Tras los cuestionamientos planteados por algunos expertos al proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior en reemplazo del Crédito con Aval de Estado (CAE), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la iniciativa.

“Los altos aranceles y la extensión de las carreras, unido a que con el correr del tiempo a medida que se masifica la educación superior baja la rentabilidad privada de años de educación superior, eso hace que los niveles de deuda en relación a los ingresos que tienen los profesionales cuando egresan son muy altos”, dijo en entrevista con Radio Infinita.

En este sentido sostuvo que actualmente la deuda educacional representa el 19% del total de deuda de los hogares y en el caso de los primeros tres quintiles de ingreso es más de 40%.

Agregó que en Chile, en promedio, un estudiante se demora 6 años y medio en obtener un título profesional, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos cuando se discute sobre deuda universitaria se está discutiendo para periodos de endeudamiento que son más cortos.

Según la propuesta, quienes accedan a este nuevo sistema asumirán la obligación de retribuir durante plazos proporcionales al tiempo que estudiaron con el instrumento, con un tope de 20 años. Esos montos serán recaudados anualmente por la Tesorería General de la República, entre los cuales destacan anticipos mensuales sobre la base de sus rentas.

Así quienes una vez egresados reciban ingresos de hasta 7,5 UTA (equivalentes a cerca de $500.000 mensuales) estarán exentos; sobre la parte que excede este ingreso, se contempla una tasa marginal de contribuci6n progresiva de 13% para rentas hasta 11,2 UTA y de 15% para los ingresos sobre ese monto, con la garantía de que su retribución no exceda el 7% de sus ingresos mensuales, o el 8% en el caso de personas con ingresos anuales iguales o superiores a 45 UTA ($ 3 millones mensuales aproximadamente). Hasta un plazo de 20 años.

Pagos más expeditos

Marcel reafirmó que “la idea es que el financiamiento del nuevo sistema se sustente en una mayor eficiencia en el pago de los beneficiarios. “Pese a que la reforma de 2012 estableció un limite de 10% para el pago de las cuotas anuales esto se hizo a través de un mecanismo bastante complejo que hace que gente no postule y queda morosa, el costo para el Estado que tiene esto, más la recompra de deuda, más la morosidad y más la ejecución de garantía implica un alto costo para el Estado y un costo creciente”, indicó.

Al respecto precisó que “actualmente el total de desembolsos que tiene el Estado por el CAE es de más o menos $780 mil millones, pero en 10 años más eso llegaría a $1 millón 200 mil millones mientras los ingresos probablemente no habrían crecido nada, con lo cual el déficit global del sistema de financiamiento estudiantil prácticamente se duplicaría”.

El proyecto contempla que el primer año un menor gasto fiscal de $46.605 millones, y un mayor desembolso por $61.261 millones, lo que se ve compensado a lo largo del tiempo. Según la Dipres, ello implica un desembolso efectivo por $14.656 millones el primer año, y ahorros netos los siguientes años, respecto de los gastos vigentes.

Marcel precisó que el modelo se va a financiar con la eliminación de muchas ineficiencias, como el cobro de los bancos, ya que el nuevo sistema va a operar a través del sistema tributario en la Operacion Renta

En cuanto a una posible menor calidad de la educación por la reducción del aporte del Estado a las universidades dijo que no hay necesariamente una correlación entre calidad y costo de las carreras, pero que eso, sin duda, formará parte de la discusión del proyecto.

Hospitales públicos

Respecto a las críticas de algunos parlamentarios por el financiamiento de los hospitales públicos indicó que el Ministerio de Hacienda y la Dipres no asigna recursos a nivel de hospital, ni a nivel de alas de hospital, ni de servicios clínicos, los asigna a nivel de servicios de salud y son los servicios de salud los que tienen que administrar los recursos con todos los establecimientos que dependen de ellos.

“Tenemos hoy día casos de servicios de salud que en el conjunto no tienen mayores desequilibrios, que han ido ejecutando en el conjunto con normalidad su presupuesto pero a su interior tienen hospitales deficitarios entonces ahí algún tema de gestión que con seguridad hay que resolver”, indicó.

Recordó que en 2024 el presupuesto del Ministerio de Salud tuvo un alza de más de US$1.000 millones.

Y afirmó que “en cuanto a la deuda, no quiero generalizar porque hay servicios o directores de hospitales que hacen muchos esfuerzos por manejar bien sus recursos, pero hay otros en los cuales ocurre que desde junio tenían gastado el 90% de su presupuesto del año, entonces que es lo que pasa ahí, que todas las instituciones públicas, todos tenemos nuestro presupuesto y la enorme mayoría de las instituciones públicas se preocupan de distribuir los recursos para que alcancen para todo el año”.

En este sentido dijo que, si bien, puede haber situaciones en las cuales la demanda ha sido tan grande que ha obligado a gastar mucho más, hay otros casos en que no ha sido así, por lo que hay que ver los casos particulares en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para resolver las situaciones más inmediatas.