El gobierno del presidente Gabriel Boric presentó la ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias que contará con siete ejes para reducir la evasión y elusión tributaria. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que el objetivo del proyecto es incrementar la recaudación fiscal en un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile y se destinará para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), la reforma previsional que hoy se discute en el Congreso y para financiar la agenda de seguridad del Ejecutivo.
En una conferencia de prensa, Marcel explicó que los ejes del proyecto dicen relación con: “La modernización de la administración tributaria, el control de la informalidad, la tipificación y sanción de los delitos tributarios, lo mismo respecto de la planificación tributaria agresiva, otorgar nuevas facultades a la defensoría y el contribuyente, facilitar la regularización de obligaciones tributarias y finalmente fortalecer las instituciones de fiscalización tributaria y la probidad al interior de las mismas”.
El secretario de Estado también explicó que dentro de estos siete ejes se desprenden 40 iniciativas para avanzar en el cumplimiento tributario. Además, el economista resaltó que la iniciativa se da en el marco del ”Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”.
“La lógica de este proyecto no es simplemente endurecer sanciones, sino que, por un lado, entregar recursos y capacidades a los organismos fiscalizadores para poder fiscalizar mejor y, por otro lado, también generar mecanismos de apoyo a los contribuyentes para que conozcan mejor sus obligaciones, puedan cumplir con ellas y se puedan poner al día cuando están en una situación de incumplimiento”, explicó Marcel.
Ante este contexto, la iniciativa se resume en perseguir los delitos tributarios, identificar incumplimientos tributarios que se generan por desconocimiento y para enfrentar la planificación tributaria agresiva, acciones “que sobrepasan la economía de opción y obtienen beneficios ilícitos bajo un manto de eventual legalidad de sus operaciones buscando erosionar la base imponible o abiertamente evitar el hecho gravado; comportamiento que también es conocido como un fraude a la ley”.
Mientas que, desde el Ministerio de Hacienda destacaron que, “el centro de este proyecto no implica un aumento de la carga tributaria de los contribuyentes, sino más bien que se cumplan las normas tributarias vigentes. Un contribuyente no verá incrementada su carga por el solo hecho de que la administración tributaria persiga de forma más eficiente los delitos tributarios y la planificación tributaria agresiva, u otros comportamientos ilícitos que deben ser combatidos”.
Entre las medidas se mencionaron notificaciones vía correo electrónico, nuevas exigencias para el levantamiento del secreto bancario, modernización de los procedimientos judiciales y control de la informalidad, vía medidas como exigir inicio de actividades para entregar el equipo para el pago con tarjeta y cuando un contribuyente reciba más de 50 transferencias de distintos contribuyentes dentro de un mes.
En materia de delitos tributarios, se incorpora tanto la figura de la colaboración eficaz, como del denunciante anónimo, junto con un incentivo para informar de una evasión independiente del rol de la persona en el caso en cuestión. No obstante, las acusaciones falsas también tendrán un castigo.
“A propósito del caso Factop, por ejemplo, la emisión de facturas falsas no siempre tiene un objetivo de evadir impuestos. A veces, como en ese caso, tiene un objetivo distinto, que es el generar o falsificar información respecto de la capacidad económica de un contribuyente y tener por esa vía acceso a créditos o algún otro tipo de aportes de capital o de liquidez. Entonces, de acuerdo a lo que está aquí planteado, la factura falsa, por ejemplo, es sancionada independientemente del uso que se le dé”, agregó.
Otras de las iniciativas dicen relación con la creación de una instancia técnica de siete integrantes sin conflicto de interés para que puedan dar una opinión sobre el posible caso de planificación tributaria para eludir impuestos de forma “agresiva”.
Por otro lado, se busca que la Defensoría del Contribuyente asuma una función de difusión y educación. “Muchas veces los contribuyentes no recurren al servicio por temor a ser objeto de algún tipo de fiscalización o sanción. Y por esas razones que se entregan ahora esas facultades a la Defensoría del Contribuyente y con eso se enriquece cierto el conjunto de responsabilidades que esta Defensoría tiene”, explicó Marcel.
“Otra área contenida en este proyecto es la de regularización de las obligaciones tributarias. Dentro de esto, se entrega mayor flexibilidad para convenios de pago con Tesorería, con medida especial para las pymes que les permitirá acceder a convenios sin el pago de intereses. Se reestructura también la norma sobre declaración de deudas incobrables y su prescripción, y se permitirá de manera excepcional y transitoria la repatriación de capitales o la regularización de capitales y el término anticipado de juicios tributarios”, añadió.
En materia de fortalecimiento de la probidad, se realiza un fortalecimiento tecnológico en el servicio de Aduanas, Tesorería y el Servicio de Impuestos para aumentar la capacidad de procesamiento de información y detectar comportamientos que pueden presentar un delito o falta. Un trabajo que también se fortalecerá con más recursos para la tarea de fiscalización en general para los organismos antes mencionados.
“Junto con entregar mayores facultades, mayores recursos y competencias a los servicios fiscalizadores, también se refuerza el control interno y las sanciones por mal uso de la información o de esas mismas facultades”, comentó el secretario de Estado.
Sobre el detalle del destino de los recursos, el secretario de Estado apuntó que la iniciativa “permitiría reducir en alrededor de un 25% la brecha de cumplimiento tributario y permitiría generar los recursos no solo para financiar el incremento de la PGU, sino que también para absorber los costos de otros componentes de la reforma previsional y completar los recursos necesarios para el incremento de inversión en seguridad ciudadana en US$1.500 millones tal como lo planteó el presidente hace un tiempo atrás”.
Respecto al futuro de la iniciativa, el ministro de Hacienda explicó que el proyecto se va a ingresar a la Cámara de Diputadas y Diputados la próxima semana, junto con un informe económico, y se espera que su discusión más en el detalle sé dé a la vuelta del receso legislativo del Congreso, una pausa que se da durante el mes de febrero.
“Nosotros esperamos que tenga una tramitación rápida. Si nos fijamos, por ejemplo, en lo que fue el proyecto de reforma tributaria que se rechazó en marzo pasado, a los componentes de cumplimiento tributario, todos los artículos se aprobaron en un plazo de dos meses”, comentó Marcel.
