Los capitales de personas y empresas chilenas en el exterior subieron un 41% en dos años

Viene pasando durante un año y medio. Pero en las últimas semanas las reuniones con abogados se han sucedido con mayor rapidez. Si bien la crisis social que estalló en octubre de 2019 empujó a los inversionistas a aumentar sus posiciones fuera del país o dolarizar sus carteras, ha sido la situación política actual la que ha llevado a una parte a tantear incluso la posibilidad de dejar el país y cambiar de residencia, esto en medio de la incertidumbre que dicen percibir.

El lunes, tras el resultado de la elección de constituyentes, el IPSA, principal indicador accionario local, cayó 9,33%, y el dólar subió $16,38 (2,34%), lo que, a juicio de los expertos, refleja los temores del mercado.

Sergio Lehman, economista jefe de BCI, explica que en períodos de mayor incertidumbre la divisa actúa como refugio y que en el período que va desde la crisis social hasta las variaciones del lunes se suman una serie de factores. “Además del precio del cobre y tasas de interés, el tipo de cambio es determinado por la incertidumbre y efecto en confianza. Hoy vemos un mayor riesgo político que se ve reflejado en un premio que estímanos entre $70 y $80”, dice.

Pero la demanda por moneda extranjera también se ha hecho notar en las cuentas bancarias. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), desde el estallido social el monto depositado en moneda extrajera por parte de personas naturales subió de US$628 millones en octubre de 2019 a US$1.345 millones en febrero de este año.

Mientras al interior del país se buscan dólares, en el exterior también hay movimientos. “Después del estallido social los chilenos comprendieron, de forma muy clara, el riesgo que significa mantener una alta concentración de su portafolio en un solo país”, dice Alex Toledo, country head de Schroders para Chile, y agrega que “al conversar con las bancas privadas locales destacan un incremento en la demanda por aperturas de cuentas internacionales, lo que se traduce en búsqueda de productos offshore que satisfagan esa demanda. Nuestra oficina en Miami, viene registrando la misma tendencia. Al conversar con las bancas privadas, donde históricamente atendían clientes de Argentina, Brasil o Venezuela hoy mencionan una activación importante de clientes Chilenos”

¿Pero, cuánto es el dinero en el exterior? Mediante una solicitud vía transparencia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) detalló que las inversiones que contribuyentes chilenos poseen en el exterior aumentó un 41% en dos años.

Así, la declaración jurada de inversiones en el exterior, la cual realizan en junio de cada año personas y empresas que posean activos fuera del país, revela que los dineros en el exterior para el año comercial 2017, pero declarados en el ejercicio tributario de 2018, ascendían a $62.566.708.824.925 (US$98.046 millones según el dólar observado del cierre de ese año). En pesos, la cifra subió 17,4% al año siguiente, hasta $73.458.653.574.599 (US$107.712 millones). Al cierre de 2019, para el año tributario 2020, el monto subió un 20%, hasta $88.210.817.577.165 (US$114.501 millones).

En su respuesta, el organismo detalló que la información proporcionada está basada en la declaración jurada anual 1929 sobre “operaciones en el Exterior”, desglosando por año tributario, y actualizado al cierre de cada ejercicio.

Si bien el aumento en el stock de las cifras en el exterior es significativo - los datos del SII no implican flujo de entrada o salida de dinero, sino su existencia fuera del país en un momento dado-, sus efectos sobre la recaudación fiscal del Chile no necesariamente lo es.

Carola Trucco, socia de Barros & Errázuriz, señala que “las rentas derivadas de inversiones que residentes en Chile mantienen en el exterior tributan en Chile. Si una persona se va a vivir al extranjero va a seguir tributando en Chile por dichas rentas si no cambia su residencia para efectos tributarios”.

Y detalla: “Para cambiar dicha residencia requiere irse del país y además que el asiento principal de sus negocios no esté en Chile. Si esto se cumple, la persona no estará afecta a impuestos en Chile sobre las rentas que provengan de inversiones en el exterior”.

Al cierre de 2015, según informó en su momento el SII, se recibieron 7.832 declaraciones de contribuyentes buscando acogerse al sistema de repatriación de capitales aprobado durante la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet.

Para ese ejercicio, el Fisco recaudó US$1.502 millones al aplicar una tasa de 8%, por lo que se calcula que los dineros que se declararon equivalen a unos US$19.000 millones.

La mayoría de los bancos internacionales están ofreciendo la asesoría para cambiar de residencia fiscal, comenta un director de empresas públicas y privadas que prefiere mantener su nombre bajo reserva. Y los abogados también están notando los movimientos.

“Hay un grupo reducido de personas que tiene algún vínculo con otros países y que quiere vivir en otro país o repartir su tiempo entre Chile y el nuevo destino”, asegura Carola Trucco al ser consultada sobre las solicitudes de chilenos por cambiar de residencia.

Andrés Alessandri, socio de Mena, Alessandri & Asociados, explica que pocas personas han hecho ese movimiento, pero ya es una señal. “En Chile esto no ocurría, pero sí en Sudamérica, donde es común que las personas de altos patrimonios tengan residencias fiscales en el extranjero”.

En esa línea, argumenta que “un tema es sacar inversiones, pero es más complejo cambiar de residencia”, y detalla que “para perder la residencia en Chile debes vivir realmente en la jurisdicción que dices que te vas, no basta con el pasaporte o la residencia fiscal, debes irte a vivir realmente fuera de Chile. Eso implica que debes vivir 183 días fuera del país, pero además debes demostrar que tu vínculo no está en Chile, que tu familia vive afuera, y que tu principal fuente de ingreso está en el extranjero”.

