Una de las aristas más complejas que enfrenta la asociación entre Codelco y SQM tiene relación con las comunidades indígenas que habitan en el entorno del Salar de Atacama. Si bien el Memorándum de Entendimiento, publicado el 27 de diciembre de 2023, ya contemplaba el requisito de realizar una consulta indígena en el marco de los contratos de arrendamiento que Corfo entregará a Codelco, la reticencia de un grupo de comunidades al acuerdo se ha transformado en uno de los principales escollos para el éxito de la negociación final.

La primera señal de alerta vino al día siguiente de la publicación del memorándum. El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) acusó incumplimientos tras la conformación de una mesa tripartita entre Codelco, SQM y las 18 comunidades que son parte de esta instancia. Si bien Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, explicaría semanas más tarde que las partes estaban impedidas de socializar las bases del acuerdo por tratarse de “información privilegiada”, dicho argumento no impidió que las comunidades de Toconao, Socaire, Peine y Camar protagonizaran un bloqueo a los accesos al Salar de Atacama en repudio de la manera en la que se habían enterado de los detalles de la asociación.

Dicho episodio se vio agravado cuando el mismo grupo decidió abandonar la mesa tripartita, condicionando las posibilidades de entablar nuevamente un diálogo al cuidado de factores medioambientales. Ese episodio marcó también un punto de inflexión entre las comunidades del borde sur con la nueva directiva del CPA, encabezada por Alexis Romero como presidente y Luzvenia Catur, como vicepresidenta. Las diferencias apuntan a la falta de representatividad, acusan, de las comunidades más afectadas por la actividad extractiva.

Desde entonces ese conjunto de comunidades ha logrado sostener conversaciones aparte con las empresas, en paralelo al funcionamiento de la mesa tripartita. Así lo comentaron dirigentes de las comunidades a Pulso.

“A partir de esa declaración y no habiendo llegado a una conciliación al interior del Consejo, ellos aceptaron tener dos mesas”, indicó Yermin Básquez, presidente de la comunidad de Toconao, detallando que han sostenido tres reuniones “para leer los contratos, nada más”

Sandra Cruz, presidenta de la comunidad de Socaire, agrega cuestionamientos abiertos al CPA.

“Hemos estado esperando un año que ellos representen a todas nuestras comunidades, de la forma que tiene debe ser; sabemos que no puede ser igualitaria, porque aquí hay una afectación directa”, plantea, y aboga porque el proceso considere la cantidad de personas que conforma cada comunidad, la tercera más numerosa, según Cruz.

“Tiene que haber un plan donde todas las comunidades puedan desarrollarse de buena forma, nos solo algunas, y no solo las comunidades que son de un grupo familiar, que son pequeñas, de 16 socios. Nosotros somos 200 socios, de un territorio amplio, y somos una comunidad dentro del pueblo”, agregó.

Eso sí, la falta de avenimiento de los pueblos originarios no retrasará el cierre y firma de los contratos definitivos entre Codelco y SQM, programada para esta semana.

“Está concordado que nos vamos a dar un espacio de tiempo, y que todo lo que se genere se va a integrar a los contratos como un adenda o un anexo, pero no van a quedar solamente como una observación. Lo que nosotros discutamos al final, se va a tener que integrar en el marco del contrato”, reveló Básques.

Este martes las comunidades dieron una nueva muestra de su capacidad para dificultar el desarrollo de las conversaciones. Esto, luego que el mismo grupo de comunidades que bloqueó los accesos al salar en enero realizara una protesta que truncó el inicio del proceso de consulta indígena al que Corfo tenía previsto darle inicio.

La movilización estuvo encabezada por la comunidad de Socaire, y constó de una marcha pacífica que comenzó en la comuna de San Pedro de Atacama y que se trasladó hasta la sede de la comunidad de Quitor, donde estaban citadas las comunidades del pueblo Lickanantay para sostener la primera reunión de la etapa de planificación del proceso de consulta.

Así lo confirmaron dirigentes de las comunidades, que detallaron que a eso de las 9:30 de la mañana, un grupo de dirigentes irrumpió en la sede exigiendo reformular el proceso. “Socaire se opuso, apoyado por Toconao y Camar, y el encargado de Corfo optó por suspender la jornada porque no estaban dadas las condiciones, e hizo una declaración en la que dijo que Corfo se hacía cargo de no haber estado a la altura de lo que correspondía”, dijo Básques.

Sandra Cruz agregó que lo que buscan es asegurar que se inicie el diálogo desde los territorios, como el de la Comunidad Atacameña de Socaire, así como con otras del borde sureste del Salar de Atacama.

“Sabemos que hay una cuenca y eso lo respetamos, pero creemos que la comunidad de Socaire, así como las del borde sureste del Salar de Atacama, que son las comunidades en las que se emplazan las actividades extractivas, deben lograr acuerdos mínimos y vinculantes en forma previa a la consulta. Se deben considerar de forma especial las afectaciones que viven las comunidades donde está emplazado el proyecto, en especial sobre la situación hídrica, y la realidad de desarrollo de los pueblos”, indicó.

Consultados al respecto, desde Corfo confirmaron que “dadas las demandas expresadas por las comunidades asistentes a la reunión fijada en San Pedro de Atacama y la falta de condiciones para desarrollar la reunión acordada, se optó por postergar el inicio del proceso y fortalecer la fase de relacionamiento previo con todos los actores del territorio y con mayor presencia territorial, en especial en aquellas zonas de mayor afectación”, indicaron en una declaración.

Desde el organismo estatal recordaron que la sesión fijada para este martes “era una reunión inicial que buscaba acuerdos sobre cronograma y metodología para la consulta. Estos procesos requieren tiempo y voluntad de diálogo, por lo que se definirán, próximamente, nuevas fechas para retomar el proceso”.