El proyecto que fortalece el cumplimiento tributario se aprobó la semana pasada por la Cámara de Diputadas y Diputadas, pero algunos gremios empresariales no satisfechos al avance de la iniciativa. La Multigremial Nacional, Conapyme y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) estimaron que existen una serie de “puntos críticos” que afectarían directamente a las pymes.
De acuerdo con la mirada de los gremios, las observaciones que plantean “dañan a las pymes, apuntando principalmente al exceso de atribuciones del SII; mayor carga a contribuyentes y dificultad para asegurar sus derechos; así como el cambio de sede, multijurisdicción y secreto bancario”.
Uno de los puntos que critican tiene relación con el cambio de sede para la determinación de la norma general anti elusiva. Los gremios estiman que “el proyecto sólo otorga defensa judicial en vulneración de derechos que es una mínima parte de los conflictos, pero no lo consagra en la Norma General Antielusiva (NGA). No sirven los argumentos de delitos tributarios, facturas falsas y otros que entrega el Ministerio de Hacienda, ya que ello es Evasión y la NGA es un tema de eventual Elusión. Haber subido el piso de 250 a 1.000 UTM para la aplicación de la NGA, claramente no es garantía suficiente.
“Planificación agresiva y lo propio” es otro de los puntos de alerta. Las agrupaciones estiman que “no es aceptable que se entregue al SII” la facultad de determinar cuando hay planificación agresiva y cuando se realiza un acto impropio. “Que sea el legislador el que objetivamente establezca en qué casos ello ocurre”, agregaron.
Además, las agrupaciones critican las facilidades que se buscan para levantar el secreto bancario: “¿Por qué debiera romperse el secreto bancario sin serios fundamentos y sin derecho de defensa? Un procedimiento sin derecho del afectado de oponerse viola la garantía del derecho al debido proceso”.
Los gremios también apuntaron contra la multijuridización, donde la fiscalización de un contribuyente no responda a criterios geográficos. “Ofrecer las unidades del SII para que el contribuyente se comunique con el fiscalizador de otra región no es lógico. Si ya está en la sede de su región, lo esperable es que ahí sea fiscalizado”, estiman.
Otro de los puntos tiene que ver con la prescripción: “Se pretende revivir o aumentar el plazo hasta 10 años, argumentando que en los grupos económicos se ocultan los cambios de socio. Si ese es realmente el problema, que se legisle para ese caso en particular, pero no de la forma en que se ha hecho, en que cualquier información que no se realice sirve de base para la determinación de un impuesto”.
En tanto, los gremios vieron con malos ojos la actualización de los delitos tributarios y que se elevaron algunas de las sanciones. “La propuesta de introducir un nuevo delito a quien sin justificación económica disminuye artificialmente su patrimonio con el objetivo de frustrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias resulta nefasta, porque las diferencias de impuesto pueden obedecer a interpretaciones jurídicas distintas”, dice el documento donde se critica partes del proyecto.
“Usando como argumento la necesidad de actualizar tipos penales, en esta ocasión no se dejó fuera a las Mipymes, pese al bajo impacto que puede tener una empresa de este tamaño. El caso de Mipymes no amerita entregar estas atribuciones del SII (interés jurídico protegido que se ve lesionado no es igual en micro y pequeños contribuyentes vs medianos y grandes). Está bien perseguir a los infractores, pero no de esta forma y no a todos los contribuyentes (...) Si las autoridades insisten con esta mala idea, la opción es que se limite este delito para los casos que el contribuyente ha utilizado facturas falsas para incrementar sus créditos fiscales”, agregan.
Las agrupaciones también dispararon contra los cambios en en relación a los temas de recuperar el IVA. “Si el objetivo es impedir los aprovechamientos indebidos, lo lógico sería tener una mejor fiscalización, pero no perjudicar a todos los que hoy se benefician legítimamente ¿Qué pasa con los proyectos o activos fijos que tardan más años en producir? ¿Con esto dejará de ser el sector exportador una base del crecimiento en Chile?”, dijeron.
Por otro lado, las advertencias continuaron en el tema de los cambios en temas de tasación. Las agrupaciones mostraron rechazo a cambiar “bajo el argumento que valor corriente en plaza no estaría definido en la ley, se cambió a “valor normal de Mercado”, eliminando años de contenido jurisprudencial ¿No es más recomendable dar la definición legal de “valor corriente en plaza”, que ya existe administrativamente” y agregó que, “El proyecto incluye la posibilidad de hacer un informe pericial, por tiempos y costos, en el mundo de las Mipymes la propuesta no es aceptable”.
Los gremios también pidieron mantener la neutralidad “siempre”. “La forma en que el contribuyente decida ordenar su empresa, mientras mantenga el costo tributario y no haya transferencias a terceros, no debe importar al SII, ya que no genera hechos gravados, no hay traspaso de patrimonio ni incremento patrimonial”, agregó.
Uno de los últimos puntos dice en relación con las modificaciones que buscan detectar cuando exista abuso del sistema para las empresas que no lo estén se acogen los regímenes especiales diseñados para las Mipymes. “A pesar de que se cumpla con todas estas exigencias que indica la ley, el SII tiene la facultad de sostener que de igual forma existe abuso del sistema. Entonces, ahora no se podría saber si un contribuyente califica o no en un régimen tributario y el SII adquiere un rol supralegal, rompiendo el principio de legalidad tributaria, es decir, todo debe estar normado por la ley”, dijeron
Los gremios comentaron que no se necesita premiar económicamente a los denunciantes. “El inconveniente es la posibilidad cierta de sacar de mercado a un competidor Mipyme que no tiene defensa judicial gratuita frente a este tipo de denuncias, y el premio a algún colaborador que quiera perseguir a la empresa en que trabajaba. A diferencia de lo que pasa en otras materias, en ésta el Servicio tiene toda la información, con un buen control, no necesita premiar económicamente las denuncias”, explicaron.
Finalmente, el último punto dice relación con críticas a modificar el sistema sancionatorio en las aduanas. “Aparece como desproporcionado sancionar con una vez el valor de las mercancías, cuando no se ha materializado un delito, sino una falta. Es importante señalar que, de avanzar esta modificación se afecta al comercio exterior del país en su conjunto, en especial, comerciantes y público en general, ya que necesariamente las multas deberán ser repetidas a los consignatarios”, cerraron.
Ante este contexto, los gremios esperan revertir estos puntos ahora que la discusión del proyecto pasó a la discusión del Senado.
