Desde que comenzaron las postulaciones al Bono Alivio Pyme hasta la fecha ya han sido aprobadas 755.702 solicitudes de pequeñas y medianas empresas que buscan acceder al beneficio que consiste en un aporte de $1 millón, que puede aumentar en un 20% en caso de que la titular de la empresa sea una mujer.
La Región Metropolitana es la que lidera el número de solicitudes con un total de 295.687, seguida por la Región de Valparaíso con 74.942, y en tercer lugar está la Región del Biobío con 59.106.
“Se trata de una muy buena noticia, puesto que nos estamos acercando a los 820 mil beneficiados que se tenían estipulados cuando se promulgó la ley y que esperamos se puedan superar”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 2 de agosto en la página del Servicio de Impuestos Internos. Los requisitos para acceder a este bono son que las empresas hayan iniciado actividades de primera categoría hasta el 31 de marzo de 2020 y que sus ingresos anuales por ventas no superen las 25 mil UF durante el año calendario 2020.
Los transportistas, pequeños agricultores y mineros también podrán acceder al beneficio. Los comerciantes de ferias libres podrán recibir este bono si tienen su patente municipal al día sin necesidad de cumplir los demás requisitos establecidos para las Mypes en general .
“Necesitamos que los municipios envíen la información al Servicio de Impuestos Internos. Sabemos de las dificultades que presentaron algunas municipalidades por el traspaso de mando o por la misma pandemia por lo que extendimos el plazo hasta mañana, jueves 15 de julio, para que envíen la información para que nadie quede fuera”, sostuvo la secretaria de Estado.
Además del bono para las pymes, también están considerados un bono adicional variable, para aquellas Mypes que están afectas al pago del IVA, un bono para el pago de cotizaciones para trabajadores suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo, y se entregará un anticipo solidario para cubrir la deuda por cotizaciones de seguridad social declaradas y no pagadas de los trabajadores suspendidos