Un repaso sobre los efectos que produjo el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria, tanto para la ciudadanía como para las medianas y pequeñas empresas, realizó esta jornada el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
En un punto de prensa donde compartió con la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y que se llevó a cabo en La Moneda tras un comité político extraordinario en que participaron los presidentes de los partidos oficialistas, el economista volvió a criticar a quienes rechazaron que el proyecto fuera discutido en particular, y acusando que uno de los efecto concreto de la votación es que se cierra el espacio al diálogo.
“El rechazar la idea de legislar es cerrar la puerta al diálogo. Pensemos que en la reforma tributaria, después de la votación general, venían 60 votaciones separadas para cada uno de los distintos componentes de la reforma. Ahí había espacio para expresar opiniones, diferencias, y visiones sobre el contenido, pero al votar en contra de la idea de legislar no se pudo hacer”, reclamó Marcel.
En esa línea, enfatizó que “más allá de la retórica, de los dimes y diretes propios del mundo político, la realidad de rechazar la idea de legislar es la interrupción del diálogo”.
Por ello, defendió que el gobierno “ha tenido disposición a dialogar en toda su tramitación, y por cierto la tenía para los pasos que seguían”, recordando que durante la tramitación en la comisión de Hacienda de la Cámara se introdujeron 90 indicaciones y “algunas de ellas fueron votadas favorablemente por la oposición”.
Y aunque no fue explícito en descartar la posible insistencia ante el Senado -donde se requieren dos tercios para continuar con la tramitación-, el jefe de las finanzas públicas admitió ciertas “restricciones” en dicha fórmula que “limitan mucho los medios” para generar el necesario diálogo.
“Ese es un tema que hay que resolver, que probablemente no esté solo en manos del gobierno”, agregó.
Al ser consultado sobre los riesgos de que otros proyectos como la reforma previsional y el royalty minero sufran el mismo golpe en términos legislativos, Marcel afirmó que “en cada uno de esos proyectos, particularmente en el royalty minero, concurriremos a él siempre con esta misma disposición”.
Sin embargo, reconoció que en el caso del proyecto de pensiones “hay una disputa ideológica muy profunda”, y aunque remarcó que para el Ejecutivo no existen las denominadas “líneas rojas” en dicha iniciativa, expresó su esperanza en que “la primacía de la ideología sobre el pragmatismo que vimos en la votación de ayer, ojalá que no lo veamos repetido en la reforma previsional”.
Consultado sobre si el gobierno realiza alguna autocrítica por no alcanzar los votos para sortear la votación en general del proyecto tributario, Marcel remarcó que “la responsabilidad por lo que ocurrió ayer no es del gobierno, porque el gobierno no apretó el botón para votar rechazo a la idea de legislar, fueron los parlamentarios y parlamentarias que así lo hicieron los que son responsables de esa decisión”.
“Lo que la ciudadanía espera es que cuando un parlamentario o parlamentaria se enfrenta a una pregunta sobre legislar o no, es responder esa pregunta y no otra cosa. Eso es inescapable, el resto caerá dentro del análisis político, pero la responsabilidad es de quien apretó ese botón”, sostuvo.
Al respecto, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, apoyó los dichos del ministro de Hacienda, señalando que la voluntad de diálogo del gobierno fueron “hechos y no palabras”.
“Tanto el ministro de Hacienda como la ministra Segpres estuvieron meses trabajando en esto, meses dialogando, discutiendo, haciendo modificaciones al proyecto de ley, conversando con todos y todas sobre la reforma tributaria, en reuniones con cada uno de los parlamentarios y parlamentarias, y aún así primó lamentablemente una posición ideológica más que el pragmatismo y la necesidad de poner en el centro a las personas el día de ayer”, dijo Vallejo.
Mitad de la reforma iba a la PGU
Marcel remarcó que “aproximadamente la mitad” de la recaudación esperada por la reforma tributaria iba a ser destinada al incremento en el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Por ello, afirmó que “la decisión de los parlamentarios que votaron mayoritariamente en contra de la idea de legislar, deja sin financiamiento ese incremento de la PGU”.
Al pago de pensiones, sumó otras iniciativas contempladas como gasto fiscal, pero cuyo financiamiento dependía de la reforma tributaria, como la reducción de las listas de espera en hospitales, aumentar el PIB per cápita en salud primaria, la sala cuna universal o el sistema nacional de cuidados.
El aumento del impuesto a las pymes será “inmediato”
Marcel destacó que el proyecto aplazaba el alza en la tasa de impuestos que pagan las pequeñas y medianas empresas, y que subirán a 25% en vez de mantenerse en 10%. El economista puso el caso ficticio de una pyme con ventas anuales por 60.000 UF, es decir, afecta al régimen para dicho tipo de compañías. Considerando una rentabilidad de 10%, el ministro aseguró que el rechazo de la reforma tributaria significa que “esa empresa va a pagar $36 millones más de impuestos, respecto de lo que determinaba el proyecto”.
El secretario de Estado afirmó que entregó dicho ejemplo “porque ayer se repitió muchas veces que la reforma tributaria sería dañina para las pymes, y que se rechazaba la idea de legislar para apoyarlas”, por lo que, enfatizó, “el rechazo a la idea de legislar significa un perjuicio inmediato y muy concreto”.
A ello agregó que la rebaja al 100% del IVA dentro de los primeros seis meses de funcionamiento de una nueva empresa, y que se retiraba gradualmente en los dos primeros años, no podrá ser aplicada para incentivar la creación de nuevas empresas y a la formalización.
Evasión y elusión no mejorarán
Otro de los aspectos que destacó Marcel fue la imposibilidad de aplicar las medidas antielusivas y contra la evasión en el pago de tributos. Según detalló, el uso de mecanismos “va a seguir estando vigente para las personas que los utilizan”, y graficó con un caso de una inversión realizada en un paraíso tributario, donde actualmente existe un límite de 2.400 UF para declarar las rentas provenientes de dichas inversiones. “Como ese es un límite que se establece por persona, lo que ocurre es que hay familias en que cada una de las personas de esa familia hacen inversiones”, ejemplificó Marcel, con lo cual, aseguró, “ninguno de ellos tiene que pagar impuestos por esas rentas”.
Beneficios a la clase media
Marcel sumó que el rechazo al proyecto tributario no permitirá descontar del pago de impuestos, los gastos en arriendo ni los gastos en cuidados de familiares. “Ambas medidas fueron rechazadas junto con la idea de legislar la reforma tributaria y hoy día no van a poder ser una realidad”, remarcó.