El exdirector de Presupuestos e investigador asociado de CIES -UDD, Matías Acevedo, estima que la información que se ha entregado hasta ahora respecto del modo en que operará la nueva fórmula que propone el gobierno para la distribución del 6% de cotización adicional en la reforma de pensiones, ha sido confusa.
“Hay que esperar que lleguen las indicaciones y obviamente analizarlas en su mérito, y rechazarlas con fuerza si es que son malas propuestas técnicas, y aprobarlas con el mismo ímpetu si es que son buenas propuestas que tienen respaldo técnico. Ahí yo creo que nadie se puede perder, porque nadie está pensando en hacerle un daño al sistema como lo hizo la reforma tributaria de Bachelet II, o la reforma educacional en ese mismo gobierno. Nadie en la oposición está pensando en eso”, afirma.
“Me parece que hay varios elementos que faltan, y así como el ministro de Hacienda decía que no se puede hacer un acto de fe respecto a la fecha de votación, tampoco se puede hacer un acto de fe respecto a las propuestas si no se conocen las indicaciones. Ahí es donde se va a discutir efectivamente qué es lo que se está proponiendo y cuáles son los detalles de aquello”, añade.
Sobre la nueva propuesta del Ejecutivo, dice que “en el gobierno anterior propusimos un fondo de seguro social sin fecha de término, me refiero al que fue aprobado en la Cámara de Diputados con el respaldo técnico de Hacienda y Dipres. Si este fondo nuevo tiene fecha de vencimiento, por construcción se acotan bastante los riesgos respecto a la propuesta del gobierno anterior... Además, el fondo del gobierno anterior no tenía aporte fiscal permanente; este sí. Esperemos ver los números del Ejecutivo, evaluar la solvencia de este fondo es básico para poder formarse una opinión técnica, tal como lo hicimos en el pasado. Si el fondo no es solvente ante escenarios de estrés razonables, no se puede avanzar en ello, sería una irresponsabilidad mayor y tendría consecuencias fiscales”.
¿Hoy está más cerca el acuerdo de lo que estuvo en el gobierno anterior?
-No. No lo veo así. Lo veo como que esta es una reforma que sigue siendo igual de compleja, como las que se han planteado en Bachelet II y en Piñera II, donde está rodeada de un montón de temas que todos conversan y que son sensibles, y que estamos en la etapa de tramitación en que tiene que estar este proyecto.
¿Le parece bien la nueva fórmula que propuso el gobierno para el 6%?
-Las fórmulas responden más bien al diagnóstico. Y si uno mira el sistema actual, básicamente dos tercios de la pensión que recibe el jubilado se sostiene por el Pilar Solidario, y solamente un tercio por el plan contributivo. Esto es importante, porque no hacer nada, implica aumentar el pasivo fiscal que hay detrás. Todo lo que tuvimos que hacer con el Pilar Solidario, y la PGU posteriormente del Presidente Piñera, responde básicamente a eso. La PGU podría haber sido un monto bastante menor si es que hubiéramos aumentado el pilar contributivo antes. Por lo tanto, pensar en que tenemos que avanzar en este debate es importante, pero hay que avanzar con fuerza en todo lo que tenga respaldo técnico, y rechazar con la misma fuerza todo lo que no tenga ese respaldo técnico. Ese es para mí el camino.
¿Dado el diagnóstico que señala, tiene o no respaldo técnico lo que propone el gobierno en cuanto a la distribución del 6% de cotización adicional?
-La comisión técnica identificó un grupo de afiliados jubilados y próximos a jubilar, básicamente eran sectores medios y mujeres, con 20 años de cotización que seguían teniendo bajas tasas de reemplazo, que son básicamente sectores medios, medios altos, y mujeres. Entonces, lo primero que uno se debiera preguntar es cuánto cuesta eso. Todavía no tenemos esa respuesta. No sabemos cuánto cuesta ese grupo, cuántos son los recursos que necesitamos y cómo lo financiamos. Cuando se plantearon las indicaciones en la discusión de la Cámara de Diputados, ese grupo costaba cerca de 0,7 puntos del PIB. Probablemente con este diagnóstico, y con un corte para recibir el beneficio que exige un mayor número de años de cotización, eso tiene un costo fiscal bastante menor. Entonces, cuando uno quiere ver si es adecuada la distribución, bueno, primero veamos cuánto cuesta eso, y el gobierno tiene que entregar esa respuesta.
¿A su juicio, cómo debería financiarse?
-La primera fuente de financiamiento siempre tienen que ser los ingresos generales de la nación. Eso es por definición donde se hace la solidaridad (...) El gobierno lo que ha dicho es que va a destinar parte del presupuesto que tenía planeado para aumentar la PGU al 10% más rico, que ya no lo va a entregar; parte de eso va a ir a financiar beneficios de este fondo. En orden de prioridades, eso es lo primero. Lo segundo, si no alcanzara con esos recursos, yo creo que hay que mirar seriamente el seguro de cesantía. Recordemos que el aporte al seguro de cesantía, entre el empleado y el empleador, son casi tres puntos de cotización, y sabemos que ese fondo está sobredimensionado. Lo sabemos hace tiempo. Ahí fácilmente puedes encontrar entre 0,5 y 1 punto de cotización. Obviamente hay que hacer bien los números, pero yo me atrevería a decir que seguro tiene medio punto de cotización.
