La economista Paula Benavides conoce de cerca el mundo de las pensiones. Fue asesora del Ministerio de Hacienda cuando el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet impulsó su reforma previsional, y también fue la encargada de coordinar la mesa técnica de oposición en pensiones cuando el expresidente Sebastián Piñera llevó adelante su proyecto.
Este miércoles la presidenta ejecutiva de Espacio Público asistió a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para hablar de la reforma de pensiones del actual gobierno. Allí destacó varios aspectos que le parecen positivos, por ejemplo, que el proyecto está estructurado a partir de puntos de encuentro decantados en el debate de los últimos gobiernos, o que los ejes centrales apuntan correctamente a los desafíos del sistema y están en línea con experiencia comparada. Entre otros, destacó el pilar contributivo mixto que mantiene la capitalización individual del 10% y suma un ahorro colectivo solidario con el 6%.
Pero también mencionó que ve que existen ocho espacios de mejora, o áreas donde se podría profundizar o hacer una revisión. Primero, mencionó que hay que definir objetivos claros y cuantificables, por ejemplo, acordar tasas de reemplazo esperadas.
El segundo punto a revisar es respecto a la institucionalidad. Acá se refirió al Administrador Previsional Autónomo (APA) que crea la reforma a partir del Instituto de Previsión Social (IPS). En esa línea, habló de revisar “la factibilidad de crearlo como un organismo nuevo en realidad, y con amplias posibilidades de subcontratación. Respecto del propio IPS podría ser. Reevaluar también la procedencia de que tenga un gobierno corporativo colegiado. En Chile, en general, no tenemos servicios en el rol netamente ejecutor, estas son funciones de servicios, de soporte, que están a cargo de consejos, y esto puede generar un alto riesgo de inacción operativa”.
Asimismo, dijo que “la gradualidad del APA me parece que podría ser insuficiente, de hecho, recordemos que al tercer mes de publicada la ley ya tiene que estar contratando servicios de recaudación. Creo que son plazos que podrían no dar tiempo siquiera a la reglamentación necesaria”.
En el punto de la institucionalidad también mencionó el rol de la Superintendencia de Pensiones y que pudiera fortalecerse con una dirección colegiada, como la que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, en vez de una unipersonal como tiene hoy.
En tercer lugar, habló de la etapa de desacumulación, esto es, cuando la gente se jubila. Si bien el proyecto elimina el retiro programado y solo permite la renta vitalicia, para quienes tengan un saldo insuficiente para financiar una renta vitalicia de UF 3 se les entrega ese saldo en cinco años hasta agotarlo. Al respecto, expuso que entre julio de 2021 y junio de 2022 un 64% de los nuevos pensionados no pudo contratar una renta vitalicia debido a que no cumplían con este requisito de UF 3, asignándoseles un retiro programado. “Son pocos los que podrían acceder a renta vitalicia”, mencionó, por lo que propuso que se evalúen otras alternativas.
En cuarto lugar se refirió al autopréstamo que propone el gobierno en la reforma. “En la experiencia comparada (...) cuando se permite alguna liquidez en pilares obligatorios, esta es acotada en casos de extrema necesidad, como en Australia o México”, explicó. Ahí también dijo que se deben considerar los importantes efectos que se produjeron por los retiros que se aprobaron, y apuntó a que las prioridades debieran centrarse en mejorar las pensiones más que en los autopréstamos.
En quinto lugar, habló de las prestaciones del Seguro Social Previsional (SSP). Su presentación señalaba que el Consejo Directivo del Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) fija anualmente la rentabilidad real de las cuentas del SSP, la que debe asegurar la sustentabilidad, tasa que se usa también en el cálculo de las prestaciones. Sobre ello, señaló que “es de la mayor relevancia que hayan reglas precisas para establecerlo, hay lineamientos en el proyecto pero esto se podría perfeccionar. Y también fortalecer la automaticidad de las reglas de ajustes de sus beneficios”.
Como sexto punto habló de evaluar la incorporación de los trabajadores independientes en forma obligatoria al SSP. En séptimo lugar, planteó incorporar en el debate la edad legal de jubilación. Y como octavo y último punto, se refirió a la implementación y transitoriedad. “Las gradualidades de implementación deberían revisarse con el objeto de minimizar riesgos ante cambios de gran envergadura, especialmente respecto de la nueva institucionalidad y la reorganización industrial del componente de capitalización individual”, afirmó en su presentación.
