El uso de testaferros y de personas/estructuras jurídicas, principalmente, sociedades de fachada y de pantalla, son los mecanismos más utilizados en Chile para lavar activos.

Así se desprende de un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público, que se da a conocer en el marco del Día Nacional Antilavado de Activos -a conmemorarse el próximo 18 de diciembre-, y que muestra que la justicia ha logrado multas por $21.636 millones entre 2007 y 2020.

El documento analizó 197 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, que los tribunales de Justicia dictaron entre 2007 y 2020, y que involucran a 412 personas naturales condenadas (286 hombres y 126 mujeres).

El año pasado 29 personas fueron condenadas en 17 sentencias. La cifra supera el promedio anual de 2007-2019, pero está por debajo de las 50 sentencias que se dictaron en 2019. En total ese año, 144 personas fueron condenadas, un salto exponencial con respecto a los ejercicios previos.

Entre 2007 y 2020, la justicia dictó 197 sentencias. 136 fueron por lavado de activos proveniente de la delincuencia organizada (260 personas condenadas). 43, de la corrupción (117 condenados) y 18, de delitos económicos (35 condenados). El tráfico de drogas y la malversación de caudales públicos son los delitos con más sentencias (123 y 24 sentencias, respectivamente). Luego vienen fraude al fisco, contrabando, estafa y otros delitos.

Del total de sentencias, 194 se dictaron tras la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. De ellas, el 83,2% se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado, el 14,7% corresponde a juicios orales y el 0,5% a procedimientos simplificados. Asimismo, el uso de testaferros y de personas y estructuras jurídicas son los mecanismos más usados para cometer este delito. Más atrás se ubican el fraccionamiento, el uso de profesionales legales y/o financieros y el “black market peso exchange”.

En cuanto al uso de personas y estructuras jurídicas, un 29,1% es de sociedades de fachada, un 24,5% de sociedades de pantalla y un 14,5% de sociedades de papel. Los productos financieros más utilizados para blanquear son el dinero en efectivo, las cuentas bancarias y las transferencias electrónicas.

Por otra parte, y según se desprende del informe de la UAF los sectores más vulnerados en los procesos de lavado de activos siguen siendo los notarios y las automotoras. Luego siguen los bancos, los conservadores de bienes raíces, los agentes inmobiliarios y las casas de cambio.

De las 197 sentencias que se han dictado entre 2007 y 2020 se han generado multas por $21.636 millones unos US$30,4 millones. En este lapso, casi la totalidad de los delitos se concentraron en contrabando (76,1%), luego vienen los relacionados con la corrupción (19,3%) y tráfico de drogas (4,3%).

El valor del comiso asciende a $11.771 millones (unos US$16,5 millones): $4.907 millones corresponden a 148 bienes inmuebles (76 de ellos en la Región Metropolitana), $3.626 millones a dinero(efectivo), divisas y bancario (cuentas corrientes, depósitos a plazos, etcétera), $3.133 millones a 363 vehículos, $20 millones a 2 maquinarias y $86 millones a otros activos. La adquisición de bienes inmuebles es uno de los mecanismos favoritos de los blanqueadores para ocultar el origen ilícito de los recursos.

El año 2011 fue el que tuvo el monto total de comisos más alto con $1.701 millones, mientras que 2008 fue el que registró el menor monto con $103 millones.

Según se desglosa del informe, el impacto de las sentencias por lavado de activos asciende a $33.407 millones (US$47 millones), entre multas y decomisos.

Por otra parte, las 197 sentencias se dictaron en 11 regiones. La Metropolitana concentra el mayor número: 143, que incluyen a 323 personas condenadas, equivalente al 72,6% del total. Le siguen las regiones de Valparaíso (16 sentencias, 8,1% del total y 29 personas condenadas), del Libertador Bernardo O’Higgins (10 sentencias, 5,1% del total y 11 condenados), la de Tarapacá (9 sentencias, 4,6% del total y 24 condenados) y la del Biobío (5 sentencias, 2,5% del total y 5 condenados).

Las demás condenas fueron dictadas en las regiones de Los Lagos, Arica y Parinacota, Coquimbo, La Araucanía, Maule y Atacama.