¿Pero aún así se necesitarían cotizaciones para financiar solidaridad?
-Primero tenemos que saber cuánto cuestan estos beneficios. Y una vez que sabemos cuánto cuesta, ver cuáles son los recursos que hay disponibles. Y si llegara a quedar un remanente, se puede buscar un instrumento (financiado con cotizaciones), que ofrezca a los afiliados un retorno de mercado equivalente al riesgo que están tomando. Esas serían para mí las tres prioridades: aporte fiscal, seguro de cesantía, y si no llegara a alcanzar, el remanente hacerlo con algo bastante acotado y exigirle a eso un retorno de mercado, que sea seguro, que sea exactamente igual como invertir en cualquier instrumento que invierten los fondos de pensiones con el restante 13%. Y que esté registrado en la cuenta individual, etcétera. O sea, que no tenga ninguna diferencia con las inversiones que hacen los fondos de pensiones con el resto de los instrumentos. Y si esas cosas se cumplen, se puede financiar eso transitorio.
¿Qué rentabilidad debería asignarse a los recursos de un eventual préstamo a este fondo con cotizaciones?
Es relevante la sostenibilidad del fondo. Supongamos que falta un remanente (de recursos) y se tiene que emitir un instrumento. Este es un instrumento que no es del Estado, el emisor es un fondo... Supongamos que imiten la figura del seguro de cesantía, el seguro de cesantía es una sociedad anónima, cerrada, cuyos dueños hoy día son en parte las AFP.
Porque ganaron la licitación.
Y por lo tanto, ellos administran el seguro de cesantía, pero los fondos son de los trabajadores. Y por lo tanto, ese fondo, si emite algún instrumento si eventualmente llegaran a faltar recursos, la solvencia de ese instrumento tiene que tener directa relación con la solvencia del fondo. O sea, no se puede aislar una cosa de la otra. Entonces, la pregunta que cualquier inversionista se haría, es cuál es el riesgo que estoy tomando.
Y por ende la rentabilidad.
Y por ende la rentabilidad, por lo tanto, ahí es donde uno dice, uno debería tomar la rentabilidad de mercado. Un ejemplo hipotético: la solvencia del fondo es AAA, porque los recursos en un escenario de estrés alcanzan. Bueno, uno debería exigir la rentabilidad de mercado, a cualquier instrumento que ellos emitan, que se exige a cualquier instrumento AAA. Siempre que sea ajustado el riesgo retorno. Y creo que eso es un input súper importante, porque esto no es patrimonio del Estado, y no es administrado por el Estado.
Menciona que si se llega a destinar algo de cotización a este fondo, tiene que ser invertido de la misma manera como hoy ocurre con las AFP. ¿A qué se refiere, obligarían a la AFP a invertir en un bono en específico?
O sea, acá obviamente hay un pecado: te obligan a invertir en un instrumento. Y por esa misma razón, esa rentabilidad y ese riesgo no puede ser distinta a la que tendrías en el mercado con un instrumento similar.
¿Cómo operaría?
¿Cómo me lo imagino yo? Lo que se está proponiendo es un ente recaudador, alguien que recaude todas las cotizaciones, a mí por lo menos me hace mucho sentido, más si vas a tener que destinar la cotización a distintos entes. Él va a distribuir, una parte a la cuenta individual, otra parte al fondo, pero lo importante, y aquí hay una diferencia muy importante a lo que llaman las cuentas nocionales, es que ese punto que eventualmente se podría necesitar de cotización, aunque yo creo que va a ser menos, pero supongamos que un punto sea un préstamo. Lo primero, es que ese instrumento existe, no es una contabilidad, no es una anotación, no es un registro contable. Existe, es un instrumento que va a estar emitido, custodiado por el DCV, que tiene una tasa de interés, un plazo, etcétera. Y esa inversión, al igual que todo el resto de las inversiones, tiene que estar registrada en tu cuenta individual, donde dice que tienes este punto invertido en este instrumento. Y acá el Estado no tiene nada que ver. Dicho en simple, podrían administrarlo las AFP también, tal como lo están haciendo hoy día con el seguro de cesantía. En el fondo, no debería ser distinto a lo que hace una AFP invirtiendo en un instrumento cualquiera, y exigiendo que ese instrumento tenga una rentabilidad de mercado.
Si tuviera que apostar, ¿cree que se puede aprobar en este gobierno un proyecto, o lo ve muy difícil?
-Es muy difícil apostar, porque, parafraseando el ministro Marcel, uno no puede hacer un acto de fe respecto a la calidad de las indicaciones que van a llegar, más allá de que pueda haber buenas intenciones (...) En un tema tan complejo como pensiones es imposible anticipar un desenlace si es que no tenemos las propuestas concretas.
