El gobierno junto con el proyecto de ley de reforma de pensiones también ingresó el informe financiero. En este documento se cuantifica que el costo fiscal en régimen será de $5.329.476 millones.

De ese total, más de la mitad será para financiar el aumento en el monto y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU) con un valor de $2.925.423 millones. Además, el aumento de la tasa de cotización y del tope imponible significan $2.320.874 millones y, por último, la creación de la nueva institucionalidad tendrá un costo de $112.566 millones.

Según el informe, el Administrador Previsional Autónomo (APA), se crea a partir del actual instituto de Previsión Social (IPS), institución que administrará el Sistema Mixto de Pensiones, lo que implicará una mayor carga de trabajo para dicho servicio, en materias como administración de cuentas, cobranza de cotizaciones, pago de pensiones y administración de Comisiones Médicas, entre otras.

Para ello, se contempla la contratación de 1.732 funcionarios al séptimo año desde la publicación de la ley.

La implementación del proyecto de ley implicará también una mayor carga de trabajo para la Superintendencia de Pensiones, debido a las nuevas funciones de fiscalización para la institucionalidad que establece el proyecto. Para ello, se requerirá la contratación de 16 nuevos funcionarios a partir del año de entrada en vigencia de la ley, junto con el desarrollo de sistemas informáticos y la ampliación de los sistemas tecnológicos de la Superintendencia. El mayor gasto fiscal que implicarán estas iniciativas será de $1.323 millones en 2024, $1.306 millones en 2025 y de $984 millones en régimen.