que “es lamentable. Demuestra que la política puede más que la economía. La comuna de la Higuera, la región de Coquimbo y el país necesitan con urgencia más inversión, más empleo y más crecimiento, pero hoy nuevamente se desconocen los criterios técnicos y se rechaza un proyecto que ha cumplido con la normativa vigente y con las exigencias para su correcta evaluación ambiental”.

Agregó que “se está dando una señal preocupante a los inversionistas, en momentos en que lo que necesitamos es certeza jurídica, procesos objetivos e instituciones sólidas”.

Por su parte Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero sostuvo que “lamentamos profundamente la decisión que ha tomado el Comité de Ministros y el difícil camino que ha tenido que enfrentar el proyecto. Dominga ha sido validado técnica y ambientalmente por todas las instancias correspondientes, y cuenta con el respaldo de la mayoría de la comunidad local. Con esta decisión se está perdiendo una oportunidad para una zona que necesita apoyo para su desarrollo”.

Asimismo afirmó el actuar del Comité de Ministros viene a confirmar lo que el propio gobierno está promoviendo a nivel del Congreso, que es eliminar el componente político; idea que el Consejo Minero ha apoyado durante la discusión legislativa.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, también se sumó a las críticas. “Resulta decepcionante y contradictorio que, a pesar del fallo favorable del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la validación de todas las instancias técnicas y el respaldo de la comunidad, en el mencionado Comité haya prevalecido una decisión política, que contradice el mérito de todo el proceso de evaluación. Se perdió así la oportunidad de enviar una fuerte señal de confianza a los inversionistas y de reafirmar que Chile es un país que acoge la inversión”, afirmó.

“Además, esto envía una señal contradictoria por parte de un servicio encargado de dirigir y orientar los procesos de evaluación ambiental, y de un gobierno que celebra una importante cartera de proyectos mineros, incluyendo a Dominga. Esta decisión nos invita a reflexionar sobre el mal uso que se está haciendo de la legislación e institucionalidad ambiental, la cual, aunque reconocemos que debe ser mejorada, debe seguir siendo un activo valioso para el país”, añadió.

Enfatizó que “no había razones para seguir con una judicialización obstinada e innecesaria y que lleva más de 12 años de tramitaciones y obstáculos. Asi lo consideramos antes y, por eso, estamos decepcionados de las autoridades”.

En tanto, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, dijo que una década de tramitación ambiental y judicialización es prohibitivo para la gran mayoría de los proyectos de inversión y desincentiva a otros a desarrollar nuevos iniciativas.

Por ello afirmó que “resulta incomprensible que cuando el parlamento discute proyectos de iniciativa del gobierno para agilizar los permisos sectoriales y ambientales, el Comité de Ministros, en contradicción con la opinión técnica refrendada judicialmente, termine rechazando un proyecto por razones que finalmente, solo contribuyen a concluir peligrosamente una politización del sistema”.

Agregó que es fundamental que los aspectos políticos se resuelvan antes de iniciar el análisis técnico, ya que este “es uno de los grandes problemas que enfrentamos actualmente: lo político entra en juego después de que se han realizado importantes inversiones, generando incertidumbre y costos adicionales”.

Comerciantes en La Higuera

A nivel regional Andrea Flores, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de La Higuera, dijo que “para nosotros es una decepción total. Era algo previsible, considerando que siguen tomando decisiones politizadas y aplicando políticas que nos perjudican directamente”.

Sostuvo a que su juicio el gobierno está en desacato frente a la justicia y que no respetó lo dictaminado por el Tribunal Ambiental, y por lo que presentarán una demanda por desacato.

“Lo que realmente importa aquí es un compromiso político. El presidente, cuando era candidato, prometió un No a Dominga. Ahora está cumpliendo esa promesa, pero ¿a qué costo? Al costo de nosotros, de nuestra comunidad, de la gente de La Higuera. No vive nuestra realidad y, sin embargo, decide por nosotros desde la comodidad de su entorno”.

Jorge Cabrera, vocero Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, dijo que “uestra comuna, La Higuera, es una de las más pobres del país. Tiene una historia minera importante, por lo que no es descabellado pensar que puede haber minería junto con desarrollo en varias áreas”.

“Nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados. Vamos a tomar acciones legales y penales porque aquí se habla de desacato. El gobierno sabe que cometió un error, y ahora tiene que asumir las consecuencias”, añadió.

Ecologistas celebran

Por el contrario la decisión del Comité de Ministros fue aplaudida por organizaciones ambientalistas. “En más de 10 años de tramitación, Dominga ha sido sistemáticamente rechazado por razones técnicas: desde el inicio, la empresa no logró responder a todos los elementos requeridos para la evaluación del proyecto, presentó información insuficiente en su línea base, no realizó una correcta evaluación sinérgica de los impactos en la flora y fauna local, y subestimó los impactos en aves de la zona, especialmente del pingüino de Humboldt. En este tiempo, además, la línea base del proyecto quedó obsoleta frente a la nueva realidad ambiental. Este rechazo demuestra que la entrega de argumentos científicos sólidos junto a la movilización de miles de personas pueden marcar la diferencia cuando se trata de la defensa de nuestros territorios”, dijo el movimiento ambientalista Greenpeace.

En tanto Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA dijo que la “se cumple con la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó esta votación y en donde el Comité de Ministros, en el uso de sus facultades, decidió rechazar nuevamente Dominga, porque existe un convencimiento de que sus impactos van más allá de lo que está normativamente permitido y se hace inviable en esa zona, en definitiva, se trata de un mal proyecto para el país”.

En este sentido Costa, abogado que representa a Oceana en el litigio, sostuvo que lo concreto es que el proceso administrativo de evaluación ambiental de Dominga ha concluido en tres oportunidades con el rechazo del proyecto minero portuario.