Ley REP: Estudio advierte problemas en aparatos electrónicos

Reclicado de basura electronica

Un informe realizado por la Cámara de Comercio de Santiago, reveló que aún hay varias vallas para la puesta en marcha de la categoría Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) de la ley de reciclaje. Falta de información de la valorización de los productos importados, baja capacidad de recuperar aparatos electrónicos en Chile y falta de conocimiento de la legislación serían algunas deudas.


La capacidad de recuperación y revalorización de materiales de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) en Chile sigue siendo muy baja con respecto al universo del total de residuos de los mismos.

Este es una de las principales conclusiones del estudio desarrollado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que busca hacer un análisis sobre la capacidad que existe en nuestro país para enfrentar los requerimientos de la nueva Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que define 6 productos prioritarios los cuales deben cumplir metas de reciclaje y revalorización de sus desechos.

Hasta el momento sólo se ha aprobado el reglamento que define el porcentaje de la categoría "Neumáticos". Los detalles de las restantes (envases y embalajes, aceites lubricantes, pilas, baterías y AEE) aún están en proceso.

Cada industria asociada a los productos prioritarios se ha estado moviendo para acelerar el tema. En el caso de los AEE, la CCS ha tomado un rol protagónico.

El objetivo del estudio es levantar información para crear "una hoja de ruta que permita guiar las acciones de las empresas para aportar en la elaboración del decreto supremo y la definición de metas y obligaciones para los AEE", indica el informe.

Para el desarrollo del estudio se utilizaron una serie de datos de mercado de este rubro (por ejemplo, información de Aduanas), más los entregados por 16 empresas importadoras y comercializadoras de AEE y 5 gremios empresariales. Las empresas participantes fueron Samsung, Electrolux, Airolite, Sindelen, Ursus Trotter, Whirpool, VTR, Telefónica, Claro, Cencosud, Tottus, SMU, Walmart, Sodimac, Falabella y Ripley.

Incluso, el estudio hizo un detallado informe de las cifras de importación de AEE durante cuatro años, que en este caso, representan el 95% de los productos en nuestro país, aplicando un filtro que permitiera identificar información explícita sobre AEE.

Según esto, el 39% de los productos proviene de China, un 15% de EEUU y un 20% de otros países. Durante 2017 se importaron 238.727 toneladas de estos aparatos, 23% más que el 2016. El número total de importadores el año pasado alcanzó a 29.653, un poco menos que el 2016 (30.188).

Sin embargo, el informe concluye que "existe una falta de calidad de la información mínima necesaria para poder realizar estimaciones con grados de certeza aceptables y que permitan avanzar en la implementación de la ley (REP)".

Además de las cifras de importación, la información de las encuestas realizadas en la investigación, permitió determinar qué tipos de AEE son los que tienen mayor presencia dentro de cada categoría REP. Los resultados muestran que, de los aparatos que representan el 80% del peso de la categoría, los monitores LED, los teléfonos celulares y las lámparas de descarga son las más relevantes.

Brechas

Parte importante del informe está dedicado a las brechas que existen para la implementación de la REP en las empresas. Los resultados arrojaron que un 46% de los encuestados poseen poco grado de conocimiento sobre la ley 20.920 (REP), un 27% están en un nivel intermedio de conocimiento y un 27%, en un grado alto.

El retail presenta los mayores grados de poco conocimiento, con un 67%, mientras que los supermercados son los que más conocen sobre el tema. "Una de las brechas más importantes es la falta de claridad respecto de la ley y los detalles de su implementación.

Todos estos factores impiden la preparación correcta y con suficiente antelación de las empresas para la implementación de la REP. Por lo demás, la imposibilidad de organizarse para cumplir con esta ley puede causar que las empresas incurran en costos innecesarios", concluye el informe de la CCS.

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