De hecho, señala que “una cosa es conseguir una residencia física en otro país y otra es perder la residencia fiscal en Chile. Puede convertirse en residente fiscal en Madrid y en Chile por un tiempo”.

Según varios estudios de abogados consultados, los países donde más se consulta son Estados Unidos y Suiza, pero también algunos ya han comenzado a mirar hacia Uruguay.

En octubre de 2014, Uruguay aprobó una ley que tenía por objetivo facilitar la residencia permanente en el país a los ciudadanos nacionales de los Estados miembros y asociados al Mercosur, pero en enero de 2020, el Presidente Luis Lacalle Pou anunció la facilitación del trámite de residencia legal y la flexibilización de las causales de residencia fiscal, medidas que se hicieron efectivas el 1 de julio.

La normativa ofrece un beneficio a cualquier ciudadano extranjero que cambie su residencia fiscal a Uruguay, pudiendo optar por alguna de las siguientes ventajas: no tributar el Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) por las rentas pasivas obtenidas en el exterior por los ejercicios fiscales de los próximos 10 años, o tributar el IRPF por los rendimientos de capital mobiliario del exterior desde el ejercicio en que se adquiere la residencia fiscal, y en forma indefinida, a la tasa del 7% (la tasa general es del 12%).

Según un reportaje publicado en mayo por el diario uruguayo La Nación, los registros oficiales indican que en 2019 se habían otorgado 1.624 residencias fiscales, de las cuales 207 habían sido para argentinos. En 2020 esa cifra trepó a 2.343 casos, con 641 argentinos.

Pocos conocen casos de chilenos, aunque hay quienes señalan que tras la pandemia y las restricciones de vuelo se podría concretar el arribo hacia Uruguay.

Mediante otra solicitud de transparencia se le consultó al SII por sociedades de chilenos constituidas en paraísos fiscales entre 2018 y 2020, pero el organismo declinó responder argumentando que no cuenta con esa información.

Sin embargo, indicó que cuenta con información extraída desde la declaración jurada N°1929, relativa a las empresas que se encuentran en países que se consideran que tienen un régimen fiscal preferencial, precisando que el concepto de “régimen fiscal preferencial” no necesariamente es sinónimo de “paraíso fiscal” en los términos requeridos.

En esa lista hay 147 países, entre los cuales están desde Venezuela hasta el Congo, pero también incluye a Bahamas, Bermuda, Islas Caimán e Islas Vírgenes, y a varios países que están en las listas negra y gris de la OCDE respecto de sus compromisos para compartir información tributaria: Samoa, Palau, Macao, Islas Marianas del Norte, Estados Federados de Micronesia, Tailandia, Hong Kong, Guam, Taiwan, Puerto Rico y Malasia, entre otros.

Según el SII, para el año tributario 2018 existía un total de 647 sociedades en dicha situación, para el año tributario 2019 el número llegó a 660 y para el año tributario 2020 había un total de 608 empresas.

Los chilenos están buscando certeza tributaria y no esconder su patrimonio, dice un abogado de la plaza al explicar por qué podrían elegir países como EEUU y Suiza para fijar su residencia y, en pocos casos, su residencia tributaria. Y uno de los temas que lleva a esta búsqueda es la discusión del impuesto al patrimonio que se discute en el Congreso, el que fue rechazado esta semana en la Cámara de Diputados.

Según Andrés Alessandri, en algunos casos han analizado con sus clientes el impacto del impuesto al patrimonio, pero la carga tributaria que muchos terminarán pagando no sería el 2,5% que fija el proyecto, sino una superior, pues para pagar este impuesto deben sacar recursos de sus sociedades de inversión, operación por la que a su vez deben pagar el impuesto global complementario. Así, en algunos casos ese impuesto al patrimonio terminaría siendo de 4%.

Michel Soler, director asociado para Latinoamérica de Henley&Partners, estudio canadiense de abogados especialista en materia de planificación de residencia, explica que “hemos visto un aumento en el interés por parte de latinoamericanos, no solamente países como Chile, México y Brasil, a lo largo de estos últimos años. Efectivamente por la situación económica, política y social, las personas cada vez están buscando más un plan B, por una diversificación patrimonial”.

Sin embargo, precisa que obtener el permiso de residencia por inversión es distinto a la residencia fiscal, pues esto último se logra después.

“Históricamente, Latinoamérica miraba a EEUU y Canadá, los montos de inversión no son accesibles a todo el mundo, es la realidad de esta industria, pero han surgido cada vez más programas en distintos países que han flexibilizado los montos”, dice gracias a lo cual hoy varios países en Europa surgen entre las preferencias, como Portugal.

“Es un país popular entre los latinoamericanos porque el monto de inversión es flexible al igual que la permanencia física”, ya que se puede solicitar la residencia mediante inversión en instrumentos financieros, bienes inmobiliarios o fondos de inversión, dice Solar, mientras que Suiza “es menos exequible desde el punto de vista financiero”, pues se debe establecer residencia en base a un monto de impuestos específicos que se debe pagar cada año.

En el caso de EEUU, en tanto, hay varios programas de migración por inversión. Uno de los más conocidos es la residencia pasiva, que requiere un monto de US$1,8 millones, que puede reducirse a US$900 mil si es que se cumplen ciertos criterios. Otro es la visa E2, al comprar o establecer un negocio.